ROSAS MOYA, ANTE LA JUSTICIA Sol Yucatán
- Junto con Alejandro Alvarado Muro, comparecerán ante la Fiscalía a declarar en la carpeta de investigación abierta en contra del entonces Juez Segundo Mercantil, Raúl Cano Calderón, por delitos en contra de la administración de justicia, con los que permitió a Rosas Moya intentar embargar los hoteles Mayaland y The Lodge, que constituye una más de las conductas delictivas tendientes a perpetrar el despojo de dichas propiedades.
- El Juez Cano Calderón esta temeroso, ya que él fue quien ordenó de manera injustificada y a todas luces al margen de la ley la admisión de un juicio en una vía absolutamente improcedente, por lo que se le podría fincar responsabilidades directas y manchar su trayectoria judicial.
- El caso de reabrió en vista de una sentencia de amparo de un juez federal. Al parecer, ya al final de su administración Mauricio Vila está queriendo sacar las manos.
Redacción/Sol Yucatán
La red de corrupción que imperó ante el ilegal embargo y despojo del hotel Mayaland del empresario Fernando Barbachano Herrero comienza desmoronarse en la recta final del gobierno de Mauricio Vila Dosal.
Se dice que el propio gobernador, quien estuvo detrás de toda esta trama y ordenó la total protección a su amigo Rodolfo Rosas Moya, por fin decidido sacar las manos y comienza a dejar solos a las personas que perpetraron la ilegalidad, debido a que el mandatario nunca pensó que la familia Barbachano acudiría a todas las instancias incluso hasta la máxima autoridad de justicia del país para denunciar la ola de corrupción para defender su patrimonio.
Ahora, en un repentino giro de 180 grados, la Fiscalía General del Estado, que hasta entonces había dejado en situación de total indefensión a las víctimas, comienza a tomar medidas para llevar a proceso penal a los delincuentes.
Rodolfo Rosas Moya, Raúl Cano Calderón, quien fue Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y quien ordenó el embargo, tendrán que rendirle cuentas a la justicia.
El Juez esta temeroso, dado que él fue quien ordenó de manera injustificada y a todas luces al margen de la ley la admisión de un juicio ejecutivo mercantil notoriamente improcedente, causado un grave daño patrimonial a la familia afectada, quien en su momento emprendería un litigio para la reparación del millonario daño causado.
No es para menos, debido a que el directamente responsable de haber avalado la injusticia es el Juez Cano y en un momento dado se le podría fincar responsabilidades directas y manchar su carrera judicial, ya que difícilmente Rosas Moya o su protector meterán las manos por él.
Sin dejar de pasar que existe una denuncia ante el CJF, cuyo caso contra Rosas Moya, fue abierta por los graves actos de corrupción, anomalías e injusticias que se cometieron en torno al proceso que llevaron al embargo de sus propiedades.
La Fiscalía o más bien el Gobierno de Mauricio Vila, no tuvo más remedio que dar marcha atrás y ordenar la revocación del “no ejercicio de acción penal” que intentó esgrimir la propia Fiscalía para proteger al juez Cano Calderon, revocación que fue dictada por la Fiscalía General del Estado el 15 de septiembre del año pasado, como consta en el acta TD35-GC/00935/2022.
El 12 de abril pasado durante audiencia pública el Juez Segundo de Control Penal, Kenny Martins Burgos Salazar, tras analizar el expedientillo 469/2023, alusivo a la denuncia interpuesta por el abogado Alonso Román Cuevas Ocampo por hechos atribuidos al juez Cano Calderón, decidió reabrir el caso y ordenar a la Fiscalía girar oficios a las personas que tuvieron que ver con el embargo de las propiedades.
Ahora la fiscalía remitirá sendos oficios para que la Policía Estatal Investigadora, ubique a estas personas y les notifique que tienen que comparecer ante la Fiscalía, debido a que aún quedan asuntos pendientes por resolver y aclarar lo ocurrido con ese caso con la finalidad de fincar o descartar responsabilidades legales.
Además de Rosas Moya y del Juez Cano, se girará oficios para la ubicación de Alejandro Alvarado Muro, quien se ha ostentado sin serlo, como depositario de los bienes embargados ilegalmente por la empresa Inmobiliaria R-4 S.A de C.V y quien hasta el día de hoy mantiene la invasión de los hoteles en litigio y quien ha recibido directamente todos los ingresos provenientes de los mismos que hasta hoy permanecen allanados, esto con la finalidad de que rinda su declaración.
Sin embargo, el juzgador rechazó la petición de ubicar y llamar a declarar a la abogada Cathia Nallibé Azcorra Castillo, actuaria del juzgado primero mixto de lo civil y familiar, dado que el juez Burgos Salazar consideró que no tuvo participación alguna, debido a que sólo cumplió con su trabajo, que es notificar el litigio mercantil.
Las otras tres personas serán notificadas y tendrán que comparecer ante la Fiscalía General del Estado.
A la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal tiene conocimiento del mal actuar de jueces Federales, quienes en contubernio con jueces y autoridades de procuración de justicia del Estado de Yucatán, han solapado la injusticia contra la familia Barbachano.
Ahora Rosas Moya, el Juez Cano y Alvarado Muro, tendrán que rendirle cuentas a la justicia, tal vez ya sin la protección de su protector Mauricio Vila Dosal, debido a que el caso es seguido de cerca por la Suprema Corte de Justicia.
No hay que olvidar que el hotel tiene más de dos años de haber sido despojado de su dueño, ya que el 18 de febrero pasado se perpetró la irrupción violenta al recinto ubicado en la zona arqueológica de Chichén Itzá, constituyendo un evento atroz que nunca había ocurrido en Yucatán.
El 22 de septiembre de 2023, la Fiscalía General de Quintana Roo determinó levantar el aseguramiento de los hoteles en mención y a través de Oficio ordenó, el 26 de septiembre, al Fiscal General del Estado de Yucatán entregar los hoteles a sus legítimos propietarios, la familia Barbachano, y que se notificara al Registro Público del Estado de Yucatán la cancelación del cierre de partidas registrales que pesaban sobre los hoteles.
El Fiscal General del Estado de Yucatán, Juan Manuel León León, por encomienda del Gobernador, ha omitido, ha caído reiteradamente en desacato, debido a que se niega a entregar los hoteles a la familia Barbachano.
En el expediente 1573/2023, que se encuentra en el Juzgado Primero de Distrito, se asienta que se otorgó una “suspensión con efectos positivos», lo que obligaba a la Fiscalía a cumplir con levantar el aseguramiento de los hoteles y entregarlos como es debido a Fernando Barbachano Herrero.
Sin embargo, sospechosa e injustificadamente, dicha suspensión fue revocada por el propio juzgado primero de Distrito, a cargo del licenciado Adrián Fernández Novelo, quien omitió acatar otra suspensión otorgada por el juez cuarto de Distrito, que mantenía vigente el acuerdo de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo de levantar el aseguramiento que pesaba injustificadamente sobre los hoteles.
Ahora que el caso es seguido de cerca por el Consejo de la Judicatura Federal, la familia Barbachano confía que pronto recupere su patrimonio y que por fin impere la justicia, ya luego ellos emprenderán juicios para la reparación los enormes daños y perjuicios que han sufrido.
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