El Caracol: La base contra el narco que no sirvió para nada Milenio

Entre las empinadas laderas de la sierra de Guerrero, yacen las ruinas de lo que fue la Base de Operaciones, Capacitación y Adiestramiento El Caracol, de la otrora Procuraduría General de la República, como un testigo mudo de la itinerante lucha para erradicar cultivos ilegales y combatir el narcotráfico en México.
Desde este búnker, con capacidad para albergar hasta un millar de elementos y desplegar aeronaves por todo el Pacífico, el gobierno mexicano alguna vez tuvo el control de la región, hasta que declaró su cierre, abandonando la sierra y a su gente, precisamente en un territorio que ahora se disputan La Familia Michoacana y Los Tlacos.
A 18 años de la instalación de la Base de Operaciones, los comisarios ejidales de la región, cansados de los ataques con drones y las lluvias de balas, claman por la instalación de un cuartel militar para que soldados, marinos o guardias nacionales tengan, ahora sí, presencia permanente y así alcanzar la tan anhelada paz.
Un bien mostrenco de 12 hectáreas y 14 millones de pesosEl único camino pavimentado con el que cuenta el poblado de El Nuevo Caracol conduce hasta lo alto del cerro en el municipio de Apaxtla, donde se ubica el helipuerto.
A la distancia se puede ver la pista para aeronaves de ala fija, ya cubierta por la maleza, pues han pasado casi dos décadas desde que se utilizó por última vez.
Este complejo, presumido en su momento como un centro para la erradicación de mariguana y amapola, tenía tecnología de punta, contaba con simuladores de vuelo y tiro, pozo para almacenamiento de combustible, un taller de mantenimiento aéreo, un hangar para 24 helicópteros y seis avionetas tipo Cessna.
Hoy, las comunidades aledañas no cuentan ni siquiera con Internet.
Del casino, el restaurante, el auditorio y sus 36 habitaciones dobles apenas se puede apreciar la estructura.
Los techos de ladrillo color terracota decoran el piso y solo sirve como corral para animales.
El gimnasio, la alberca y la cancha de tenis, ya solo son un refugio para sapos, todo esto rehabilitado en 2001, con un presupuesto de 13 millones 158 mil pesos.
Persiste violencia en la regiónAunque la presencia militar brinda momentos de tranquilidad, la violencia resurge cuando las tropas se retiran.
Y ese es precisamente el reclamo de la población.
"Necesitamos una base militar permanente que no se mueva de ahí, porque solo así vamos a poder andar con seguridad", dice a MILENIO el comisario ejidal Aurelio, del Nuevo Poblado El Caracol.
Él es apenas una voz que emana de la región serrana a la que se suman los comisarios de Tetela del Río, Buenavista y Amacahuite, donde la violencia ha dejado una estela de terror en la región.
En entrevistas exclusivas con MILENIO, ejidatarios, cuyos rostros temen mostrar por represalias del crimen, pintan un cuadro desgarrador.
Señalan la necesidad de una base militar constante para salvaguardar la seguridad de sus familias y proteger sus principales fuentes de trabajo: la agricultura y la pesca.
Aurelio, comisario del Nuevo Poblado El Caracol, describe la situación actual: "Estamos desesperados.
Queremos una base militar desde hace muchos años.
Cuando la tuvimos, teníamos orden y seguridad".
Agustín, comisario ejidal de Buenavista de los Hurtado, comparte su lamento: "Estamos desérticos, totalmente desprotegidos.
Queremos paz, tranquilidad, queremos trabajar.
Pero el gobierno no nos escucha a pesar de tantas tropelías.
"La necesidad de seguridad se entrelaza con la falta de servicios básicos.
Sergio, comisario de Tetela del Río, señala la ausencia de escuelas y servicios de salud, mientras las carreteras y vías de comunicación están en estado deplorable.
El clamor es claro: el gobierno debe voltear la mirada hacia la Sierra.
En la voz de Emiliano, comisario de Amacahuite, resuena el temor por la educación de los niños: "Los maestros no vienen a dar clases porque hay miedo.
Queremos la ayuda del gobierno, una base militar permanente para el bienestar de los niños.
"La desaparición de la base en 2006 marcó un cambio en las políticas públicas.
El cierre se atribuyó a su consideración como "incosteable y operativamente ineficiente".
Desde entonces, las comunidades de la Sierra han enfrentado la violencia sin un respaldo firme.
Llama al diálogo antes del periodo electoralEl padre Filiberto, líder de la Asociación Minerva Bello, es conocido por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos y ha fungido como interlocutor entre autoridades del Estado y ejidatarios.
En entrevista con MILENIO, comparte su perspectiva sobre la reciente intervención de las fuerzas federales en la región y las esperanzas de la comunidad para un cambio positivo.
Sin embargo, el llamado ya no es para las autoridades, pues solo confía en que hagan su trabajo, sino para las organizaciones criminales La Familia Michoacana y Los Tlacos, quienes se han ido apoderando de todo a su paso.
"Pedir e implorar, inclusive a los líderes del grupo del crimen organizado, a los hermanos Hurtado, a la Familia Michoacana.
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que puedan arreglar sus diferencias territoriales, mínimas o grandes, y que la gente regrese a la normalidad.
Yo creo que eso es al final lo que queremos, que sea permanente la presencia del estado ahí porque por muchos años no había ahí ni ley ni orden, y pues la ley es la del más fuerte".
Además, sugiere a los criminales abonar a la paz y que, de una vez por todas, delimiten sus territorios antes de las elecciones para evitar un caldo de cultivo para la violencia.
En relación con el diálogo entre organizaciones criminales, el padre Filiberto afirmó: "Esperemos que se delimiten antes de esta campaña electoral, sino eso va a ser un caldo de cultivo muy, muy, muy grande para la violencia.
"Hace la aclaración también y le habla a sus detractores oficialistas: "La comunidad no busca tomar partido en conflictos territoriales", buscan principalmente la restauración de la paz.
Y en este sentido, subraya: "No estoy a favor de un grupo o de otro.
En mi trabajo, mi intervención desde los obispos, los padres de la diócesis, lo que queremos es que haya paz".
Y concluye: "No hay una fórmula que venga de una varita mágica.
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es el trabajo, la comunicación, la cooperación y sobre todo, el hecho de escuchar.
"La itinerante lucha contra la erradicación de cultivosCreada por Miguel de la Madrid, clausurada por Carlos Salinas, ignorada por Ernesto Zedillo, rehabilitada por Vicente Fox, cerrada por Felipe Calderón y olvidada por Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la base en ruinas cuentan la historia de un esfuerzo que alguna vez buscó erradicar los cultivos de mariguana y amapola, y acabar con la guerrilla en una región hoy asolada por la violencia y el crimen organizado.
Su instalación tiene una estrecha relación con el cambio de políticas públicas para la erradicación de cultivos y al uso de agroquímicos para la erradicación.
Tras la construcción de la hidroeléctrica de Apaxtla, fue creada la Base de Operaciones, originalmente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y transferida en 1988 a la entonces PGR.
El lugar contaría con clínicas y brindaría seguridad a la región.
Pero el traslado tenía como objetivo principal que el ministerio público se concentrara en la erradicación de cultivos ilegales en la región del Pacífico.
Después de haber sido utilizado durante casi una década, El Caracol fue cerrado en 1992, abandono que aún genera interrogantes sobre la efectividad y sostenibilidad de las operaciones en la región, pues se trata de un lugar distante.
Bajo la administración del presidente Vicente Fox, el 24 de abril de 2002 fue reinaugurado El Caracol, marcando un parteaguas en la lucha contra los cultivos ilícitos y con una procuraduría bajo el mandato de Rafael Macedo de la Concha.
A partir de diciembre de 2013, El Caracol fue nuevamente abandonado, y la ayuda militar se centró en actividades para atender a damnificados.
Este cambio de enfoque refleja la dinámica de las prioridades gubernamentales y la adaptación a situaciones cambiantes en la región.
En un cambio estructural, las actividades de erradicación de cultivos ilícitos pasaron a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2004, marcando una transición importante en la gestión de la base.
Además, en noviembre de 2006, se suspendió el combate de cultivos de enervantes por aspersión, evidenciando cambios en las estrategias gubernamentales.
Finalmente, al cierre de la administración de Vicente Fox y al inicio del mandato de Felipe Calderón, se planteó el cierre de la base aérea de El Caracol en 2006.
Considerada incosteable y operativamente ineficiente, esta decisión marcó el fin de una era en la lucha contra el narcotráfico en la región serrana de Guerrero, que años más tarde se convertiría en una región cooptada por el crimen organizado.
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