Los bonos sostenibles ganan popularidad, pero aún falta evitar el ‘greenwashing’ Expansión

Las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cada vez aprovechan más el apetito que hay entre los inversionistas por los bonos vinculados a la sostenibilidad, aun cuando, estos y otros instrumentos financieros que intentan recaudar dinero para combatir el cambio climático, no están blindados contra el “greenwashing”. Hasta ahora, el dinero para impulsar proyectos o metas sostenibles no ha dejado de fluir en los mercados, en particular en el de deuda. A casi seis años desde que comenzaron las emisiones de este tipo de instrumentos, diversas emisoras en la BMV han recaudado 269,000 millones de pesos (mdp) a través de los bonos verdes, sustentables, sociales o vinculados a la sostenibilidad.

Los bonos vinculados a la sostenibilidad son el último de estos instrumentos en llegar a la Bolsa, en junio de 2021, y ya hay varios interesados, según José-Oriol Bosch, director general de la firma. “Se ha ido moviendo el mercado de bonos verdes, sociales, sustentables a este nuevo bono vinculado que ya tiene un propósito general”, comentó el directivo durante un evento para presentar un estudio sobre las inversiones con factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Las cifras reflejan este atractivo: poco más de la mitad del total de la deuda sostenible proviene de los bonos ligados a la sostenibilidad, al recaudar 82,241 millones de pesos (mdp), de acuerdo con un estudio elaborado por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes con apoyo de la embajada británica en México, la BMV y otras entidades financieras. A diferencia de otros bonos sostenibles, en los bonos vinculados los recursos recaudados no se están etiquetados para ser usados en proyectos ASG, sino que las empresas reciben una tasa más baja en el financiamiento solicitado al cumplir ciertos objetivos, fijados por ellas mismas y auditadas por un tercero, relacionados con la sostenibilidad. La emisión más reciente de este tipo de bonos fue la de Volaris, en octubre. La aerolínea de bajo costo recaudó 1,500 mdp a una tasa variable TIIE+ 2%. La tasa permanecerá en ese nivel, si la aerolínea cumple las metas que se fijó de reducción de dióxido de carbono. Para 2023, 2024 y 2025, la firma se comprometió a reducir los gases de efecto invernadero en 21.54%, 24.08% y 25.53%, respectivamente, en comparación con 2015. En caso de incumplir, el pago a los inversionistas será un cuarto de un punto porcentual mayor. Otro caso es el de Coca Cola Femsa. La empresa emitió un bono vinculado a la sostenibilidad, con el que se comprometió a mejorar su eficiencia en el uso del agua. En 2020, utilizó 1.49 litros de agua por cada litro de bebida producida. Para 2026 tiene el objetivo de recortar la producción a 1.26 litros. Las metas suenan ambiciosas, al menos en papel. En ambos casos, sus objetivos superan lo establecido en su reporte anual de 2020. Pero una meta ambiciosa no asegura su cumplimiento. Por ejemplo, apenas el año pasado, Volaris no logró reducir a un mayor ritmo sus emisiones con respecto a 2019.

Sin embargo, este no es el talón de Aquiles de los instrumentos, pues al incumplir con las metas el costo de la deuda para las empresas aumenta. Lo que preocupa dentro del mercado sostenible es la falta de homologación para comparar y evaluar las metas establecidas, a pesar de que existen criterios emitidos por la Asociación Internacional de Mercado de Valores. “Aún no se cuenta con una definición clara de reporte de factores ASG. Esto es importante para homologar la información y evitar el ‘greenwashing’”, advirtió María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Dentro del reporte elaborado por el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, de una muestra de 31 empresas listadas en México que incorporaron reportes de sostenibilidad en un periodo de 2015 a 2019, ninguna estableció indicadores que den seguimiento al dinero destinado a cada uno de los proyectos que se presentaron en estos mismos informes. “Evidentemente nos hace falta mayor cantidad y calidad de información en el mercado”, dijo Eduardo Piquero, director general Mexico2, Plataforma Mexicana de Carbono, una empresa propiedad de SIF ICAP, subsidiaria de la BMV. Para Piquero, y para los otros directivos y especialistas, la mejora para crear un estándar para monitorear y comparar las acciones climáticas desde el mercado financiero, es un paso obligado. México buscará seguir las mismas líneas de reporte de acciones contra el cambio climático que se siguen en los lineamientos de la organización Task Force on Climate Change Financial Disclosures, establecida desde 2015. “Van a aumentar la calidad de la información. Vamos a evolucionar hacia un sistema de reportes homologados”, auguró Piquero. Por el momento, las emisiones de bonos sostenibles siguen su cauce y los emisores aprovechan el dinero barato. De 2015 a 2019, las emisiones de deuda sostenible, incluyendo sus cuatro categorías, ascienden a 134,572 mdp, apenas 5.49% del total de inversión requerida para cubrir los costos totales que México planteó en el combate al cambio climático y desarrollo sostenible.