¿Hay mejoras en la seguridad pública en México? Sin Embargo

Vivimos en la época de clic, de la estadística fácil, del subibaja de los porcentajes. En materia de seguridad, nunca como ahora habíamos estado tan bombardeados de interpretaciones convenientes y fuera de contexto, de informes, encuestas y reportes. En la sociedad del ruido separar el grano de la paja parece haberse vuelto una labor imposible. Aquí un intento.

El Inegi presentó a finales de septiembre su última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la famosa y esperadísima ENVIPE. Ya publicada la noticia en los periódicos nacionales fue una y sola: una importante reducción de la tasa delictiva. Más tardaron los webmasters del Inegi en colgar los resultados de ENVIPE en su sitio que los funcionarios federales en festejar en redes sociales lo que irreductiblemente etiquetaron como una primera muestra de la disminución de la violencia en todo el país.

El alboroto creció aún más la semana pasada con la presentación —también por parte del Inegi— de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), una ejercicio trimestral que mide la percepción de seguridad en miles de viviendas de 75 centros urbanos en el país. Para sorpresa de algunos —y complacencia de los funcionarios federales— la encuesta corroboraba los resultado de la ENVIPE. Ahora sí, se abrían las botellas de mezcal en Palacio Nacional.

Para separar el grano de la paja conviene explicar la importancia de ambas encuestas. Ante la baja —bajísima— tasa de denuncia delictiva en México —alrededor del 93.3 por ciento—, la ENVIPE y la ENSU son unas de las pocas herramientas que tenemos para identificar, no tanto si “sube o baja” la violencia, sino la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño del Gobierno. La diferencia no es anecdótica. En lugar de medir por carpetas de investigación o denuncias —siempre eclipsadas por la cifra negra de delitos— el Inegi, a través de instrumentos como ENVIPE y ENSU, nos presentan estimaciones estadísticas sobre victimización que afecta a las personas y sus hogares. Su importancia no es menor; sus resultados, sobre todo cuando se comparan con muestreos anteriores, sí logran ofrecer una buena panorámica del estado de la seguridad pública en el país.

Vamos a los números. Empecemos con la ENVIPE. La última muestra de esta encuesta señala que la tasa de víctimas de delito —la llamada prevalencia delictiva— ha disminuido de manera progresiva por tercer año consecutivo. Si en 2017, por ejemplo, la tasa de víctimas por delito por cada 100 mil habitantes era de casi 30 mil, en 2020 fue de poco más de 23 mil: una disminución estadísticamente significativa y sustancial. La ENVIPE también trae otras buenas señales: en general hubo menos secuestros que en años anteriores, cierta disminución en la percepción de corrupción de la mayoría de las autoridades federales y estatales, así como una menor distribución porcentual en la población que manifiesta sentirse insegura en espacios públicos y privados.

De estos números pueden hacerse dos lecturas: una optimista que sí reconoce avances específicos en materia de seguridad y otra pesimista que —no sin argumentos— sugiere que los efectos de la pandemia continúan presentes y que la reducción de victimas y delitos tiene que ver, necesariamente, con la disminución en el ritmo de la vida social y económica del país. El argumento es simple: en la medida en que volvamos a la normalidad regresaremos a los niveles habituales de inseguridad. La lectura pesimista se sostiene, además, por el hecho de que el promedio diario de homicidios dolosos —una estadística en la que apenas hay cifra negra— poco ha cambiado en los últimos tres años.

Si nos quedáramos aquí, ambas lecturas quedarían abiertas y tendríamos que concluir esta columna con más preguntas que respuestas. Afortunadamente no es así. La publicación hace algunos unos días de la última ENSU nos ofrece elementos para decantarnos por una lectura optimista.

La ENSU —a diferencia de la ENVIPE que es anual— es una encuesta trimestral. Esto nos permite hacer comparaciones controladas y por periodos más cortos. De manera similar a la última ENVIPE, los datos de la ENSU muestran que, en el agregado de las principales zonas urbanas del país, la percepción de inseguridad ha mantenido una trayectoria descendiente desde marzo de 2019. Esto significa que antes, durante y después de la pandemia la población urbana se siente —repito, en el agregado— menos insegura que antes. En algunas ciudades, como Puerto Vallarta o Puebla, la mejora es significativa; en otras, como Fresnillo, Irapuato o Ecatepec es raro encontrar a alguien que no perciba que su ciudad es insegura. Nuevamente, en el agregado, hay mejoras.

En general, y sin tomar en cuenta importantes diferencias regionales, en México la población sí percibe, a lo largo de los últimos tres años, una mejora en la seguridad púbica. La mejora es tímida, diferenciada y deberá confirmarse en próximos muestreos; además, en materia de homicidios, si bien se logró detener la tendencia a la alta que venía del periodo 2015-2018, el Gobierno federal queda aún por deber. Por demás está decir que lo logrado hasta la fecha es mucho menor a lo prometido al inicio de la administración del Presidente López Obrador y que los relativamente buenos números pueden deberse a factores que poco o nada tienen que ver con la estrategia de seguridad del Gobierno federal —tema del que hablaremos pronto en esta columna–.

Por ahora, sin embargo, con los datos que tenemos disponibles, podemos concluir que sí, en efecto, la población percibe un avance en materia de seguridad pública. Esto es posible observarlo incluso en medio del ruido diario de la (des)información. No verlo es no separar el grano de la paja.