¿Cuota secreta de arrestos migratorios? Contradicciones entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sacuden tribunales en EE.UU. El Imparcial
Una serie de declaraciones contradictorias entre funcionarios del gobierno de Donald Trump y abogados del Departamento de Justicia (DOJ) ha encendido las alarmas en los tribunales federales.
Todo gira en torno a un objetivo revelado públicamente por Stephen Miller, asesor principal del presidente Trump, quien aseguró que la meta era realizar al menos 3,000 arrestos diarios por parte de ICE, como parte de la política de deportaciones masivas.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos buscando establecer una meta mínima de 3,000 arrestos diarios para ICE”, declaró Miller en mayo durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News.
Sin embargo, el Departamento de Justicia negó ante jueces federales que existiera tal cuota, en medio de una demanda que acusa a ICE de realizar redadas ilegales en Los Ángeles.
Jueces exigen respuestas claras
El tema ha sido clave en varios fallos judiciales recientes. La jueza Jia Cobb (designada por Biden) citó el objetivo de arrestos al declarar ilegal la expansión acelerada de procedimientos de deportación.
De igual forma, la jueza Trina Thompson, también nombrada por Biden, bloqueó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, en parte basándose en ese supuesto objetivo.
Pero el miércoles, el DOJ sostuvo lo contrario ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito:
“El DHS ha confirmado que ni la dirigencia de ICE ni sus oficinas de campo han recibido órdenes para cumplir alguna cuota o meta numérica de arrestos”, dijo un abogado del DOJ.
Aun así, el procurador Yaakov Roth atribuyó los rumores de una cuota a “reportes anónimos en periódicos”, sin mencionar que Miller confirmó esa meta en televisión nacional.
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Desconfianza judicial y argumentos legales
Este desacuerdo público-legal ha erosionado la credibilidad del DOJ ante los jueces. En el caso de las redadas en Los Ángeles, un juez federal ya prohibió las “detenciones itinerantes” de migrantes basadas en criterios vagos como estar afuera de una ferretería, un autolavado o en paradas de autobús.
En los alegatos recientes, el 9º Circuito destacó esta contradicción, citando en su totalidad la negación del DOJ, pero también las declaraciones públicas de Miller.
Los magistrados señalaron que los criterios usados por ICE “lanzan sospechas injustificadas sobre amplios sectores de la población, incluyendo a cualquier persona que parezca hispana, hable español o inglés con acento, use ropa de trabajo o se encuentre cerca de ciertos lugares”.
¿Una orden no escrita?
Aunque Roth admitió que de existir una cuota, podría apoyar acusaciones de arrestos ilegales, también argumentó que eso no justificaría por sí solo una orden judicial contra todas las detenciones itinerantes.
El abogado Mohammad Tajsar, de la ACLU, respondió que la carta del gobierno fue cuidadosamente redactada para no negar completamente la existencia de presiones numéricas:
“No descarta una cuota de arrestos, y ese tipo de objetivos puede influir fuertemente en la conducta de los agentes”, escribió en un documento presentado el jueves.
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