La reina de las invasiones Sol Yucatán
- Gabriela Alarcón Méndez, directora técnica del IVEY, estaría utilizando su cargo público para lucrar con terrenos invadidos en la colonia Emiliano Zapata Sur 3. Paga para que invadan los terrenos.
Redacción/Sol Yucatán
Una bomba de corrupción sacude al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), luego de que salieran a la luz graves señalamientos contra Gabriela Alarcón Méndez, directora técnica de la institución, quien estaría utilizando su cargo público para lucrar con terrenos invadidos en la colonia Emiliano Zapata Sur 3.
Testimonios indican que Alarcón Méndez no solo asesora a familias para invadir terrenos propiedad del propio IVEY, sino que incluso les entrega dinero en efectivo para que permanezcan en los predios mientras ella maniobra los trámites para quedarse con esos terrenos y venderlos de forma particular, obteniendo beneficios económicos personales.
Todo esto se disfraza como un “acto de ayuda social”, pero la realidad es otra: una red bien estructurada de engaños y despojos, dirigida por una funcionaria que sabe perfectamente cómo mover influencias y papeles dentro del aparato gubernamental.
Pero eso no es lo peor.
Hace apenas dos meses, Alarcón encabezó un operativo en Caucel, donde decenas de familias —entre ellas niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad— fueron desalojadas con el argumento de que el terreno era propiedad del IVEY y que, por instrucciones del director general Felipe Cervera Hernández, debía ser entregado a la SEGEY para la construcción de una preparatoria.
Lo que pocos sabían es que ella misma había permitido previamente esa invasión, solo para luego limpiar el terreno cuando ya no le era útil.
Esta no es la primera vez que Gabriela Alarcón es señalada por actos turbios. Durante su paso por SEDATU, también habría cobrado sumas excesivas a ciudadanos humildes, prometiendo regularizar terrenos federales, sin que jamás se resolviera nada.
Y, de acuerdo con información de buena fuente, actualmente Gabriela Alarcón sigue haciendo y deshaciendo en el IVEY; ya despidió a personal, ya contrató a otra, ya desorganizó todo y ni trabajo tienen. Se dedica a la política y al fraude de los terrenos.
¿Cuántas familias más deben ser usadas y desechadas por funcionarios que ven en la pobreza una oportunidad de negocio? ¿Hasta cuándo el gobierno estatal permitirá que una persona, amparada por sus conexiones políticas, siga actuando con total impunidad?
La ciudadanía exige una investigación inmediata. Y, sobre todo, justicia.
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