El gobernador de Río Negro presentó una demanda colectiva contra el gobierno nacional por el “abandono” de una ruta Infobae
En el interior del país crece la preocupación de los gobernadores por la falta de obras y recursos destinados al mantenimiento y ampliación de la infraestructura pública, como la de las rutas nacionales. Después de meses de reclamos a Javier Milei, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, resolvió ir un paso más allá: anunció la presentación de una demanda colectiva ante Nación por el estado crítico de "abandono" de la Ruta Nacional 151.
El mandatario presentó la acción judicial ante el Juzgado Federal de General Roca, donde denunció tanto al Estado nacional como a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Les exigió la intervención urgente ante el “grave deterioro” del corredor vial.
“La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no. Junto a intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentamos una demanda colectiva contra Nación y Vialidad. Exigimos la reparación total del tramo Cipolletti - La Pampa, señalización urgente y un plan serio de obras”, anunció hoy Weretilneck, desde sus cuentas de redes sociales
El escrito, firmado por el mandatario patagónico y el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, así como por varios intendentes del Alto Valle —Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Contralmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande)—, solicita “medidas cautelares urgentes y la reparación integral de los 150 kilómetros” afectados.
La demanda cuenta también con el apoyo de representantes de la sociedad civil y otros estamentos del sector público. Desde el sector privado, acompañaron la medida los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter, la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo, y la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, además de la defensora del Pueblo, Adriana Santagati.
La presentación sostiene que el “deterioro de la ruta obstaculiza el servicio de salud pública, con más de 576 traslados sanitarios en lo que va de 2025 que deben circular por ese tramo; la educación, afectando el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas; y actividades clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera”. Sobre este último punto, destaca que esta industria representa “el 72% del petróleo y el 42% del gas” de la provincia.
En cuanto al estado de la Ruta 151, Vialidad Rionegrina elaboró un diagnóstico a escala provincial, según publicó el Diario Río Negro, donde se detalla la presencia de “deformaciones del tipo ahuellamiento, descascaramientos y baches” a lo largo del trayecto. La situación se tornó crítica para los rionegrinos, dado que la infraestructura en su estado actual “afecta gravemente los servicios esenciales, actividades productivas y la economía regional”.
El juzgado federal ya dio curso a la presentación y ordenó el traslado de la demanda a Vialidad Nacional, que dispone de cinco días para responder sobre “el estado de abandono de la ruta, en el contexto de la medida cautelar establecida”. Las medidas urgentes contemplan “la señalización inmediata, bacheo provisorio y campañas informativas para prevenir accidentes, además de un plan técnico y presupuestario que garantice la ejecución de las obras, con informes periódicos sobre los avances”.
En el comunicado oficial, el gobierno de Río Negro explica que “la presentación busca proteger los derechos a la vida, la salud, la integridad física y la seguridad de las miles de personas que la usan a diario”. Como argumento central, se señala la “desnaturalización del régimen de financiamiento vial”, ya que, a pesar de que el 28,58% del Impuesto a los Combustibles debe destinarse por ley al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, el Estado nacional habría desviado esos fondos, “dejando a rutas estratégicas como la 151 en un estado calamitoso”.
En palabras de la administración provincial, “esta demanda representa un paso firme del gobierno de Río Negro para defender los derechos de sus habitantes frente a la inacción del Estado Nacional”. Se anticipa, además, que este caso podría sentar “un precedente judicial para que otras provincias exijan judicialmente obras públicas ante omisiones estructurales del Estado central”.
La situación de las rutas nacionales cobró relevancia en la agenda local desde fines de mayo, cuando el gobierno provincial esbozó su intención de litigar contra el Poder Ejecutivo nacional por el mal estado de cuatro rutas troncales: la 151, 22, 23 y 40. La presentación sobre la Ruta 151 se convierte así en el primer antecedente concreto en esta estrategia.
Desde el año pasado, tanto Weretilneck, como otros gobernadores patagónicos, reclaman que se transfiera la jurisdicción de las autovías a las provincias, entre ellas, la RN 151. “Exigimos lo que nos corresponde, defendemos a nuestra gente, con hechos y en la Justicia”, compartió el gobernador, desde sus redes sociales.
