¿Todo el poder en el país? Heraldo de Aguascalientes

Durante los últimos meses hemos notado una tendencia que a todas luces parece ser irreversible, vinculada con la concentración del poder en un grupo político determinado.
Esto comenzó el 2 de junio del año pasado, cuando Claudia Sheinbaum, encabezando a los partidos que conforman la Cuarta Transformación, ganó la presidencia de la república, adquiriendo para esta asociación la titularidad del Ejecutivo.
Luego, el 23 de agosto posterior, el INE, haciendo una interpretación a la Constitución, falló en favor de la asignación de curules propuesta por MORENA y aliados, otorgándoles mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y casi mayoría absoluta en la de Senadores.
Situación que fue remediada pocas semanas después, cuando la Cuarta Transformación anexó a sus filas a varios senadores de partidos de oposición.
Adquiriendo así control sobre el Poder Legislativo.
Posteriormente, el 1 de junio de 2025, se concretó la reforma judicial, donde los candidatos que quedaron para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial, fueron individuos apoyados, promovidos y en ocasiones relacionados directamente a miembros de la Cuarta Transformación.
Tomando en cuenta que estos dos órganos son las máximas autoridades de dicho poder, es razonable argumentar que dicha organización política tiene el control del Poder Judicial.
Entonces, con todo esto, sólo queda lo que muchos llaman “el cuarto poder”, que consiste en los medios masivos de comunicación.
En el contexto del siglo XXI, esto no sólo implica la información producida y difundida a través de medios tradicionales como la radio, la televisión y los periódicos, sino también aquella que circula a través de las plataformas digitales y redes sociales.
Sin embargo, también se están tomando cartas para ejercer control sobre este “poder”.
En este momento se está discutiendo una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual pretende modificar los mecanismos a través de los cuales se otorgan y mantienen las concesiones que otorga el gobierno para acceder al espectro radioeléctrico (y que, entre sus puntos, se encontraba la posibilidad de que el propio gobierno pudiera bloquear el acceso a las plataformas digitales).
De igual manera, también en diversos estados como Puebla y Campeche se han estado tomando medidas que muchos han catalogado como contrarias a la libertad de expresión.
En Puebla, recientemente se aprobó una reforma al Código Penal del estado, por medio de la cual se decreta que si una persona usa los medios de comunicación para agredir a otro, con la “insistencia necesaria” para generar un daño físico o emocional, será acreedor a hasta 3 años de prisión.
Sin embargo, la ley no es clara en cuanto a cómo se aplica, cómo se adjudica la responsabilidad o se mide el daño, lo cual ha llevado a muchos a pensar que esta reforma sólo es un medio para que la gente no hable mal de los políticos en redes sociales.
Ante esta situación, el gobernador del estado ha llamado a mesas de trabajo para revisar la ley; sin embargo, en lo que dicho proceso se lleva a cabo y sin importar los resultados del mismo, la ley continuará vigente.
Algo similar está pasando en Campeche, donde la gobernadora logró que un juez cerrara un periódico digital, alegando que habían cometido difamación y violencia política de género, y que el director de dicho medio de comunicación no pueda ejercer el periodismo durante dos años.
Entonces, como podemos apreciar, en México se está generando una clara tendencia a la concentración de todos los poderes en un grupo reducido de personas, lo cual se traduce en que dichos individuos podrán tomar todas las decisiones que quieran y hacer todos los cambios que les plazca, sin que haya ninguna autoridad institucional que pueda ponerle un freno.
Lo cual, al menos en un principio, parece un retroceso a la época del PRI, donde una sola institución concentraba todo el poder.
¿Ustedes qué opinan? Pueden mandarme sus comentarios a mi correo: r.a.morenomx@gmail.com