Premian la ilegalidad con casas Periódico Correo

EL LUNES EN la Conferencia Mañanera, el director del Infonavit anunció lo que parecía una invitación a seguir con el fenómeno de los invasores de casas.

Y es que lanzó un nuevo programa que permitirá a ocupantes irregulares de viviendas abandonadas rentarlas con opción a compra, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito económico y social.

Se argumenta que sería para atender el problema de más de 843 mil viviendas en situación de abandono, pero plantea interrogantes sobre su impacto en la economía nacional y en la cultura del cumplimiento legal.

El programa contempla que personas que han ocupado viviendas sin autorización, los llamados popularmente “paracaidistas, puedan regularizar su situación mediante un esquema de renta con opción a compra, accediendo a precios accesibles basados en el valor contable de las propiedades.

Aunque esta iniciativa parece ofrecer una solución humanitaria al problema de la vivienda, también manda el mensaje implícito de que la ocupación irregular pueda ser recompensada con la propiedad legal del inmueble.

Desde una perspectiva económica, esta política podría tener efectos negativos muy profundos.

En primer lugar, desincentiva el cumplimiento de los créditos hipotecarios, ya que quienes dejaron de pagar sus obligaciones o invadieron propiedades podrían beneficiarse sin enfrentar consecuencias.

Esto podría agravar la cartera vencida del Infonavit, que ya supera los 80 mil millones de pesos, afectando la sostenibilidad del sistema de financiamiento de vivienda.

Además, la medida podría generar una pérdida patrimonial para los propietarios originales, quienes, aunque se les promete una reposición de vivienda, no tienen garantías claras sobre el valor, ubicación o condiciones de la nueva propiedad.

Esta incertidumbre podría derivar en litigios costosos y en una mayor presión sobre los recursos públicos.

Otro aspecto preocupante es la distorsión del mercado inmobiliario.

Al ofrecer viviendas a precios muy por debajo del valor comercial, se altera la dinámica de oferta y demanda, afectando a desarrolladores, propietarios legítimos y compradores que adquirieron sus viviendas de forma legal.

Esta competencia desleal puede deprimir los precios en zonas vulnerables y desalentar la inversión en nuevos desarrollos habitacionales.

El costo fiscal y operativo del programa también es considerable.

Rehabilitar 25 mil viviendas vandalizadas, como se ha anunciado, implicaría un gasto superior a los 3 mil 750 millones de pesos, considerando un costo promedio de 150 mil pesos por unidad.

A esto se suman los gastos administrativos, legales y de seguimiento que requerirá la implementación del programa.

Legalizar la ocupación irregular sin un marco claro de responsabilidades y consecuencias puede debilitar la cultura del cumplimiento y fomentar la informalidad.

A MENOS DE cuatro meses de su llegada al país, Openbank, que encabeza Matías Núñez, ha logrado captar más de 60 millones de euros en recursos, reflejando una rápida aceptación del modelo de banca 100% digital. La entidad, respaldada por Banco Santander, ha apostado por una oferta competitiva con productos de alto rendimiento y herramientas tecnológicas como asistentes virtuales. Su crecimiento sugiere un cambio en las preferencias de los usuarios mexicanos hacia soluciones financieras más ágiles y digitales.

EL ACUERDO DEL Gobierno federal para congelar y reducir el precio de la tortilla enfrenta retos estructurales. Con más de 110 mil actores en la cadena, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que dirige Juan Carlos Anaya, considera que la coordinación es clave, pero difícil. Aunque la industria harinera puede influir, su alcance es limitado sin el apoyo de molinos y tortillerías. Factores como la caída del precio del maíz y un tipo de cambio favorable ayudan, pero el impacto de los subsidios es marginal.

MERCADO PAGO REPORTÓ un marcado crecimiento en la recepción de remesas, triplicando su volumen respecto al año anterior.

Aunque los montos mensuales se mantienen estables, el número de envíos por usuario ha aumentado, reflejando una mayor frecuencia en el uso de plataformas digitales. Estados fronterizos como Baja California y Chihuahua lideran en la recepción, mientras ciudades como Tijuana y Zapopan ganan protagonismo.

SKYWAY EQUITIES ELEVÓ su oferta por Agrofibra a 7 pesos por CBFI, buscando adquirir 100% de los títulos y tomar control del fideicomiso. Aunque representa una mejora de 8.5%, el precio sigue muy por debajo del valor histórico de la emisora. La baja bursatilidad, un portafolio limitado y conflictos de interés han afectado la percepción del mercado.