Los tres asesinatos ocurridos este fin de semana que están ligados a grandes crímenes, según Héctor de Mauleón Infobae
Una cadena de muertes violentas ocurridas el pasado fin de semana ha encendido las alarmas sobre una posible purga silenciosa relacionada con los casos criminales más emblemáticos del país. Así lo revela el periodista Héctor de Mauleón en su columna publicada este martes, titulada Muertes ligadas a los grandes casos de México.
En la madrugada del sábado 14 de junio, tres hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, ubicado en Jilotepec, Estado de México. Según la declaración de su esposa, los atacantes afirmaron ser “personal de la fiscalía” y le ordenaron que saliera del lugar. Al regresar, halló el cuerpo de Reyes Landa con múltiples heridas de bala y casquillos regados a su alrededor.
Reyes Landa fue uno de los primeros detenidos por el caso Ayotzinapa en octubre de 2014. De acuerdo con las declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos, esa noche se había reunido en su domicilio de Cocula con otros miembros del grupo para coordinar la recolección de los “paquetes”: los 43 estudiantes desaparecidos. Se le acusó de asesinar con disparos en la cabeza al menos a tres normalistas en el basurero de Cocula.
Su testimonio fue clave para que el entonces procurador Jesús Murillo Karam construyera la llamada verdad histórica, la cual afirmaba que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, y que sus restos fueron dispersados en el río San Juan.
Además de ser pieza central en el caso Iguala, El Pato fue señalado como el encargado de recolectar el dinero que el alcalde de Cocula, César Peñaloza, entregaba a Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, uno de los jefes del grupo criminal.
No obstante, en 2018 un juez determinó que su confesión fue obtenida bajo tortura, lo que invalidó su testimonio y permitió su liberación. Aunque fue reaprehendido en 2019 por portación ilegal de armas, volvió a ser liberado en 2021.
El asesinato de Reyes Landa ocurrió pocas semanas después de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal reafirmara que, pese a los años transcurridos, no se ha acreditado otra versión más sólida que la de la “verdad histórica”.
Pero la espiral de violencia no se detuvo ahí. Apenas un día después, fue hallado sin vida el juez federal Everardo Maya Arias en Zinacantepec, también en el Estado de México. Su cuerpo fue encontrado en una camioneta, con una herida de bala en la cabeza y una pistola colocada entre las piernas. Las autoridades investigan si se trató de un suicidio o un asesinato.
Maya Arias había sido señalado por el propio Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusó en una conferencia mañanera de haber favorecido a delincuentes. En julio de 2024, el juez concedió un amparo al exalcalde José Luis Abarca, también implicado en la desaparición de los 43 estudiantes. Además, en 2022, otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, contra una orden de aprehensión federal.
De acuerdo con De Mauleón, Maya Arias formaba parte del grupo de jueces a los que el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, presionó para que resolvieran casos con impacto político.
Como si fuera poco, el mismo domingo ocurrió una tercera muerte: Lázaro Gambino Espinoza, concuño de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue asesinado en una colonia de Zapopan, Jalisco. Abogado de formación, Gambino fue exdirector jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, en 2021, asumió la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Hace unos meses, su nombre apareció en volantes arrojados desde una avioneta sobre Culiacán, donde fue acusado públicamente de tener nexos con Los Chapos, en medio de una lucha interna dentro del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya se deslindó: “No lo conozco, pero el que debe tener algo de información es el secretario de Gobierno”.
Tres muertes, tres escenarios, una coincidencia que inquieta. Los asesinatos de Reyes Landa, Maya Arias y Gambino Espinoza evidencian lo que De Mauleón califica como una “red de podredumbre”, donde nombres, crímenes y silencios se entrelazan bajo la superficie de la justicia mexicana.
Estos hechos, aparentemente desconectados, están unidos por un hilo común: su relación con los grandes casos criminales y de corrupción que han marcado a México en la última década.
