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La crisis de credibilidad en las elecciones judiciales

Uno de los aportes de la elección judicial es haber despertado conductas que perecían desterradas, desde hace décadas, de las jornadas comiciales.

Las casillas zapato, donde el 100 por ciento sufraga por una misma candidatura, el relleno de urnas, las participaciones inverosímiles o imposibles en el tiempo, las boletas planchas, esto es, que ni siquiera se doblaron para introducirse en la urna, y el prodigio, nada menor, de la misma caligrafía en un número indeterminado de papeletas.

Y, por supuesto, lo que sí es una innovación, la utilización de los llamados acordeones que tuvieron el objetivo de inducir el voto y, por tanto, suplantar la decisión ciudadana.

Una vuelta el paleolítico, expresó con tino el consejero Jaime Rivera, un escenario no visto por las nuevas generaciones, como apuntó su colega Diana Ravel, conocedora de la fase luminosa de nuestros procedimientos electorales y sorprendida ante las trampas a las que puede llegar el poder cuando los controles ya son débiles o de plano quedaron diluidos.

De ahí que la consejera Claudia Zavala se haya ocupado de enfatizar que detrás de las conductas ilegales existió una voluntad de actuar, con planeación, en lo que respecta a los acordeones, y con la utilización de recursos de precedencia desconocida.

Otro tanto señalaron, con alarma y precisión, Martín Faz y Arturo Castillo, tratando de hacer ver la magnitud de lo ocurrido, los precedentes de alto riesgo en lo que respecta a la integridad y credibilidad para las próximas citas en las urnas.

Las que pasaron apenas, son unas elecciones manchadas en su credibilidad y que, a decir de cinco de los 11 consejeros del INE, no debieron declararse como válidas.

Una votación tan apretada en el Consejo Electoral no ocurrió en los pasados 30 años, porque las conductas viciadas se fueron atajando a lo largo del tiempo, lo que fue uno de los logros mayores del proceso de transición y consolidación, más que breve, de la democracia.

Porque, más allá de la temeridad de la elección de los jueces por voto popular, que por lo demás tuvo una participación menor al 13 por ciento, se elevó la presión al INE y a los organismos locales para llevar a cabo la osadía sin los recursos adecuados y con una legislación más que deficiente.

Reconocer a los servidores públicos del sistema electoral es necesario, porque mostraron de nueva cuenta su profesionalismo y compromiso, pero hay que distinguirlos de sus mandos superiores, colonizados, en su mayoría, por las más diversas componendas.

Cinco consejeros trataron de reconducir la deriva, de dar certeza en medio de la tormenta, lo que es loable, sin duda, pero sospecho que de igual forma poco eficaz, porque de haber logrado un respaldo más de sus colegas, en el Tribunal Electoral se habrían ocupado de corregirlos.

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Julián Andrade