Permanecerá la Guardia Nacional en LA hasta que un tribunal de apelaciones se pronuncie Diario.mx

Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco detuvo por ahora una orden de un juez que ordenó el jueves al presidente Trump que renuncie al control de las tropas de la Guardia Nacional de California.

En un fallo extraordinario, el juez, Charles Breyer, del Tribunal Federal de Distrito en San Francisco, sostuvo que Trump había tomado ilegalmente el control de hasta 4.000 soldados de la Guardia Nacional y le ordenó devolverlos al mando del gobernador Gavin Newsom de California. El presidente ya había desplegado cientos de tropas de la Guardia en las calles de Los Ángeles para proteger a los agentes de inmigración y los edificios federales de los manifestantes.

Pero el gobierno de Trump apeló de inmediato el fallo y pidió a la corte de apelaciones que impidiera que entrara en vigor mientras continúa el litigio. En un escrito emitido a última hora de la noche, el Departamento de Justicia dijo que el "cuestionamiento del juez Breyer sobre los juicios militares del comandante en jefe es una grave violación de la separación de poderes".

El caso fue asignado a un panel de tres jueces que consta de dos personas designadas por Trump y una persona designada por el presidente Joseph R. Biden Jr. En una escueta orden nocturna, el panel suspendió la orden del juez Breyer, designado por el presidente Bill Clinton, "a la espera de una nueva orden", lo que significa que las fuerzas de la Guardia Nacional permanecerán sujetas al control de Trump por ahora.

También fijó un calendario rápido de sesiones informativas y una audiencia para el mediodía, hora del Pacífico, del martes.

Dependiendo de cómo falle finalmente el panel, cualquiera de las partes podría pedirle al pleno de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que vuelva a escuchar el asunto o podría presentar una apelación de emergencia directamente ante la Corte Suprema, donde los designados republicanos tienen una mayoría calificada de seis miembros.

Los abogados del estado de California y Newsom presentaron su propio escrito oponiéndose a la solicitud del gobierno federal de una suspensión poco después de que el tribunal ya la había otorgado. El estado argumentó que pausar la orden del juez Breyer sería "innecesario e injustificado a la luz del extenso razonamiento del tribunal de distrito, en particular, sus hallazgos de daño irreparable al estado en ausencia de medidas cautelares".

En su fallo de 36 páginas, el juez Breyer dijo que la incautación de la Guardia Nacional de California por parte de la administración Trump violó los procedimientos requeridos en el estatuto federal que Trump había citado como autoridad para que él se hiciera cargo de las fuerzas del estado. El estatuto dice que tal orden debe pasar "por" Newsom, pero Pete Hegseth, el secretario de Defensa, pasó por alto al gobernador y envió su directiva a un general que supervisa la Guardia.

Las "acciones del presidente Trump fueron ilegales, excediendo el alcance de su autoridad legal y violando la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", escribió el juez Breyer. "Por lo tanto, debe devolver el control de la Guardia Nacional de California al gobernador del estado de California de inmediato".

La directiva habría entrado en vigor al mediodía hora del Pacífico del viernes si el tribunal de apelaciones no la hubiera suspendido.

El fallo del juez Breyer, que acusó a Trump de sentar un "precedente peligroso para futuras actividades militares internas", fue el último de una serie de reproches judiciales a las afirmaciones expansivas de Trump de poderes de guerra o de emergencia sobre asuntos que van desde deportar a personas sin el debido proceso hasta imponer unilateralmente aranceles generalizados. Los fallos judiciales que bloquean sus acciones han enfurecido a la Casa Blanca.

El fallo sobre la Guardia Nacional fue más allá de lo que California había pedido. Si bien la demanda del estado había sostenido que la movilización de la Guardia Nacional por parte de Trump fue ilegal, su moción específica era para una orden de restricción temporal que limitara a las fuerzas militares bajo control federal a proteger los edificios federales en la ciudad y no a otras tareas de aplicación de la ley.

El juez Breyer impidió que Trump usara a la Guardia Nacional de California. Pero también rechazó una solicitud del estado y de Newsom para restringir a un grupo separado de marines en servicio activo, que la administración también ha movilizado para contrarrestar a los manifestantes.

Hegseth movilizó a 700 infantes de marina desde una base en California para participar en la represión de las protestas, y el estado quería que el juez les impidiera acompañar a los agentes de inmigración en las redadas en los lugares de trabajo que provocaron las protestas. Pero hasta ahora, las tropas en servicio activo simplemente se han desplegado en un condado vecino y no han entrado en la ciudad.

El juez Breyer dijo que sería inapropiado emitir cualquier orden que restrinja las acciones de los marines cuando no han hecho nada que viole la Ley Posse Comitatus, que generalmente hace ilegal el uso de tropas federales con fines de aplicación de la ley en suelo nacional. Dijo que el estado tendría que volver a los tribunales dentro de una semana para tratar de convertir su orden temporal en una orden judicial más duradera, dando tiempo para que los eventos se desarrollen.

"A partir de ahora, el tribunal solo tiene la especulación del abogado sobre lo que podría suceder", escribió el juez.

De pie frente a la bandera de California en una conferencia de prensa en el vestíbulo de un tribunal estatal después del fallo el jueves por la noche, Newsom elogió la decisión.

"Hoy se trató realmente de una prueba de democracia", dijo. "Pasamos la prueba".

Antes de que interviniera el tribunal de apelaciones, Newsom dijo que había planeado ordenar a los miembros de la Guardia Nacional que reanudaran las tareas que estaban llevando a cabo antes de que Trump las redirigiera, que incluían el control fronterizo y la gestión forestal para reducir el riesgo de incendios forestales.

Las oficinas de prensa de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El juez Breyer había telegrafiado su enfoque en la legalidad del proceso por el cual Trump y Hegseth llamaron a la Guardia Nacional en una audiencia el jueves.

En la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, argumentó que Hegseth había cumplido con el estatuto de reclutamiento de la Guardia Nacional. Pero incluso si no lo hubiera hecho, dijo Shumate, Trump tenía la autoridad legal para ordenar que la Guardia Nacional entrara en el servicio federal de todos modos.

El juez Breyer interrumpió repetidamente al abogado del Departamento de Justicia y en un momento agitó una pequeña copia de la Constitución en el aire. Algunas de sus respuestas mordaces provocaron risas en la abarrotada sala del tribunal de más de 100 personas.

Cuando llegó, su fallo fue mordaz.

El estado de California "y los ciudadanos de Los Ángeles se enfrentan a un mayor daño por la continua militarización ilegal de su ciudad, que no sólo inflama las tensiones con los manifestantes, amenazando con un aumento de las hostilidades y la pérdida de vidas, sino que priva al estado durante dos meses de su propio uso de miles de miembros de la Guardia Nacional para combatir los incendios. combatir el comercio de fentanilo y realizar otras funciones críticas", escribió.

Ningún presidente ha desplegado tropas bajo control federal a pesar de las objeciones de un gobernador estatal desde la era de los Derechos Civiles, cuando los gobernadores del sur se resistían a la desegregación ordenada por los tribunales.

Desde que fueron federalizados y desplegados, algunos soldados de la Guardia Nacional han acompañado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en redadas, mientras que otros se han parado principalmente fuera de edificios federales en el centro de Los Ángeles durante las protestas.

El enfrentamiento legal se produce en medio de crecientes tensiones políticas entre la administración Trump y el gobernador de California. Después de que el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, amenazó con arrestar a Newsom, Trump respaldó la idea el lunes y dijo: "Lo haría". En un discurso televisado el martes, Newsom dijo que "la democracia está bajo asalto ante nuestros ojos".

Después del fallo, Newsom reprendió enérgicamente las tácticas que los agentes de ICE han empleado para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, describiendo conversaciones con niños que habían sido separados de sus padres y familiares cuyos parientes habían desaparecido repentinamente sin dejar rastro.

"Ese es el Estados Unidos de Donald Trump", dijo, calificándolo de "crueldad indiscriminada".