Los presidentes argentinos ante la justicia: golpes militares, prisiones domiciliarias y denuncias de corrupción Infobae

La Corte Suprema se expidió en la causa que involucra a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal de justicia rechazó las apelaciones presentadas por la defensa y ratificó la condena a seis años de prisión por la causa de Vialidad, el caso que investigó las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

Este fallo quedará en la historia, ya que su entonces compañero de fórmula Amado Boudou, quien fue su vicepresidente entre 2011 y 2015 ya había sido condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el sonado caso Ciccone.

De esta forma, nuestro país acumula un triste récord: el de una fórmula presidencial completa condenada. Asimismo, resulta notorio que los casos de corrupción se concentren en el período comprendido del regreso de la democracia.

Víctimas de golpes militares

Hubo casos de presidentes encarcelados, pero por golpes militares, como fueron los de Hipólito Yrigoyen y de Arturo Frondizi, ambos encerrados en la isla Martín García, mientras que Isabel Martínez de Perón fue la que más tiempo permaneció detenida: cinco años y tres meses, primero en Villa La Angostura, luego en una base naval en Azul y por último en la quinta de San Vicente.

Muchísimo más lejos en el tiempo Bartolomé Mitre, ex presidente, se había alzado en 1874 siendo candidato por el Partido Nacionalista, ya que sostenía que se había cometido fraude en la elección de Nicolás Avellaneda. Derrotado en el campo de batalla, fue condenado por un tribunal militar y encerrado. El propio Avellaneda lo indultaría.

Durante la famosa “Década Infame”, había estallado el escándalo de la compra de las tierras de El Palomar, en el que el Estado había adquirido a precios elevados once hectáreas de terreno lindantes al Colegio Militar. Cuando el negociado se destapó y se reveló el listado de diputados que habían recibido sobornos –uno de ellos se suicidó- porque la operación se incluyó en el presupuesto nacional y se había votado en la cámara, el propio presidente Roberto Ortiz presentó la renuncia porque el tema lo salpicaba directamente. Su firma estaba en el decreto y su ministro de Guerra estaba implicado. Fue una asamblea legislativa la que le rechazó la dimisión, aunque al tiempo debió dejar el cargo porque estaba gravemente enfermo.

Cuando Juan Domingo Perón fue derrocado el 16 de septiembre de 1955, fue incluido en un centenar de causas judiciales, que salieron de acusaciones de un conjunto de comisiones investigadoras, creadas para hurgar en posibles actividades ilícitas del gobierno peronista, de sus ministerios y de organismos del Estado.

Se lo juzgó por traidor a la Patria y asociación ilícita en cuanto impulsó leyes que iban en contra del beneficio del país, por incitar a la violencia, por quemar una bandera y por estupro por la relación que mantenía con la adolescente Nelly Rivas, entre otras tantas. Cuando decidió regresar al país, a fines de 1972, la mayoría de ellas eran solo un recuerdo.

Desde el regreso de la democracia, todos los presidentes pasaron por Tribunales, menos Raúl Alfonsín, quien nunca fue procesado, y Néstor Kirchner, quien aparece nombrado en muchas de las causas que afronta su esposa, pero que falleció el 27 de octubre del 2010.

De Menem al presente

El riojano Carlos Menem gobernó entre 1989 y 1999. Salió absuelto de la venta de armas a Croacia y Ecuador, luego de haber pasado por cinco juicios orales. Solo cumplió cinco meses de prisión domiciliaria en la quinta don Torcuato, de su amigo Armando Gostanián. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo exculpó porque se había violado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable y quedó libre.

El inicio de la causa armas es de 1995; seis años después el ex presidente fue procesado y estuvo brevemente preso por asociación ilícita, pero una Corte Suprema adicta lo sobreseyó.

En 2007 fue procesado en el fuero penal económico. El juicio comenzó en 2008 y demoró tres años y en 2011 absolvieron a todos. Ante la apelación, el caso llegó a la Cámara de Casación, que en 2013 lo condenó a siete años de cárcel.

Menem presentó un recurso extraordinario federal y Casación se lo concedió cuatro años después, el caso llegó a la Corte quien lo devolvió porque lo que existía era un fallo de Casación y no de un tribunal oral. Nuevamente, la sala que lo había condenado revisó lo actuado y en 2018 absolvió a todos.

En el medio de ese largo proceso, el país se sorprendió por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Fue el 3 de noviembre de 1995 a las nueve de la mañana, que provocó la muerte de siete personas que no trabajaban en la fábrica, más de 300 heridos y muchas viviendas seriamente destrozadas, ya que el establecimiento estaba dentro del ejido urbano. Siempre se dijo que el siniestro obedeció a borrar pruebas del caso de contrabando de armas.

Antes, en 1991, el Estado había malvendido a un precio irrisorio el predio de la Sociedad Rural. Recién en 2019, Menem fue condenado a 3 años y 9 meses, pero sería absuelto por Casación.

También lograría eludir la acusación en la causa por el encubrimiento del caso AMIA, en el que la justicia había probado el pago a Carlos Telleldín para que desviase la investigación.

Menem había logrado construir lo que en ese momento se llamó “una mayoría automática en la Corte Suprema”, cuando logró imponer la ley que ampliaba de cinco a nueve los miembros.

En 2015 lo habían condenado a cuatro años y seis meses por peculado por el pago de sobresueldos a funcionarios de gobierno, durante nueve años y con fondos de la SIDE, pero finalmente terminó absuelto, igual que Domingo Cavallo, su ex ministro de economía de entonces.

El ex presidente, que falleció el 14 de febrero de 2021 logró evitar, además, las acusaciones de pedidos de coimas, sobreprecios en licitaciones y en los procesos de privatizaciones.

Fernando de la Rúa (1999-2001) estuvo involucrado en el presunto pago de coimas a senadores nacionales para que aprobasen la reforma laboral, un proyecto conocido popularmente como “ley Banelco”. Procesado, fue sometido a un juicio oral donde resultó absuelto, fallo confirmado por la Corte. También estuvo involucrado en causas como el megacanje del FMI y por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, que terminó con 39 muertos y 500 heridos.

Mauricio Macri ejerció la primera magistratura entre 2015 y 2019. Siempre insistió en que la causa de escuchas ilegales, por la que fue absuelto a días de asumir como presidente, había estado armada y que él era una víctima de esa maniobra. En 2018 se dictaminó la nulidad de todo lo actuado.

Cuando fue procesado por primera vez, hacía dos años que había dejado de ser presidente. En abril de 2016 estalló el escándalo de los Panamá Papers, en el que aparecía el ex mandatario y fue su padre, el ya fallecido Franco Macri, el que declaró haber sido él el principal responsable y no su hijo. La causa se cerró, mientras se abría otra por presunta evasión impositiva.

También estuvo involucrado en un caso de espionaje ilegal a familiares de tripulantes del Submarino ARA San Juan. Existen otras causas, como la relacionada al correo, a un contrabando de armas a Bolivia, los Parques Eólicos. Algunas de ellas aún siguen su curso.

El último ex presidente, Alberto Fernández (2019-2023), afronta una causa por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez, que prevén condenas de 3 a 18 años de prisión.

Esta enumeración negativa parece ir en aumento progresivo desde el regreso de la democracia, y tal vez debamos entender que poder votar y el respeto a las leyes deben ser caras de una misma moneda, la de la transparencia y honradez.