Redacción /Sol Yucatán
La política que se practica en Yucatán, y en especial sus gobernadores, han actuado tan mal que cada uno resultó peor que el anterior, pues se fueron superando en falta de transparencia, robos al erario, obras inconclusas pero cobradas, despidos arbitrarios de miles de humildes empleados del gobierno, cobro de moches millonarios, endeudamientos injustificados, represiones contra manifestantes pacíficos y mucho más.
Si uno se pregunta cómo es posible que pase esto si en Yucatán existe una división de poderes, y contamos con leyes e instituciones que persiguen la corrupción, regulan la transparencia, amparan el derecho al trabajo y garantizan la libertad de expresión y los derechos a la libre manifestación, tendremos que concluir que, a pesar de todo eso, algo no está funcionando y, lo peor, es que no tenemos un plan B.
En cambio, ellos, los políticos, tienen a su servicio una de las interpretaciones aplicadas a los principios de Edward Murphy Jr., que a la letra dice: “Nada importa que se demuestre una mentira, siempre habrá gente que se la crea”.
Aquí apuntamos algunas de las verdaderas razones por las que en Yucatán todos los gobernadores compiten por salir peor que sus antecesores:
Porque, a pesar de que la ley establece la división de poderes y de que, aparentemente, existe esa división entre ejecutivo, legislativo y judicial, lo que debería garantizar que estos dos últimos sean autónomos, la verdad es que esa es una condición formal, no real, porque —por ejemplo— el Congreso Estatal siempre queda integrado, con una que otra digna excepción, por una mayoría de lacayos del Poder Ejecutivo.
Otra de las razones por las que cada gobernador resulta peor que el anterior es que, al menos en Yucatán, durante todo el tiempo del bipartidismo, la prensa tradicional casi siempre jugó un papel de apoyo ideológico partidista incondicional a favor de los gobiernos, tanto estatales como federales e incluso municipales, que pagaran mejor. Y ese pago, desde luego, significaba para la mayoría de los medios una alegre renuncia al señalamiento crítico de los excesos, de las corruptelas, de todo lo que estaba mal.
De tal modo, en nuestro estado, hasta antes de la llegada de Sol Yucatán, prácticamente nunca se había contado con una prensa verdaderamente independiente, sino con una prensa que siempre mira a su conveniencia económica y a sus propios intereses.
Otro aspecto muy revelador de la escasa o nula vocación democrática de los últimos gobiernos y del actual es la completa falta de transparencia en los manejos del dinero y de los endeudamientos oficiales, ya que nunca se toman la molestia de decir de dónde sale el dinero para las obras, cuánto salieron, qué obras son y a quién se le pagaron. Lo mismo pasa con el uso del dinero de los endeudamientos. Son tantos y tan conocidos los casos de manejo en la oscuridad, que tendríamos que ocupar todo el espacio disponible para mencionarlos.
A Ivonne Ortega Pacheco se le calcula una fortuna de 7 mil millones de pesos. Rolando Zapata Bello sale con depósitos de 9 mil millones de pesos en cuentas bancarias en España.
Mauricio Vila Dosal superó a los dos. Durante 2023 y 2024, el exgobernador obtuvo ingresos por casi dos mil millones de pesos provenientes del cobro en los Paradores Turísticos de Chichén Itzá, Uxmal y Ek’Balam. A pesar de esta elevada recaudación, nunca se informó públicamente en qué se utilizó ese dinero.
Entre los tres, Ivonne Ortega, Rolando Zapata y Mauricio Vila se llevaron al menos 50 mil millones de pesos, entre propiedades y desfalco al presupuesto de los yucatecos, ranchos, obras de arte, cuentas bancarias y la apropiación de miles de hectáreas en la costa y el interior del estado.
Ivonne Ortega
La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, es una de las personalidades más polémicas en la historia de Yucatán y una de las mujeres más influyentes en la política en al menos los últimos 15 años.
La dzemuleña en su momento enfrentó múltiples denuncias por corrupción, al ser acusada de encabezar uno de los gobiernos más corruptos en la historia del estado y de ser una de las figuras que llevaron a la debacle al poderoso PRI en la entidad.
Las acusaciones las logró sortear gracias a las influencias que tuvo en los primeros años de gobierno de Rolando Zapata Bello y del expresidente Enrique Peña Nieto; con ambos mandatarios, que gobernaron del 2012 al 2018, terminó peleada a muerte.
Fue la gobernadora de las primeras piedras, al dejar decenas de proyectos inconclusos y que dejó pérdidas por más de mil millones de pesos a la administración pública.
También su afán de diva la llevó a otorgarle contratos al grupo Televisa por cientos de millones de pesos, incluida su participación mensual en programas de esa empresa y para la grabación de tres telenovelas.
A más de dos sexenios, el hospital comunitario de Ticul aún sigue inconcluso a pesar de que se ejecutaron recursos para su edificación, lo mismo con el Gran Palacio de la Cultura Maya en Yaxcabá.
Fue artífice de pagar 10 veces el valor a la familia Barbachano por 80 hectáreas de tierras en Chichen Itzá, luego de que el Gobierno Federal ya tenía el avalúo y la documentación para la expropiación de la zona arqueológica de Chichén Itzá; sin embargo, de repente el gobierno anunció la adquisición de esas tierras por la suma de 220 millones de pesos.
Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán y actual diputada federal por Movimiento Ciudadano, percibió casi el doble de ingresos que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el sitio Mayaleaks.
Según la declaración patrimonial dada a conocer por Mayaleaks, la diputada cuenta con ingresos netos anuales por 6 millones 051 mil 488 pesos, aunque en el portal de transparencia aparece con un sueldo de 105 mil pesos, mientras que el expresidente recibió 3 millones 139 mil 883 pesos.
La ex gobernadora es dueña de tres casas en Mérida, una en Dzemul, un departamento en Ciudad de México, tres autos, joyas por un valor de más de un millón de pesos, obras de arte, tres cuentas bancarias en Banorte y un fondo de inversiones.
Además de un rancho y terrenos en Ucú, Dzemul y Dzidzantún, las propiedades con las que cuentan no cuadran con los ingresos que obtuvo como gobernadora, diputada local, diputada federal, senadora y alcaldesa.
Por lo cual existen las sospechas de que los bienes obtenidos son productos de desvíos de recursos.
La ex gobernadora es propietaria de mil 706 hectáreas que se extienden desde su municipio natal, Dzemul, hasta la franja costera que delimita esa localidad rural. El 75 por ciento del terreno fue adquirido por solo 412 mil pesos, es decir, alrededor de tres centavos por metro cuadrado, denunciaron ejidatarios de la localidad.
En el Registro Público de la Propiedad consta que Ivonne Ortega es dueña del rancho el “Paraíso”, que le fue donado a título gratuito por su madre Ligia Pacheco Graniel.
Es dueña de terrenos de alta plusvalía en la costa yucateca en la zona de San Bruno y San Benito, pertenecientes a Dzemul, cuyo lote de 150 metros cuadrados tiene un valor de 2.5 millones de pesos.
En agosto del 2010, junto con su comadre Angélica Araujo Lara, fundó la marca de ropa “Ibonica”, la cual nunca tuvo los resultados esperados, pero les sirvió para lavar el dinero que era desviado del Gobierno Estatal y luego del Ayuntamiento de Mérida.
Su hijo Álvaro Humberto, quien actualmente tiene 12 años de edad, es tal vez el adolescente más rico de Yucatán, debido a que es el heredero de la fortuna de la ex gobernadora.
Se estima que la fortuna de la exmandataria y actual diputada federal superaría los 7 mil millones de pesos, de acuerdo a la suma del valor de las propiedades que se le conocen.
Rolando Zapata
Los principales operadores financieros de los gobiernos priístas, Sergio Vadillo Lora, Ulises Carrillo Cabrera y Ricardo Nevárez Cervera, desviaron durante las administraciones de Rolando Zapata Bello e Ivonne Ortega Pacheco cientos de millones de pesos, los cuales, de acuerdo a investigaciones de Sol Yucatán, fueron a parar a fondos de inversión de retiro a Europa, en especial a España.
De hecho, Zapata Bello, flamante operador de alianzas del PRI Nacional, ya obtuvo la nacionalidad española, debido a que invirtió más de medio millón de euros en la instalación de bares y giros negros, con lo cual la madre patria le otorgó la doble nacionalidad.
El encargado de operar los negocios es precisamente Vadillo Lora.
De acuerdo con las investigaciones, durante el segundo año de gobierno de Rolando, por error se filtró a un chat de WhatsApp una evidencia de un envío de 60 millones de pesos a una cuenta bancaria en los Estados Unidos; ese dinero se trianguló por medio de una cuenta bancaria de una empresa de Luis Felipe Saidén Ojeda.
A su vez, las empresas del Secretario de Seguridad Pública le transfirieron ese dinero a una cuenta bancaria ubicada en Gibraltar (el paraíso fiscal de España).
Al final de su sexenio, Roberto Rodríguez Asaf, ex secretario de gobierno, quiso que lo hicieran socio de las empresas de Rolando en Europa para lavar su botín, pero lo rechazaron, y fue que en venganza filtró el dato del capital de la empresa, que era de 500 millones de euros, es decir, unos 9 mil millones de pesos.
La cifra es un 44 por ciento superior al monto que el exgobernador le dejó en las cuentas bancarias al exgobernador Mauricio Vila Dosal, a quien le dejó 5 mil millones de pesos.
Un gran porcentaje de los recursos que se fueron abonando al fondo de “retiro” de Zapata Bello provenía de “moches” de Armando Palma Peniche, alias la “Gaviota”, fundador y presidente del grupo Promotora Residencial, uno de los constructores predilectos del gobierno rolandista.
Además de los millonarios contratos, recibió la donación de terrenos con alta plusvalía en zonas de Mérida, como Ciudad Caucel y de la zona de Dzityá. Asimismo, el gobierno le dio a la “Gaviota” préstamos a fondo perdido, es decir, de carácter no devolutivo.
Solo para la planta de chile habanero PADYSSA, ubicada en Conkal, y cuya inversión total fue de 250 mil dólares, cerca de 4 millones de pesos; al quinto año, el gobierno rolandista ya le había dado 85 millones de dólares, por lo cual se estima que al término del sexenio la cifra habría llegado a 100 millones de dólares, es decir, unos 2 mil millones de pesos.
PADYSSA ni siquiera es dueña de la nave que ocupa; ya había recibido anteriormente varios apoyos, y además fue demandada por los conkaleños por contaminar el manto freático. La demanda no procedió, hubo decenas de familias afectadas, y en lugar de indemnizar y corregir, levantaron al abogado los golpeadores de la “Gaviota”, y el abogado desistió por temor a su vida.
Asimismo, a la Gaviota se le otorgaron sin costo 600 hectáreas de terrenos en Caucel y Dzityá, cuya transacción se realizó a través de César Escobedo May, director del Instituto de Vivienda de Yucatán, que le donó las tierras del fondo territorial del estado. El valor estimado es de unos 3 mil millones de pesos y donde construyó Ciudad Caucel, Real Montejo y Las Américas.
Ulises Carrillo Cabrera, operador financiero de Ivonne Ortega, fue quien desfalcó al ISSSTEY y al término de la administración lo dejó quebrado y con números rojos.
Carrillo Cabrera ha sido una de las principales figuras políticas de los últimos 16 años, ya que fue uno de los asesores de Rolando Zapata Bello y brazo derecho de Ivonne; durante tres años del pasado gobierno fue el asesor principal del gobierno.
Mauricio Vila
El panista Mauricio Vila Dosal dejó la gubernatura de Yucatán para rendir protesta como senador de la república.
El mandatario, originario de la Ciudad de México, dejó al estado con más de 900 mil personas en situación de pobreza, crisis en seguridad y con la mayor deuda de la historia. Al día de hoy, los yucatecos deben a instituciones financieras 11 mil 800 millones de pesos.
Lo peor es que Vila Dosal se fue de Yucatán conservando sus privilegios que le da ser senador, con escoltas incluidos, cuyos gastos correrán a cuenta del presupuesto; sin embargo, los yucatecos tendrán que pagar la deuda que adquirió a lo largo de su administración durante los próximos 15 años.
Además del débil sistema de justicia, ya que impuso a magistrados y jueces que no cuentan con la capacidad necesaria para desempeñar las funciones, así como la colocación de funcionarios “a modo” para que continue controlando la mafia inmobiliaria.
De acuerdo con analistas políticos, Vila Dosal superó en niveles de corrupción a sus antecesores Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello.
Vila Dosal operó una red bien organizada de funcionarios que lo ayudaron a desviar miles de millones de pesos a través de empresas fantasma, de manera similar a como lo hizo en el Ayuntamiento de Mérida, y el cobro de moche a cambio de obra pública.
Sergio Chan Lugo, Mauricio Díaz Montalvo, Álvaro Juanes Laviada, María Fritz Sierra, Loretto Villanueva Trujillo, Mauricio Tappan Silveira, Arref Karam Espositos y Olga Rosas Moya fueron algunos de los funcionarios que pertenecieron a la red de corrupción que imperó en la administración estatal.
Muchos de ellos los colocó en el Poder Judicial, en el Ayuntamiento de Mérida o bien los perpetuó en sus cargos.
De acuerdo con fuentes de Sol Yucatán, Vila Dosal es dueño de numerosas propiedades en el extranjero, las cuales pudo conseguir desviando recursos o bien haciendo negocios con información privilegiada.
A pesar de esta situación, Vila Dosal goza de total impunidad, debido a que desde 1 de septiembre goza de fuero, con lo cual no podrá ser investigado ni procesado, a menos que se inicie un juicio de desafuero, lo que luce prácticamente imposible.
Vila Dosal llegó a la gubernatura con una pequeña fortuna que amasó a través de sus cadenas de restaurantes Subway, pero se fue siendo una de las personas más ricas del estado y posiblemente del sureste del país.
Durante los seis años de gobierno, manejó un presupuesto de unos 360 mil millones de pesos, cuyo monto no se ve reflejado en obras e inversión, debido a que las grandes obras de su sexenio fueron construidas con recursos de la federación o a través de préstamos, como lo son el Parque de la Plancha, la ampliación del Puerto de Progreso, la construcción del Nuevo Hospital O’Horan, el corredor gastronómico y la puesta en marcha del sistema de transporte público inteligente, es decir, el Va y Ven.
Tan solo en 2023 y 2024, el exgobernador Mauricio Vila Dosal obtuvo una jugosa ganancia de cerca de dos mil millones de pesos, por concepto de pago por el uso del Parador Turístico de Chichén Itzá, Uxmal y Ek’Balam, recurso cuyo paradero se desconoce ya que en ningún momento se informó sobre el uso del mismo.
Durante su sexenio recaudó solo por este rubro al menos 4 mil millones de pesos, dinero que los yucatecos no saben que existe.
Durante su administración, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) le sirvió como “la caja chica” del gobierno del Estado para obtener recursos, y lo peor de todo, en su sexenio nunca aportó un solo peso en restauración, rescate, limpieza e investigación de las zonas arqueológicas de Yucatán.
Cabe destacar que el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), aplica una tarifa adicional, y única en el país, la cual se aplica en los sitios donde hay un Parador Turístico.
Por ende, el costo en 2023 para los visitantes provenientes del extranjero fue de 524 pesos y para los nacionales de 182. Esta tarifa adicional se encuentra sujeta a los lineamientos y disposiciones vigentes establecidos por el Gobierno Estatal.
En 2024, hubo un ligero incremento, y actualmente, Cultur les cobra a los extranjeros un monto por 548 pesos y los nacionales pagan 190 pesos.
El turismo arqueológico y museográfico tuvo en México un imperceptible aumento, inferior al uno por ciento, ya que durante 2024 cerca de 20 millones de personas visitaron los sitios abiertos al público, reveló el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En Yucatán, a pesar de la disminución de cerca del seis por ciento, Aké y Acanceh establecieron un nuevo récord anual de mayor afluencia. Desafortunadamente, aún permanecen cerrados los sitios de Mayapán, así como las grutas de Loltún y Balamcanché.
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