El Gobierno reprogramó la cumbre con gobernadores y posterga la definición sobre un impuesto clave Infobae

Nación y provincias buscan retomar un sendero de diálogo para tratar de recomponer un lazo evidentemente dañado. Los gobernadores lo adjudican al recorte que la administración de Javier Milei ha decidido sobre diferentes transferencias y obras públicas nacionales, así como de no tomar medidas para frenar la merma de la Coparticipación que nutre a los territorios provinciales.

Un grupo de gobernadores iba a asistir a la Casa Rosada este lunes para poner sobre la mesa estos reclamos que generan unanimidad entre las provincias. A pesar de que la audiencia estaba prácticamente confirmada, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, decidió postergarla.

Las razones que esgrimieron desde Balcarce 50 es que los mandatarios provinciales iban a traer propuestas fiscales y tributarias, y Francos prefería hacer la reunión con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien está con un viaje oficial en el exterior y vuelve en pocos días. En algún momento se evaluó que esté vía Zoom, pero se descartó la opción.

En la Jefatura de Gabinete no dieron la fecha de reprogramación. “Vamos viendo”, se limitaron a decir. Sigue estando la posibilidad de que se pueda hacer esta semana. A la reunión (cancelada) de hoy podría haber ido alguna segunda línea de Hacienda u otro funcionario del gabinete económico, pero está claro que Guberman es el funcionario más importante en lo que planificación fiscal refiere.

“Se posterga la reunión. Ellos van a plantear temas tributarios y el Secretario de Hacienda está fuera del país”, confirmó una fuente inobjetable del Gobierno a Infobae. Pareció un motivo que satisfizo a algunas provincias. “Parece un motivo razonable, aunque es una falta de respeto la poca antelación”, alegaron algunas de ellas.

Se esperaba que en la reunión estuvieran Axel Kicillof (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza) Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quien le pidió personalmente a Francos que hiciera la audiencia. El listado definitivo de la misión era indeterminado y estaba sujeto a cambios.

18 de los 24 gobernadores de todo el país se reunieron el martes pasado bajo el ala del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La excusa principal del evento era analizar los resultados del último informe del Consejo Federal de Impuestos, que consignó una proyección (si es que el Poder Ejecutivo Nacional no hace cambios) de -4,2% (respecto a 2024) de los fondos automáticos que se envían a través de la Coparticipación Federal.

“Esto se produce por una baja en la recaudación de impuestos nacionales. Es responsabilidad de Nación, al igual que la falta de mantenimiento de rutas, de obras estratégicas, de la desinversión de obras y los problemas que tenemos para tramitar endeudamientos a través de la Secretaría de Hacienda”, resumían cerca de un gobernador patagónico.

La merma de los fondos coparticipables es la que más acucia a los jefes provinciales, y es, a su vez, el de más difícil resolución. Esa disminución de -4,2% proyectada para 2025 representa unos 2,5 billones de pesos, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno.

El asunto se hace espinoso porque para resolverlo deberían revisarse cuestiones ligadas a la política tributaria que efectúa el Ministerio de Economía de Luis Caputo. Parece difícil que aquellos funcionarios y el presidente Javier Milei -quien está ampliamente metido en la planificación económica- analicen tomar cartas en el asunto sobre esa materia.

El documento proveniente de la Comisión Federal de Impuestos subraya que esta fuente de recursos constituyó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios superiores al 60% en un grupo de 12 jurisdicciones.

“Sabemos que nos van a venir a hablar con lo que conversaron en el CFI”, afirmaban fuentes gubernamentales. Es así que, el informe que trataron los 18 gobernadores pone como razón principal de la merma a las “decisiones de política tributaria del Gobierno nacional”.

Entre estas medidas se encuentran las siguientes:

• la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión referidos a la percepción del Impuesto a las Ganancias y al IVA,
• la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades,
• el diferimiento de la actualización del impuesto a los combustibles
• y la reciente reducción o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados.

El documento también señala la influencia de “ingresos no recurrentes en 2024”, como los provenientes del REIBP y el pago extraordinario del Impuesto a las Ganancias por parte del sector financiero. Además, alegan que la lenta recuperación de los niveles de consumo “impacta negativamente sobre la recaudación del IVA”, que presentó una caída del 1,9% durante abril, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en una economía que crece en torno al 5%.

La reactivación de la obra pública nacional y el pedido por mayores transferencias no automáticas eran considerados como fundamentales.

El Gobierno podría optar por convalidar una reactivación mayor sobre estas áreas: la dinámica de ejecución de obras en 2025 es mayor que en 2024, pero mucho menor que años anteriores; a su vez, solo unas provincias determinadas recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero ambas cuestiones inciden sobre dos de las tres anclas que tiene la hoja de ruta económica: la fiscal, referida al compromiso de superávit que asumió el Gobierno libertario apenas llegó al poder; y la monetaria, que implica restringir al máximo la emisión de pesos.

Si Guberman va a estar en la reunión, podría dar un panorama realista sobre el margen de acción que tiene Nación para asistir a las provincias: no se sabe a ciencia cierta si está la voluntad de hacer un esfuerzo acorde a las expectativas de los gobernadores.

La principal medida paliativa que pedirán es que se cumpla con la aplicación de los fondos para el mantenimiento de rutas por el cual se cobra el impuesto a los combustibles.

A todo esto lo atraviesa un momento central del año: el inicio progresivo de la agenda electoral nacional, cuyo desenlace será en los comicios generales del 26 de octubre. El cuadro incluye 24 realidades distintas, con gobernadores que abrieron canales de diálogo con La Libertad Avanza.

Entre los nombres destacados figuran Gustavo Valdés, en Corrientes, y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos. La relación de Alfredo Cornejo, en Mendoza, con la Casa Rosada se muestra más tirante. Aunque ni siquiera lo reconozcan en reservas, resulta previsible que el oficialismo libertario opte por no otorgar fondos ni atender reclamos específicos de la provincia de Buenos Aires a solo tres meses de los comicios locales, donde la postulación de Cristina Kirchner capta toda la atención.

En paralelo, el oficialismo busca consolidar apoyos en el Congreso de la Nación, espacio vital para las reformas estructurales que planea debatir en la segunda etapa del mandato. El miércoles pasado, un grupo de gobernadores permitió que se aprobara en Diputados una serie de proyectos impulsados por la oposición más dura al Gobierno, iniciativas que impactan de lleno en las cuentas públicas.

“No estamos preocupados de que hayan hecho eso. Ni nos esforzamos en pedirles un favor, estamos guardando esa carta para más adelante”, expresó una fuente inapelable de La Libertad Avanza.

Sin presiones directas desde el Ejecutivo, muchos gobernadores optan por no alinearse totalmente con la agenda del oficialismo, sobre todo cuando indican que solo encuentran oídos en Guillermo Francos o en el asesor presidencial Santiago Caputo y sienten que sus demandas quedaron sin respuesta. No obstante, en la cúpula de La Libertad Avanza consideran que esos mandatarios “casi no tienen margen” y reiteran: “Su deuda está atada a la nuestra, a ellos les conviene votarnos los cambios clave a pesar de que no le damos lo que quieren”.