La justicia confirmó la suspensión del decreto que transformaba al Banco Nación en una sociedad anónima Infobae
La Cámara Federal de La Plata confirmó el fallo que en febrero pasado había suspendido el decreto 116/25 del gobierno nacional de Javier Milei por el cuál se transformaba al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima (SA)
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal ratificó la medida cautelar que había dictado por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla contra la decisión del Poder Ejecutivo hasta tanto se resuelva el planteo de fondo de la causa que inició un grupo de empleados del banco que es la inconstitucionalidad del decreto.
El objetivo de la medida del gobierno era transformar la figura jurídica del banco: sigue siendo una entidad pública pero le quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y así le otorga una mayor apertura para su capitalización. El gobierno basó su decisión de convertir el banco en una SA en la delegación de facultades que le dio la ley bases y en el DNU 70 sobre la posible privatización de sociedades o empresas con participación del Estado.
Pero un grupo de empleados del banco inició el año pasado una causa judicial en la que reclaman la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y de una resolución del banco Nación que avanzaba sobre una eventual privatización. En septiembre del año, el juez Ramos Padilla dictó un fallo en el que declaró que el DNU y la resolución no permiten cambiar la situación jurídica de la entidad.
También objetaron el decreto que modifica al banco en una sociedad anónima. En su fallo, el juez Ramos Padilla señaló que el banco Nación fue creado en 1891 por la ley 2.841 que establece que la entidad actúa “con sujeción a las disposiciones de la presente ley”. Así, todo cambio sobre el status de la entidad debe hacerla el Congreso.
También argumentó que el Congreso excluyó de la ley Bases al banco Nación del capítulo de las privatizaciones. “De allí que, es posible inferir, con el grado de provisoriedad necesario para el dictado de una medida cautelar, que el decreto 116/2025 del P.E.N. se trataría de un decreto delegado dictado en exceso, en tanto la interpretación del alcance de la delegación fijada en el art. 3 de la “Ley Bases” debe ser integrada con el resto de la norma, en especial con el capítulo “II. Privatización”, en el que se excluyó al Banco de la Nación Argentina, como así también con el modo en que se desarrolló y se alcanzaron los consensos durante el debate parlamentario", explicó Ramos Padilla.
El gobierno nacional apeló la medida cautelar que calificó de “arbitraria e infundada” porque consideró que el juez hizo una errónea interpretación de la ley Bases que le permite transformar o modificar la estructura jurídica de los organismos de la administración descentralizada.
Los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefín, rechazaron los argumentos y confirmaron la suspensión del decreto. “La privatización del Banco de la Nación Argentina fue objeto de exclusión del proyecto originario -remitido por el Poder Ejecutivo- que culminó con la sanción de la ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, sostuvieron en su resolución a la que accedió este medio.
Los camaristas entendieron que esa exclusión “autoriza a concluir que el Congreso difirió a su juicio futuro examinar o no la modificación de la condición jurídica del Banco de la Nación Argentina establecida por ley” y que el Poder Legislativo “no incluyó a dicha institución entre las entidades privatizables”.
“La delegación que invoca el Poder Ejecutivo para resolver la transformación en una sociedad anónima no puede aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilitó a modificar en su naturaleza”, concluyeron.
