Los intereses de siempre NV Noticias

Edgar González Suárez

El proceso de designación del rector se debe sujetar a lo expresado en los artículos vigentes de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. Debe someterse a una evaluación de carácter estrictamente académico y administrativo, de ninguna manera podrían tomarse en consideración aspectos personales (la edad) y mucho menos orientaciones ideológicas o políticas; estas últimas, si bien pueden estar sujetas al escrutinio de la comunidad, no son en ninguna circunstancia elementos de descalificación para los aspirantes a la rectoría. Esto incluye, por supuesto, al actual rector de nuestra casa de estudios, el Dr. Gerardo Martín Aguilar Sánchez.

Es mi opinión que los ex rectores de esta universidad, así como algunos ex miembros de la Junta de Gobierno, contribuirán mucho más al proceso si se abstienen de hacer valoraciones o pronunciamientos, máxime si intentan aparecer como un bloque o una fuerza incólume y prístina en la Universidad. No concibo que los ex rectores, los tres de la “autonomía”, vinculados política e ideológicamente a Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, vengan ahora a querer dar muestras de ética, responsabilidad, apego a la ley o transparencia, en el manejo de recursos económicos. Si les escarbamos, habrá un olor fétido en todas esas administraciones; y no, no se trata de eso.

Decía yo que lo mejor para la autonomía universitaria es apegarse a la ley y a la norma de nuestra casa de estudios. Esto significa el respeto a los derechos de todos los universitarios para participar en ese proceso de auscultación, pero también atender y dar claridad a la solicitud de prórroga.

Sin duda, el debate que ya se abrió en la comunidad universitaria, principalmente en la región Xalapa, ha sido consecuencia de la formación y la articulación de los mismos bloques de interés, que aspiran a conducir los destinos de nuestra universidad. Para mí está claro que no son “personalidades”, ni académicos “destacados”, mucho menos opiniones “individuales”, si no que en el fondo son dichos bloques que quieren conducir a la Universidad, lo cual no necesariamente es ilegitimo o ilegal, pero sí bastante sospechoso cuando intentan esconder a la comunidad quiénes son y qué representan, y han empezado a manipular a estudiantes para sus presiones.

El debate, sobre la sucesión en la rectoría no inició con la solicitud (legal y legitima) de una prórroga hasta por un periodo del actual rector; sino que inicia cuando los bloques de interés pretenden, de manera interesada, evitar la participación de Gerardo Martín Aguilar Sánchez en el proceso de sucesión. Desde hace un año ya corría en los pasillos de la universidad este señalamiento, como argumento para justificar la inhabilitación o descalificación del actual rector a participar en una nueva convocatoria; y cosa curiosa al respecto es que, por lo menos dos de los aspirantes, también quedarían imposibilitados de contender en cuatro años porque también rebasarían el límite de edad.

La prórroga, que también es legal, y en el texto de la Ley Orgánica no se señala nada más al respecto, es un instrumento del cual la Junta de Gobierno bien puede echar mano para garantizar la continuidad de proyectos académicos y de gestión, siempre y cuando éstos sean evaluados bajo estrictos criterios académicos y administrativos.

La prórroga fortalece la institucionalidad, no la debilita. Una pugna por “interpretaciones” y declaraciones “estridentes” sí debilita la institucionalidad y abre la puerta a toda clase de intervenciones y, sin duda, pone en riesgo la autonomía universitaria.

El argumento de esta descalificación intenta sostenerse en el artículo 37 de la Ley Orgánica, que establece que “Para ser Rector se requiere: I. Ser mexicano por nacimiento; II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento de su designación”. Leído e interpretado a raja tabla –por los intereses de siempre– parece impecable este señalamiento; sin embargo, es claro para mí, que no soy abogado y, supongo, que para miles de académicos de la Universidad, que por encima de esta Ley Orgánica esta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala claramente también en el artículo 1° “…en México, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y sobre todo…

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Todas las autoridades universitarias, desde el rector hasta los directores y secretarios de entidades, y todos sus órganos colegiados como el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno, Consejos Técnicos y Juntas Académicas, se deben adscribir a este precepto inicial de nuestra Constitución, esté declarado y expreso o no en las leyes y reglamentos menores.

En ese sentido, hay que abrir el proceso para designar al rector que dirigirá los destinos de la Universidad para el próximo periodo, esto incluye, nos guste o no, al rector actual y a cualquier académico que cumpla los requisitos de la convocatoria. Si no es así, yo me pregunto ¿qué intereses son aquellos que intentan evitar la participación de Martín Aguilar Sánchez en el proceso y, sobre todo, ¿por qué?

Vamos a evaluar la gestión, discrepo de los intereses radicales y extremistas, principalmente retóricos y mediáticos que consideran que la Universidad Veracruzana ha sido llevada a niveles mínimos de calidad. Podría estar mejor, sin duda, hay muchas áreas de oportunidad, también, pero no deja de parecerme sospechoso que los intereses de siempre –ligados a los partidos y proyectos políticos externos a la Universidad– se vistan de héroes como si ellos tuvieran la varita mágica para resolver una complejidad tan tensa como lo es la Universidad Veracruzana.