Comisión Senado aprueba instar al Gobierno a reconsiderar el calendario del cierre nuclear Infobae
Madrid, 2 jun (EFE).- La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado dos mociones del Grupo Parlamentario Popular (GPP), una para instar al Gobierno a reconsiderar los planes de cierre de las nucleares y otra para elaborar una hoja de ruta para modernizar la planificación de la red de transporte eléctrico y distribución.
El senador popular Lucas Castillo, encargado de defender la moción sobre las nucleares, aprobada con 18 votos a favor, 13 en contra y una abstención, ha dicho que su grupo la ha presentado por "sentido común" y por "responsabilidad" con los territorios afectados, como en Trillo (Guadalajara), donde se perderían muchos puestos de trabajo.
"Es puro sectarismo" querer cerrar unas centrales (nucleares) que "son las únicas capaces de aportar sincronía" al sistema. Defendemos el mix energético, pero esto también va de "garantizar suministros, precios razonables y un futuro para las próximas generaciones".
En contra han votado Izquierda Confederal, el Grupo Vasco y el Grupo Socialista, cuyos representantes han pedido información sobre el coste de la gestión de los residuos nucleares, se han preguntado por qué se quiere prolongar la vida útil de Trillo y no se menciona al resto de las centrales y han acusado al GPP de actuar como "comerciales" del lobby eléctrico.
Desde Esquerra Republicana, el senador Jordi Gasseni ha dicho que cada cierre de una nuclear tiene que implicar un compromiso con el territorio donde estaba instalada la central.
"Si Trillo, Ascó y el resto de instalaciones nucleares han dado empleo y progreso al Estado ahora le toca a éste y a las eléctricas sobre todo, que lo devuelvan en forma de inversión, de empleo alternativo, de industria verde y de futuro".
Por ello, ha apostado por recuperar la titularidad pública de las redes de distribución, "dejando atrás un sistema pensado solo para que los de siempre se sigan forrando". "No puede ser que tengamos sol, viento, tecnología y conocimiento y que la red siga en manos de aquellos que bloquean proyectos de autoconsumo o comunidades energéticas locales, no es justo ni eficiente", ha añadido.
El Grupo Socialista, por su parte, ha defendido la actuación del Gobierno, que "ha impulsado un modelo de transición justa" coordinado con las comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas y trabajadores", y ha defendido que la transición energética "no es reversible" sino "un mandato ambiental social y económico y un compromiso de país".
Asimismo, con 18 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, la Comisión del Senado ha dado su visto bueno a una segunda moción, también del GPP, en la que se insta al Ejecutivo a elaborar una hoja de ruta para modernizar la planificación de la red de transporte eléctrico y del desarrollo de las redes de distribución.
En su presentación, el senador popular Miguel Ángel Castellón, ha ironizado al decir que pese a que la moción se registró hace meses, "sigue de actualidad por la ineficacia del Ministerio (de Transición Energética)" sobre todo después del apagón, cuyas causas oficiales "aún seguimos sin conocer".
El sector eléctrico lleva meses advirtiendo al Gobierno de que las actuales redes eléctricas no son suficientes para cubrir la demanda renovable, ni para la electrificación de la industria ni para las nuevas actividades como los centros de datos, los electrolizadores para producir hidrógeno verde o los centros de carga para la movilidad eléctrica, ha dicho.
La inversión en redes que sería necesaria cada año sería de unos 5.600 millones de euros, pero va a quedar en un máximo de 2.700 millones con los actuales límites legales que existen. El sistema eléctrico español necesita una apuesta segura y comprometida, que evite la ralentización de las inversiones y el riesgo de que se vayan a otros países con un acceso a las redes más rápido y más fácil.
Desde el Grupo Parlamentario plural, uno de los que votó en contra, la senadora Carmen da Silva Méndez afeó que se quiera favorecer a los grandes centros de consumo de energía (entre ellos Madrid) frente a las zonas donde esta energía se produce (como Galicia), y ha exigido que los nuevos proyectos de industrialización se centren en esas áreas.
Los representantes del GPP han asegurado, frente a las críticas recibidas, que la moción pretende que el Gobierno central tenga en cuenta a las comunidades autónomas, que son las que conocen de primera mano la inversión necesaria en redes, y que ésta se reparta en función de la demanda, de la generación energética, de la población y del empleo potencial. EFEECOM
