Los riesgos de las elecciones judiciales en México Infobae
Hoy se elegirán, por primera vez, a las personas que integrarán el Poder Judicial de México. Esta elección es resultado de las reformas constitucionales al Poder Judicial Federal (septiembre 2024) y a las subsiguientes reformas de los Poderes Judiciales locales.
Esta iniciativa revolucionaria tiene como único antecedente de implementación del voto popular para el Poder Judicial la experiencia boliviana que desde 2011 elige a los integrantes titulares y suplentes de los cuatro tribunales nacionales de justicia.
En México, la elección popular de los miembros del Sistema Judicial es más amplia que la del país andino ya que implica tanto el sistema judicial federal como en los subnacionales. La misma contempla a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de las salas regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito Y 386 jueces de Distrito. En 2027 se completará la renovación total del sistema de impartición de justicia.
Las materias de los juzgados a cubrir en la elección son de tipo civil, penal, mixto civil tutela de derechos humanos, mixto penal tutela de derechos humanos, laboral, familiar, justicia para los adolescentes, civil especializado en extinción de dominio, entre otros.
Muchas más de 3422 candidaturas fueron preseleccionadas por los tres poderes: nominados por el Poder Legislativo, nominados por el Poder Ejecutivo y nominados por el Poder Judicial. Las y los candidatos no contaron con financiamiento público para sus campañas lo cual genera incógnitas acerca de la existencia de un electorado informado.
La propuesta de reforma promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador e implementada por la actual presidente Claudia Scheinbaum está fundada en la necesidad de democratizar la Justicia, de aislar la elección de las y los jueces de las negociaciones políticas y de lograr una Justicia más accesible para las y los ciudadanos.
Desde la oposición se plantea que la reforma tal cual fue implementada politiza aún más la justicia y vulnera la independencia de poderes. Desde la academia expresan preocupación por la idoneidad de los jueces y juezas que resulten electos.
Entre diversos actores de la sociedad civil mexicana y organismos regionales e internacionales se advierte sobre el peligro de la penetración del narcotráfico en el sistema judicial. Claro está, no son ajenos, ni ingenuos, a que no hay garantías de que el sistema judicial vigente no fuese víctima de ese flagelo.
Según el Proyecto de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político “Votar entre Balas” desde 2018 al 20 de mayo de 2025 se han registrado en México 2485 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales. Basado en dichos datos no está demás pensar en el impacto que pueda tener en una elección de quienes deben juzgar los delitos cometidos por dichos actores.
Lo más interesante es que todos pueden estar en lo cierto.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Partamos del diagnóstico común: el acceso a la justicia en México es un problema para la ciudadanía, por los costos y el lenguaje tan técnico y jurídico de sus sentencias. Al igual que en la región, el sistema judicial carece de confianza ciudadana.
Según el Informe Latinobarómetro la confianza en el poder judicial en América Latina ha fluctuado entre 1995 y 2024 entre un máximo del 37% en 2006 y un mínimo de 22% en 2017 para situarse en el 28% en 2024. En México la confianza al poder judicial en 2024 fue del 35%.
La pregunta entonces es: ¿cuál es la mejor solución para recuperar la confianza?
Para ello es interesante ver el comportamiento electoral. Más de 99.7 millones de ciudadanos podrán participar en alguna de las 84,022 casillas que se instalarán en todo el país.
Al día de hoy el electorado está dividido entre quienes irán a votar convencidos de la relevancia de la reforma para la democratización del sistema judicial en México; quienes irán a votar sin ganas en el entendimiento que deben lograr que lleguen las y los más idóneos; los que no irán como signo de rechazo a la Cuarta Transformación; y quienes no irán por la apatía que les generan los procesos electorales como hemos visto en diversas elecciones a escala mundial.
La lectura acerca de lo que implica una alta o una baja participación será diversa de acuerdo a qué sector emita la opinión. Lo cierto es que a diferencia de otros procesos en los que se requiere un mínimo de porcentaje para que sea válido, en esta ocasión, el voto de un solo elector reconoce el resultado. La legitimidad como siempre también será un tema de discusión.
En medio de esta incertidumbre electoral, la única claridad es que a partir del 2 de junio cambiará la Justicia en México y seguramente la experiencia mexicana será estudiada en más de un país de la región y el mundo. Y como toda reforma revolucionaria pasarán algunos años hasta ver los impactos y evaluarlos en clave de fortalecimiento democrático.
