Esta es la lista “neoesclavista” de Gustavo Petro: los senadores que no quieren “que los trabajadores que trabajan después de las 7 de la noche ganen un poco más” Infobae
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una crítica directa hacia varios senadores tras el rechazo a una propuesta legislativa que buscaba aumentar el pago a los trabajadores por las horas laboradas después de las 6 de la tarde, pero el congreso la aprobó desde las 7 de la noche.
En un comunicado, Petro señaló a legisladores de diferentes partidos, afirmando que “votaron por él no. Es decir, no quieren que los trabajadores que trabajan después de las 7 de la noche ganen un poco más”.
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La iniciativa, enmarcada en las reformas laborales del gobierno, planteaba un incremento en los pagos nocturnos como una medida para mejorar las condiciones de los trabajadores.
Según Petro, la negativa de los legisladores refleja una actitud contraria a los avances en derechos laborales.
En ese sentido, subrayó los nombres y filiaciones de algunos de los senadores que votaron en contra, como
- Carlos Farelo, del partido Cambio Radical.
- Liliana Benavides, del Partido Conservador.
- Enrique Cabrales, del Centro Democrático.
- Abraham Jiménez, de Cambio Radical.
- Juan Felipe Lemos, del partido de la U.
- Carlos Meissen, del Centro Democrático.
- Samy Merheg, del Partido Conservador.
Petro enfatizó que esta decisión debe ser recordada por los ciudadanos de las regiones que estos políticos representan.
En declaraciones posteriores, el presidente calificó la postura de los senadores como “una reacción de la gente del siglo XVII tratando de construir esclavismo en Colombia”.
Este comentario se alinea con los mensajes que habitualmente acompañan las reformas promovidas por el gobierno, las cuales buscan reducir las brechas sociales y laborales en el país.
El Senado de Colombia rechaza la consulta popular impulsada por Gustavo Petro
La consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro fue archivada tras no alcanzar la mayoría necesaria en la votación realizada en el Senado el 14 de mayo de 2025.
Según la certificación publicada por la Secretaría General del Senado, un total de 96 senadores participaron en la decisión, de los cuales 47 votaron a favor y 49 en contra, lo que resultó en el rechazo de la iniciativa.
Este documento, firmado por Diego Alejandro González González, secretario general del Senado, oficializó el resultado que dejó sin efecto la propuesta presidencial.
La iniciativa había sido presentada el 1 de mayo de 2025 y registrada en la Gaceta del Congreso número 604 del mismo año. Durante la votación, los senadores emitieron sus decisiones tanto de manera electrónica como manual, y la Secretaría General detalló la distribución de los votos en ambos métodos.
Sin embargo, la falta de una mayoría suficiente selló el destino de la propuesta, que quedó archivada.
El debate en torno a la consulta popular generó tensiones en la plenaria del Senado, donde el ministro del Interior, Armando Benedetti, desempeñó un papel destacado. Tras conocerse el resultado, Benedetti expresó su desacuerdo con el conteo de votos, señalando presuntas irregularidades.
En videos difundidos por el propio ministro, se observa cómo cuestiona el proceso, acusando al secretario general de haber alterado el voto del senador Edgar Díaz, perteneciente al partido Cambio Radical.
A través de su cuenta en la red social X, Benedetti manifestó su rechazo a lo ocurrido, aunque el texto proporcionado no incluye detalles adicionales sobre sus declaraciones o las acciones que podría tomar en respuesta. La controversia en torno al conteo de votos y las acusaciones de manipulación han añadido un nuevo capítulo a las tensiones políticas que rodean la administración de Gustavo Petro y su relación con el Congreso.
La consulta popular, cuyo contenido específico no se detalla en el documento, representaba una de las iniciativas clave del presidente Petro. Su archivo refleja las dificultades que enfrenta el mandatario para consolidar apoyo legislativo en un Senado dividido. La votación y las posteriores acusaciones de irregularidades subrayan los desafíos políticos y administrativos que continúan marcando el panorama legislativo en Colombia.
