La ofensiva de España por el catalán no cuaja en Europa: Bruselas aplaza la decisión tras dudas legales, económicas y el bloqueo del PP Infobae

A pesar de las intensas negociaciones mantenidas en las últimas horas —y meses—, por parte del Gobierno de España con sus socios europeos, la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE tendrá que esperar. El Consejo de Asuntos Generales, el Foro de ministros de la UE donde se tratan diversos asuntos europeos, ha decidido posponer la votación ante la previsible falta de apoyos del resto de capitales.

El aval era difícil de conseguir, ya que la iniciativa requería unanimidad entre Los Veintisiete y, horas antes de la votación, ya se reflejaron públicamente divisiones en hasta una docena de países, desde los que han argumentado que la propuesta implicará grandes gastos adicionales en traductores y logística hasta los que justifican su ‘no’ en razones políticas.

La disputa política en Madrid, una vez más, ha elevado la tensión en las instituciones europeas. Por un lado, los socialistas han tratado de recabar apoyos para sacar adelante la medida, dirigiéndose directamente a las capitales. Por el otro, los populares han hecho lo propio para tumbar la medida, ya que tienen dudas sobre su viabilidad económica y jurídica, al tiempo que consideran que “no es el momento” dado el objetivo de simplificación marcado por la Comisión. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado implicado también en las negociaciones, conocedor de que el aval de la iniciativa es crucial para su estabilidad parlamentaria.

Illa critica la “labor obstruccionista” del PP

Después de conocerse la decisión, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado la decisión y se ha mostrado optimista con que la medida, tarde o temprano, verá luz verde: “Obtener la unanimidad no es fácil”, ha lamentado el socialista. El líder catalán ha agradecido la labor negociadora del Gobierno y ha cargado contra los de Alberto Núñez Feijóo, quienes ha acusado de “actitud obstruccionista”.

“Interpelo directamente a su responsable [refiriéndose a Feijóo], que ha trabajado para que una lengua no sea oficial en Europa. Es ciertamente difícil de esperar. Lo vamos a conseguir, tengo plena confianza en que vamos a trabajarlo y hoy estamos más cerca de conseguirlo que hace unas semanas”. Desde el PNV argumentan que ahora Feijóo tendrá que “explicar a los vascohablantes por qué han puesto toda esa maquinaria en nuestra contra”. Junts, por el momento, no se ha querido pronunciar sobre la decisión.

Un compromiso político y un mar de dudas

La oficialidad del catalán ha sido uno de los compromisos políticos que el Gobierno acordó con Junts para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados el pasado agosto de 2023. Asimismo, el líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, estableció el aval a la lengua como requisito fundamental para mantener un diálogo fluido con el PSOE.

Con la esperanza de convencer a los líderes europeos más reticentes, España incluyó en su propuesta una derogación para aplazar sin fecha la traducción de la gran parte de los actos jurídicos del bloque, y a costa de renunciar a que sea el presupuesto común el que costee su aplicación.

Pero las conversaciones no han convencido del todo a las capitales. A su llegada al consejo, el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia expresó sus dudas legales y económicas sobre la medida: “Espero que no tengamos que votar hoy, sigue habiendo preocupación en los servicios jurídicos del Consejo y es algo que tenemos que tomarnos muy en serio”.

Suecia, Croacia y Austria también han mostrado su desconfianza, afirmando que la medida todavía no era “madura” para debatirse en serio. De los 27 socios europeos, Dinamarca y Eslovenia han sido los únicos países que han respaldado la medida abiertamente. “Dinamarca no se interpondrá en el camino para alcanzar un consenso en el Consejo sobre esta cuestión”, adelantó la ministra danesa.

Según una información del diario Financial Times, el Ejecutivo español llegó a amenazar a los países bálticos con vincular el reconocimiento de las lenguas minoritarias con el compromiso de España con la Defensa. No obstante, el ministro de asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido esta información.

España defiende que asumirá los costes de las traducciones

La postura que defienden desde Moncloa y Barcelona es que la medida está “bien fundamentada”, ya que responde a una identidad nacional plurilingüe como es la española, en la que alrededor de 20 millones de personas hablan en lenguas cooficiales, aproximadamente el 40% de los españoles. La cifra es superior, por ejemplo, a idiomas reconocidos como el maltés, el letón o el sueco, si a número de hablantes se refiere.

El reglamento europeo prevé que todas las lenguas reconocidas -24 hoy en día- sean idiomas de uso y de trabajo en todas las instituciones comunitarias y que el coste de su aplicación se financie con el presupuesto de la Unión Europea. Y esta fue una de las razones por las que países como Italia han mostrado sus reservas. En un estudio preliminar el pasado 2023, Bruselas cifró en 132 millones el coste de oficializar el catalán, el euskera y el gallego en la UE, basándose únicamente en la experiencia del gaélico. España se comprometió a asumir los gastos.

La “caja de Pandora” de los idiomas europeos

Las reticencias de las capitales no solo emanan de las dudas económicas, sino del temor a que el reconocimiento de lenguas minoritarias abra la caja de Pandora, es decir, al resto de lenguas europeas minoritarias que quieren hacerse un hueco en la UE.

La viceministra de Asuntos Europeos Marilena Raouna aseguró que su país ha apoyado “sistemáticamente” la iniciativa española, pero expresó su temor a que el catalán pueda sentar un precedente indeseable en la política interna de Chipre, como lo es el reconocimiento del turco, un idioma minoritario en este país: “Es de suma importancia que todos los Estados miembros estén de acuerdo y que esta situación no cree un precedente”, señaló.

Las mismas dudas también han llegado desde Francia, ya que este país rechaza el reconocimiento oficial de sus 75 lenguas autóctonas, entre ellas el euskera el bretón o el occitano. Pero París tampoco ha pretendido tumbar una iniciativa de Madrid, y por eso tampoco se han mostrado en su contra. El secretario de Estado para Europa francés, Benjamin Haddad, defendió la necesidad del “consenso” y que de que todo se haga respetando los tratados. “Estamos trabajando junto con nuestros amigos españoles y por supuesto respeto la importancia que tiene para ellos”, ha agregado.

Ahora, el Gobierno seguirá trabajando y marca en rojo la próxima presidencia rotatoria del Consejo de la UE, de la que tomará el relevo Dinamarca. Por el momento, preguntada sobre si se incluirá esta cuestión en la agenda, la ministra de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerreseñala que no es el momento: “no es fácil decirlo ahora mismo”.