Cayó proyecto de justicia tarifaria y alertan “jugadita calculada” que afecta a usuarios de energía en la costa Infobae
El intento por reformar las tarifas del servicio eléctrico en Colombia no logró avanzar en el Congreso. Este martes 27 de mayo, el senador Antonio Correa anunció que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes decidió archivar el proyecto de ley 2020 de 2024, conocido como de ‘justicia tarifaria’.
Esta iniciativa tenía como objetivo introducir modificaciones a los cobros actuales del servicio de energía, con especial énfasis en el impacto que han tenido sobre los usuarios del Caribe colombiano.
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La decisión ha generado descontento en regiones donde persisten las quejas por los altos precios del suministro eléctrico. El senador Correa, quien lideraba la propuesta legislativa, expresó su inconformidad por la forma en que se manejó el trámite de la iniciativa.
“Le dieron la espalda al clamor ciudadano, programando audiencias en ciudades que no sufren las alzas tarifarias como nuestra región”, manifestó el congresista, al referirse a los escenarios donde se realizaron las discusiones previas del proyecto.
El hundimiento de la propuesta se produce a escasas semanas del cierre del actual periodo legislativo, previsto para el 20 de junio. Según explicó Correa, este calendario fue determinante para que no se lograra avanzar en el debate requerido.
A juicio del senador, la responsabilidad recae directamente sobre dos representantes que integran la Comisión Sexta. “Fue una jugadita calculada con consecuencias para el bolsillo de la región Caribe”, expresó, mencionando por nombre a los congresistas Ciro Rodríguez y Daniel Carvalho.
El proyecto buscaba eliminar el cobro por pérdidas técnicas en la prestación del servicio de energía, uno de los factores que ha sido objeto de múltiples críticas en distintos sectores sociales y políticos.
Además, se proponían medidas como la clarificación en los ítems de facturación y la exclusión del cobro de alumbrado público para los usuarios de menores ingresos.
Con la decisión de archivo, estos cambios no se implementarán. “Los estratos 1 y 2 seguirán pagando alumbrado público y no habrá incentivos para energías renovables. Denunciamos el cabildeo de monopolios del alumbrado público y comercializadoras que siempre encuentran eco en el Congreso. La frustración es evidente: nuestro proyecto se ha hundido por falta de trámite”, aseguró Correa.
En regiones como la costa Caribe, el inconformismo con las tarifas eléctricas ha sido constante. A pesar de múltiples anuncios de soluciones y ajustes, varios hogares siguen enfrentando dificultades para cubrir el costo mensual del servicio. A esto se suma la deuda acumulada por el esquema de opción tarifaria, implementado como una medida temporal durante la pandemia, que aún no ha sido resuelta completamente.
El senador también hizo énfasis en el estado financiero de las empresas distribuidoras y comercializadoras, que enfrentan retos de liquidez debido a los subsidios que el Estado aún no ha transferido de forma completa. Esta situación ha repercutido en su capacidad para adquirir energía y mantener la prestación del servicio de manera regular.
Otro de los puntos del proyecto se centraba en la promoción de fuentes de energía no convencionales. Sin embargo, con la eliminación del trámite legislativo, no habrá nuevos incentivos dirigidos a fomentar la adopción de alternativas como la energía solar o eólica, que han sido consideradas por algunos sectores como una posible solución a largo plazo para aliviar los costos del sistema.
Durante los últimos meses, Correa había liderado una serie de encuentros regionales con comunidades, gremios y autoridades locales para construir una propuesta que recogiera las demandas de los ciudadanos. En esas reuniones, según afirmó, se recabaron múltiples testimonios de personas que manifestaron dificultades económicas derivadas de los pagos mensuales del servicio eléctrico.
La propuesta de justicia tarifaria fue presentada como una opción para corregir distorsiones en la forma como se calculan y aplican los cobros. Sin embargo, no logró avanzar en su curso legislativo ante la falta de discusión en la comisión correspondiente.
En paralelo, organizaciones sociales y ciudadanos han reiterado sus preocupaciones sobre el sistema actual de tarifas, al considerar que no se ajusta a la realidad socioeconómica de varias regiones del país. Por ahora, la posibilidad de revisar el modelo tarifario queda en suspenso, en tanto no se impulse una nueva iniciativa que retome los elementos propuestos.
Con el archivo del proyecto, se mantienen las condiciones actuales del sistema de facturación y no habrá cambios inmediatos en la política tarifaria. El senador Correa indicó que insistirá en la necesidad de reabrir el debate, aunque esto deberá esperar hasta el próximo periodo legislativo.
