El novio de Ayuso se desvincula del correo en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales y por el que se investiga al fiscal general Infobae
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho al juez que no dio su consentimiento a su abogado para enviar el correo del 2 de febrero de 2024 en el que este reconocía a la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales, por el que se investiga al fiscal general.
González Amador, que ha declarado durante una hora y cuarto en el Tribunal Supremo, se ha desvinculado así de la actuación de su entonces letrado Carlos Neira porque entiende que no hay facturas falsas, ni fraude ni sociedad interpuesta. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado en su declaración ante el magistrado que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien pidió su citación para que declarase como querellante por las presuntas filtraciones que le atribuye.
González Amador ha llegado a las 10.00 horas a la sede del alto tribunal, donde le esperaban más de una decena de periodistas. Su declaración, sin embargo, no ha empezado hasta media hora después, a las 10.30 horas, cuando estaba fijada la citación, y ha durado aproximadamente una hora y 15 minutos.
El novio de Díaz Ayuso se ha desvinculado del correo electrónico que Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 al fiscal Julián Salto -quien le investigaba por presuntos delitos fiscales- ofreciendo reconocer dichos delitos a cambio de un pacto con la Fiscalía. Según ha dicho, el letrado redactó y envió dicho email sin su consentimiento. Se trata del correo que presuntamente habría filtrado a la prensa el fiscal general del Estado, investigado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador.
A petición del fiscal general
La Abogacía del Estado, que defiende tanto a García Ortiz como a la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, reclamó desde un principio que González Amador acudiera al Supremo para ratificar su querella, pero el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, lo denegó. Para ello, alegó dos razones: “por no ser habitual”, dado que el testimonio del querellante “viene a resultar perjudicial para el acusado”; y “porque su posición ya viene prefijada en la querella” y por la actuación de su abogado a lo largo de las pesquisas.
Bajo ese prisma, Hurtado entendió que la testifical de González Amador supondría únicamente “una dilación para la declaración de los investigados”, que finalmente comparecieron el pasado enero. Tanto García Ortiz como Rodríguez recurrieron y la Sala de Apelación del Tribunal Supremo les dio la razón, ordenando a Hurtado que tomara declaración a González Amador.
“Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante”, dijeron los magistrados. A su juicio, el testimonio del querellante puede ser útil para “averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos”, unos contornos que han ido fluctuando desde que comenzaran las pesquisas.
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