Condenan a García Luna a pagar 2,488 mdd por corrupción Meganoticias Tuxpan
Una corte civil de Miami condenó al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar 2 mil 488 millones de dólares por su participación en un esquema de contrataciones ilegales durante su gestión como funcionario público.
La jueza Lisa Walsh emitió la sentencia tras constatar que ninguno de los dos se presentó a defenderse, ni personalmente ni por medio de un representante legal.
La resolución judicial detalla que García Luna deberá restituir 748 millones de dólares, mientras que a su esposa se le atribuye una responsabilidad mayor, con un monto de mil 740 millones de dólares, al considerarse que fue clave en el ocultamiento y transferencia de los recursos.
El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), había solicitado que se les declarara culpables sin juicio, argumentando que los acusados nunca respondieron formalmente a la demanda.
Según la UIF, la red de corrupción encabezada por García Luna permitió que el grupo empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuviera de forma ilícita 30 contratos de seguridad pública en México. El monto desviado supera los 634 millones de dólares, que fueron triangulados a través de paraísos fiscales hasta llegar al estado de Florida, donde se usaron para adquirir propiedades y otros bienes.
La demanda civil contra García Luna fue presentada desde septiembre de 2021 en el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade. En ella se aseguraron inicialmente 19 propiedades vinculadas al exfuncionario y a sus cómplices. De esos bienes, 28 fueron reclamados por el gobierno mexicano, pero 18 ya habían sido vendidos, incluso antes de que iniciara el proceso legal.
Los documentos judiciales afirman que el esquema ilegal operó entre 2012 y 2018, periodo en el que se transfirieron al menos 250 millones de dólares desde el gobierno mexicano hacia cuentas y propiedades en Miami-Dade. En total, García Luna y su red habrían recibido 580 millones de dólares por los contratos obtenidos de manera ilícita.
Cristina Pereyra, aunque se presentó inicialmente con un abogado, no asistió a las audiencias de mediación convocadas desde 2024. Su abogado terminó por abandonar el caso, y ella no dio más señales de participación, lo que influyó en la decisión de la jueza para emitir la condena en su contra.
El fallo representa una victoria legal para el gobierno mexicano en su intento por recuperar parte del dinero público desviado durante el sexenio de Felipe Calderón. Aunque algunos de los bienes ya fueron vendidos, las autoridades seguirán buscando la restitución de los fondos desviados por medio de recursos legales internacionales.
