Patrimonio del Estado defiende la legalidad del traspaso al PNV de un palacete en París Infobae
Madrid, 19 may (EFE).- El director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor, ha defendido la legalidad del cambio de titularidad a favor del PNV del edificio de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio y ha destacado que no tiene repercusión presupuestaria.
Según ha manifestado en una comparecencia en la comisión de Hacienda del Senado, esta devolución de la actual sede del Instituto Cervantes en la capital francesa atiende a la aplicación de la ley de Memoria Democrática y el único efecto que ha tenido ha sido contable, ya que se ha dado de baja del listado de inmuebles del Estado.
El Cervantes podrá seguir usando el edificio hasta el 31 de diciembre de 2030 "abonando una renta de mercado", según ha precisado Tejedor, quien ha comparecido a petición de Vox y ha añadido que Patrimonio del Estado no tiene previsto llevar a cabo ningún otro tipo de acción respecto al palacete.
En una comparecencia muy sucinta, Tejedor ha defendido que la decisión de devolver el edificio al PNV procede de una disposición de un decreto ley "con rango de ley" que emana del Gobierno y que fue consolidada por el Congreso de los Diputados.
El senador de Vox, Ángel Gordillo, le ha afeado no haber ofrecido más explicaciones y ha considerado que el cambio de titularidad del edificio "es una muestra más de la necesidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de mantenerse en el poder" y forma parte del "mercadeo" con otras formaciones.
Gordillo ha acusado al Gobierno de ocultar los informes en los que se apoyó para tomar la decisión y ha aludido a varias sentencias de tribunales, tanto españoles como franceses, en los años 40 y 50, además de una sentencia de 2003 del Tribunal Supremo, que, ha dicho, "niegan la legitimidad" de la medida.
Por su lado, Carlos Polanco, del PP, ha compartido que esperaba más de la comparecencia de Tejedor y ha criticado al Gobierno por su ejercicio de "memoria selectiva" y por llevar a cabo "la transparencia de manera bastante opaca".
Además, ha matizado que el edificio había que devolvérselo al gobierno vasco en el exilio, "no al PNV" y que el Ejecutivo ha entregado un símbolo de proyección cultural de España en el exterior, valorado en 15 millones de euros, y ahora el Cervantes tiene que pagar casi un millón de euros al año para seguir usando el edificio.
Todo ello, ha añadido, "a espaldas de la legalidad, la transparencia y el interés general".
Por su lado, la senadora del PNV, María Dolores Etxano, ha insistido en que su formación es el legítimo propietario del inmueble y ha recordado que este acuerdo ya se había alcanzado con gobiernos anteriores, pero hasta ahora no se había ejecutado.
"Está documentado que el PNV adquirió el inmueble en 1936, fue incautado por los nazis en 1940 y entregado al franquismo", ha expuesto Etxano, quien ha apuntado al "escaso rigor histórico y conocimiento de las leyes de memoria democrática" de Vox, que, ha adelantado, no quedará satisfecho con ningún tipo de explicaciones que puedan darse sobre este asunto.
"Reconocer y reparar" a las personas represaliadas -ha añadido- "no es revanchismo, es justicia".
En la misma línea se ha expresado Mario Soler, del PSOE, quien ha subrayado que el edificio era del PNV y que Vox "va a seguir erre que erre" en un "diálogo de besugos", por muchas explicaciones que se den. EFE
