Ley de Noboa contra economía criminal "legaliza vulneración de derechos", dice correísmo Infobae
Guayaquil (Ecuador), 18 may (EFE).- Asambleístas del movimiento correísta Revolución Ciudadana de Ecuador expresaron su rechazo al proyecto de ley enviado al Parlamento el sábado por el presidente Daniel Noboa para "desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno" que el mandatario declaró a inicios de 2024, y señalaron que pretende "legalizar la vulneración de derechos humanos".
"El proyecto de ley del presidente Noboa incluye medidas que generan serias dudas sobre su constitucionalidad y el respeto al debido proceso. La propuesta de allanamientos sin orden judicial es especialmente alarmante: abre la puerta a abusos institucionalizados (...) En resumen, una legalización de la vulneración de derechos ciudadanos", escribió en su cuenta de X la asambleísta Paola Cabezas.
"Lejos de trabajar por la paz, la seguridad y la reactivación económica del Ecuador, se pretende provocar aún más horror del que ya enfrenta el pueblo ecuatoriano", dijo el asambleísta por la provincia costera de Manabí Fernando Cedeño.
En ese mismo sentido se pronunció el legislador Santiago Díaz, quien mencionó que la ley busca "legalizar la violación de derechos humanos", mientras que la asambleísta Liliana Durán señaló que la propuesta del presidente "criminaliza la defensa de derechos", viola "principios constitucionales" y "ni siquiera cumple con los criterios de urgencia económica".
Por su parte, el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), líder de la Revolución Ciudadana, dijo este domingo que uno de los artículos del proyecto de ley no solo "aparta" al Ecuador "del derecho internacional", sino también "de algo llamado civilización".
El proyecto de ley
La propuesta enviada por Noboa a la Asamblea Nacional (Parlamento), presidida por el oficialismo, "establece medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como a proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas", señaló el Gobierno en un comunicado.
El proyecto de ley busca que se establezca la autorización del uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, que se califique a los delincuentes como combatientes y que el presidente pueda anunciar que indultará a policías o militares procesados por hechos relacionados con el conflicto aún cuando los casos estén en investigación.
Además, propone medidas de protección de la economía formal a través de incentivos a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales.
El proyecto plantea reformas al código penal para tipificar como delito la pertenencia a un grupo armado organizado, lo que será sancionado con hasta 26 años de prisión, mientras que quienes dirijan o financien a estas organizaciones podrán recibir condenas de hasta 30 años de cárcel.
Asimismo, busca que se imponga "como regla general en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno" la prisión preventiva para los detenidos y que los allanamientos se realicen con "control posterior de un juez".
También se detallan reformas a la Ley de Régimen Tributario y a otras normativas relacionadas con la seguridad y el lavado de activos.
Noboa declaró en 2024 el estado de "conflicto armado interno" con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado locales a las que pasó a denominar como "terroristas" y que son las principales causantes de la escalada de violencia que llevó al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios en 2023.
Y aunque el año pasado hubo una reducción de los homicidios, en 2025 la violencia ha vuelto a repuntar hasta alcanzar el promedio de un asesinato por hora, el inicio de año más violento de la historia de Ecuador. EFE
