Paga Tamaulipas litigios privados para gobernador morenista Américo Villarreal Vanguardia.com.mx
18 de Mayo, 2025 12:20
El Gobierno de Tamaulipas contrató a un despacho de abogados al que le pagó 23.
2 millones de pesos para litigar asuntos personales y partidistas del Gobernador morenista Américo Villarreal.
Entre los casos que el Bufete Olea y Asociados, encabezado por Víctor Olea Peláez, se ha encargado de litigar, está una denuncia contra el ex Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, para evitar que pudiera competir el año pasado por una curul del Senado, un caso electoral pagado con recursos del Gobierno del estado.
Olea Peláez, quien fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, también fungió como asesor jurídico del partido Morena en una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra García Cabeza de Vaca.
TE PUEDE INTERESAR: Tumban a jefes aduanales por socios huachicoleros, tras decomiso histórico de 10 millones de litrosDentro del expediente FED/FECOC/FEIDCSAJ-TAMP/0001611/2024, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en ese entonces representante de Morena ante el INE, pidió que se reconociera a Olea Peláez y otros integrantes de su bufete como sus asesores jurídicos.
“Reitero el nombramiento de asesores jurídicos de mi mandante a favor de los licenciados Víctor Olea Peláez.
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Ricardo Cervantes Sánchez.
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Rodrigo Portillo Orozco.
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Guadalupe Ricardo Serna Velázques”, pidió Gitiérrez Luna al Ministerio Público en un escrito fechado el 26 de junio de 2024.
El Gobierno de Tamaulipas contrató en 2023 al despacho de Olea Peláez para representarlo en distintos juicios de orden penal, mercantil, civil, administrativo y de amparo.
TE PUEDE INTERESAR: Dice Américo Villarreal no haber sido notificado de revocación de visa estadounidenseLa Secretaría de Finanzas estatal pagó 23.
2 millones de pesos por los servicios prestados conforme cuatro facturas emitidas en junio, agosto, septiembre y noviembre de 2023, cada una de ellas por un monto de cinco millones 800 mil pesos.
“Servicios profesionales de asesoría jurídica que represente y defienda los intereses del Gobierno del Estado de Tamaulipas ante las instancias jurisdiccionales y de procuración de justicia federales”, señala la descripción del servicio contratado.
De acuerdo con registros judiciales, el bufete de Olea Peláez se ha encargado de litigar en distintas instancias asuntos relacionados con García Cabeza de Vaca, quien fue Gobernador del estado de 2016 a 2022.
TE PUEDE INTERESAR: Desmienten revocación de visa a Américo Villarreal, gobernador de TamaulipasEn uno de los casos, actuando en nombre de Villarreal, presentó en febrero del año pasado una denuncia ante la FGR en la que acusó a García Cabeza de Vaca de uso de documento falso para acreditar su residencia en el Ayuntamiento de Reynosa, durante el proceso electoral del año pasado.
Pese a que la víctima presuntamente era el estado de Tamaulipas, no se estableció cuál sería la afectación al Gobierno del estado.
En 2023, coincidentemente, el despacho de Olea Peláez, financiado por el Gobierno estatal, representó al empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera y al Grupo Inmobiliario Carmon en una denuncia, también ante la FGR, en contra de García Cabeza de Vaca y el ex Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, Javier Castro, por supuestamente haber fabricado delitos y haberlo obligado a ceder unos predios.
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no a Cecilia Guadiana en Coahuila OTORGAN PODER A BUFETEEl 19 de mayo de 2023, el Gobernador Américo Villarreal acudió ante el Notario Público 324 de Tamaulipas para otorgar un Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor de Olea Pélaez y los litigantes de su despacho.
De acuerdo con la cláusula primera, Villarreal compareció en su calidad de Gobernador y bajo esa figura de titular del Poder Ejecutivo otorgó el poder para ser representado.
Entre las acciones sobre las que se concedió el poder está “solicitar el amparo de la justicia federal” pese a que las autoridades no pueden presentar este tipo de demandas, pues se trata de un recurso legal que se utiliza para proteger los derechos humanos de los ciudadanos contra actos o resoluciones de las autoridades.
