Disidencias de ‘Iván Márquez’ estarían traficando droga con códigos QR: Autoridades incautaron más de dos toneladas Infobae

Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Colombia continúan adaptándose a los desafíos del entorno mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que optimizan sus operaciones, dificultan la labor de las autoridades y demuestran una creciente sofisticación en la logística del delito transnacional.

Un reciente operativo en el departamento de Casanare ilustró esta tendencia. El 10 de mayo, tropas del Ejército detuvieron dos camionetas en un puesto de control sobre la vía entre el casco urbano de Paz de Ariporo y el corregimiento de La Hermosa. En los vehículos viajaban tres hombres y una mujer, quienes transportaban 2,5 toneladas de marihuana tipo cripa y 316 kilos de cocaína empacados en bloques. Una particularidad del cargamento fue que varios de estos bloques llevaban impreso un código QR, lo que llamó la atención de los uniformados.

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Al escanear los códigos, los soldados accedieron a una imagen digital de una tortuga decorativa con gafas, ubicada frente a una ventana desde la cual se apreciaban edificios de arquitectura europea. Aunque no se ha establecido públicamente el significado preciso del contenido, el hallazgo refuerza la hipótesis de que estos elementos funcionan como marcas o identificadores de los envíos, especialmente cuando un mismo embarque incluye mercancía de diferentes proveedores o destinos.

Según fuentes de inteligencia militar, los detenidos estarían vinculados al frente 53 de las disidencias de las Farc, facción que opera bajo el paraguas de la organización conocida como Segunda Marquetalia, liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, desde Venezuela. Las autoridades sospechan que el cargamento tenía como destino final Europa, tras un paso por territorio venezolano.

El uso de códigos QR se suma a una serie de herramientas tecnológicas que los narcotraficantes han incorporado para eludir los controles y reforzar sus estructuras operativas. La Dirección Antinarcóticos de la Policía ha documentado, por ejemplo, casos en los que se emplean sistemas de posicionamiento global para facilitar el transporte marítimo de la droga.

En operaciones recientes, se ha identificado que las lanchas rápidas que parten desde la costa colombiana no llegan directamente a sus destinos en tierra, sino que lanzan al mar los paquetes con droga a pocas millas náuticas de la costa. Los receptores acceden a la ubicación exacta mediante un sistema de geolocalización, activado a través de una aplicación en sus teléfonos móviles, para recuperar la carga sin contacto directo con los transportadores.

Uno de los dispositivos utilizados para esta tarea es el Spot Trace, fabricado por una empresa estadounidense, que ofrece monitoreo en tiempo real y detección de movimientos. Tiene una configuración especial para rastreo en entornos acuáticos y puede funcionar durante semanas. Los bloques de droga y los dispositivos de rastreo suelen ser sellados en materiales impermeables para garantizar su flotabilidad y preservar su funcionalidad.

Otros actores del crimen organizado han empleado herramientas similares. Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’ y vinculado al Clan del Golfo, recurrió a Zangi para dificultar su localización tras fugarse de una estación de Policía en Cúcuta. También se han identificado aplicaciones como Sky ECC, con funciones de borrado remoto de datos, y Threema, que garantiza el anonimato del usuario y cifra completamente las conversaciones. En el pasado, incluso se ha detectado el uso de Silent Phone, una aplicación desarrollada en Suiza, por parte de narcotraficantes como Yonny Cano Linares, alias Llanero.

Otra dimensión de esta transformación del crimen organizado es el uso creciente de la dark web para la comercialización de drogas y armas. Uno de los casos más emblemáticos es el del ciudadano alemán Patrick Schmitz, capturado en julio de 2024 en Santa Marta con fines de extradición. Schmitz operaba desde una cabaña en Taganga, coordinando exportaciones de cocaína a Estados Unidos y Europa mediante plataformas digitales, sin necesidad de desplazarse a zonas de producción o puertos. Parte de sus ingresos eran blanqueados mediante inversiones en criptomonedas.

Según estimaciones oficiales, el cargamento incautado en Casanare habría representado pérdidas cercanas a los 5.800 millones de pesos para la organización responsable. El caso evidencia que, pese a los avances de los grupos criminales, las autoridades aún cuentan con herramientas y recursos para obstaculizar sus operaciones. La carrera tecnológica entre el crimen y la ley sigue abierta.