Un informe presentado en la OEA desnuda el aparato represivo de Maduro, sus vínculos con Putin y los negocios ilegales del régimen caribeño Infobae
(Desde Washington, Estados Unidos) Un informe de 108 páginas presentado por el Instituto CASLA en la Organización de Estados Americanos (OEA) desnuda el sistema de represión ilegal montado por Nicolás Maduro, los vínculos entre la dictadura caribeña y Vladimir Putin, y los negocios que emprende la nomenclatura venezolana con las bandas delictivas que operan en América Latina.
El dossier fue presentado por Luis Almagro -secretario General de la OEA- y Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA.
“Una vez más queda aprobado el carácter totalitario del régimen. Un orden político en el que ninguna instancia estatal es autónoma del jefe o ejecutivo”, afirmó Almagro.
“La persecución, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada y la violencia sexual contra la población civil y militar son algunos de los crímenes que se están cometiendo en Venezuela”, completó Suju en la presentación.
Al comienzo del Informe se hace una descripción exhaustiva de la dictadura en Venezuela, que es apoyada por Rusia, China e Irán.
“La actual configuración del poder en Venezuela no puede analizarse únicamente como un régimen autoritario tradicional, ni siquiera como un Estado fallido, es una Tiranía que además funciona como una estructura criminal transnacional, cuyas instituciones han sido capturadas y utilizadas sistemáticamente para la represión interna, el saqueo de recursos, el narcotráfico, el lavado de activos y la cooperación con actores ilícitos globales”, sostiene el Instituto CASLA.
Y añade: “Esta estructura no es producto de una fusión reciente entre el poder estatal y el crimen organizado: el propio aparato estatal ha sido moldeado deliberadamente como una red criminal vertical, bajo el control de una cúpula político-militar que utiliza los órganos judiciales, de inteligencia, policiales y militares para garantizar su impunidad y perpetuación en el poder”.
A continuación, el informe revela la matriz de negocios ilegales del régimen caribeño y su vinculación con los delitos trasnacionales que se cometen en América Latina:
- “Los promotores de la revolución bolivariana son los nuevos ricos, los nuevos hacendados de grandes fincas en todo el país, propietarios de empresas, de plantas de Oro, de bienes inmuebles, puestos a nombre de sus amigos y testaferros, generalmente personas poco conocidas en la vida pública o, por el contrario, personas de renombre en el mundo empresarial trasnacional que les cuidan el dinero mal habido, le realizan los movimientos bancarios y las inversiones”.
-“Mientras la violencia política se expande, Venezuela ha llegado a ser uno de los epicentros del crimen organizado en América Latina. La posición geográfica del país, su cercanía a las rutas internacionales de drogas y la debilidad de las instituciones, han permitido la infiltración de carteles de narcotráfico, guerrillas y otros grupos armados ilegales en el país. Estos actores no solo operan dentro de las fronteras de Venezuela, sino que han establecido fuertes vínculos con las élites gubernamentales”.
-“El Cartel de los Soles, un término que hace referencia a los altos funcionarios del gobierno vinculados al narcotráfico, es una de las manifestaciones más claras de la simbiosis entre el régimen venezolano y el crimen organizado. A través de conexiones con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, el narcotráfico venezolano ha prosperado.
-“Los grupos criminales hechos en revolución han trascendido las fronteras al punto de convertirse en organizaciones que llegan a países latinoamericanos con la intención de convertirse en los amos las organizaciones criminales nacionales dedicadas a la extorsión, al de secuestro, a la trata de mujeres y niños y la prostitución".
En relación a las alianzas estratégicas de Venezuela con ciertos actores globales, el informe de CASLA ratifica la agenda de inteligencia y seguridad de Cuba en favor de Maduro y resalta la influencia de Vladimir Putin en la toma de decisiones del régimen caribeño.
En este sentido, el dossier presentado en la OEA establece:
“Rusia ha desempeñado un papel significativo en la captura del Estado venezolano a través de diversas acciones que han fortalecido al régimen de Nicolás Maduro. Algunos de los aspectos clave de la influencia rusa en Venezuela incluyen:
- Apoyo político: respaldado al régimen de Maduro en foros internacionales, como las Naciones Unidas, defendiendo su soberanía y criticando las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países.
- Acuerdos bilaterales: ambos países han firmado múltiples acuerdos en áreas como energía, defensa, agricultura y tecnología.
- Asistencia militar: Rusia ha proporcionado asistencia militar a Venezuela, incluyendo la venta de armas, aviones de combate, sistemas de defensa aérea y vehículos blindados y la formación de las fuerzas armadas. Esto ha fortalecido la capacidad del régimen para reprimir la disidencia y mantener el control, también ha desplegado temporalmente personal militar.
- Cooperación económica: ha invertido en sectores estratégicos de la economía venezolana, principalmente en la industria petrolera. Esto ha incluido acuerdos para la reestructuración de la deuda y la explotación conjunta de recursos, lo que ha ayudado a sostener la economía venezolana en medio de la crisis.
- Asesoría y apoyo estratégico: Rusia ha enviado asesores y expertos para ayudar en la planificación y ejecución de estrategias políticas y militares, contribuyendo a la consolidación del poder de Maduro.
- Alianzas geopolíticas: La relación con Venezuela forma parte de la estrategia de Rusia para fortalecer sus alianzas en América Latina, una región donde busca contrarrestar la influencia de Estados Unidos y sus aliados en la región".
A lo largo de sus páginas, la presentación explica los métodos de represión del régimen, enumera los centros clandestinos de detención y describe el sistema ilegal de inteligencia militar y civil, que es clave para la preservación del terror estatal en Venezuela.
En este contexto, el informe de CASLA hace hincapié en las normas arbitrarias que sancionó la dictadura para perpetuarse en el poder.
“En Venezuela, los delitos como ´Traición´, ´Conspiración´, ´Instigación al Odio´, ´Asociación para delinquir´ y ´Terrorismo´ son un ejemplo de esto, y han sido utilizados para acusar a miles de personas, detenerlas y judicializarlas, incluso por ejercer su profesión, como el caso de abogados y periodistas, o por expresar su descontento, manifestar para defender los DDHH suyos o de otras personas, denunciar arbitrariedades o corrupción del régimen", describe el dossier.
Y a partir de la página 42 del informe, se detallan los distintos instrumentos legales que sancionó el régimen caribeño para reprimir a la oposición venezolana:
-“Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012). Esta ley les ha permitido perseguir y castigar a centenas de ciudadanos venezolanos y extranjeros, quienes han sido acusados de supuestamente ´conspirar contra el orden constitucional´ y de ´cometer actos terroristas´“.
-“Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017). Esta ley es una de las más controversiales del régimen, ya que se ha utilizado ampliamente para criminalizar la disidencia y reprimir las protestas y la libertad de expresión y establece severas sanciones para aquellos que difundan discursos que el gobierno considere de odio, discriminación o incitación a la violencia".
-“Ley de Protección del Derecho a la Vida y a la Integridad de las Personas: ley que fue promulgada en 2013 y su principal objetivo según el régimen era garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente en lo que respecta a la integridad física y la vida. Pero por supuesto, ha sido manipulada políticamente, y utilizada para justificar la represión de activistas y para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la libertad política".
-“Ley de Regularización y Control de la Actividad de los Partidos Políticos (2018). Ley de Regularización y Control de la Actividad de los Partidos Políticos ha sido una herramienta fundamental en la estrategia del gobierno de Maduro para consolidar su dominio sobre el sistema político y eliminar a la oposición de una manera legalmente justificada.
-“Ley de Ciberseguridad (2021): La Ley de Ciberseguridad, promulgada en 2021, establece medidas estrictas para controlar y monitorear las actividades en línea. A través de esta ley, el régimen venezolano tiene el poder de bloquear páginas web, controlar las redes sociales y perseguir a quienes publiquen contenido “desestabilizador”.
-“Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines (2024) fue aprobada el 15 de agosto del 2024, 3 semanas después que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando sucedían manifestaciones y protestas por el desconocimiento del triunfo de Edmundo González en dichas elecciones, centenas de personas estaban siendo buscadas, arrestadas y encarceladas por haber participado de alguna forma en la estructura organizativa del Comando Con Venezuela".
El informe concluye con un reclamo explicitó de justicia contra Maduro y sus socios del régimen venezolano.
“La Corte Penal Internacional debe actuar con urgencia, ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder”.
