Remesas Excelsior

El anuncio del avance legislativo en Estados Unidos para imponer un impuesto de 5% a las remesas enviadas por migrantes ha encendido las alarmas en México y en la propia comunidad internacional.
La reacción del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido contundente: la medida es discriminatoria, injusta, y viola el tratado bilateral para evitar la doble tributación firmado en 1994.
Tanto la Secretaría de Hacienda como la Cancillería, el embajador Esteban Moctezuma y el encargado de las relaciones con América del Norte, Roberto Velasco, han movilizado todos los recursos diplomáticos para frenar lo que consideran un golpe directo a millones de familias mexicanas y a la relación bilateral.
Sheinbaum ha calificado la propuesta como “inaceptable” y “anticonstitucional, incluso en EU”, subrayando que los migrantes mexicanos ya pagan impuestos en ese país.
El Senado mexicano, en una rara muestra de unanimidad, ha respaldado esta postura, argumentando que la medida supondría una doble tributación sobre el ingreso de los migrantes, algo expresamente prohibido por los acuerdos internacionales.
La carta enviada por Moctezuma y Velasco a los legisladores estadunidenses enfatiza que 80% del ingreso de los migrantes permanece en la economía de EU, beneficiando directamente a su población y a su fisco.
El impuesto, de aprobarse, no sólo golpearía a México: India, América Latina y otros países receptores de remesas también serían afectados.
Para México, el impacto sería brutal: las remesas superaron los 64 mil millones de dólares el año pasado, constituyendo la principal fuente de divisas para millones de hogares, sobre todo en las regiones más marginadas.
Un gravamen de 5% podría significar una pérdida de al menos 3,250 millones de dólares anuales para las familias mexicanas.
Pero el daño va más allá de las cifras: se trata de un golpe directo a los hogares más vulnerables, cuya subsistencia depende de ese flujo constante.
Es un bumerán para Estados Unidos.
Paradójicamente, la medida también es una mala idea para el propio gobierno estadunidense.
Los expertos advierten que, lejos de aumentar la recaudación, el impuesto incentivará el uso de canales informales, incluso ilegales, para el envío de dinero, reduciendo la transparencia y dificultando la supervisión financiera.
Además, la expectativa de recaudar 22 mil millones de dólares en una década es poco realista, ya que los remitentes buscarán alternativas para evitar el gravamen, lo que reducirá tanto el flujo formal de remesas como la base gravable.
A esto se suma un efecto colateral: al hacer más costoso y riesgoso el envío de remesas, se desincentiva el trabajo formal y la integración de los migrantes a la economía estadunidense, afectando sectores enteros que dependen de su mano de obra y su consumo.
Como han señalado analistas y diplomáticos,  80% del ingreso de los migrantes se queda en EU y sólo 20% se envía como remesas, por lo que castigar ese pequeño porcentaje es, en el fondo, un tiro en el pie para la economía estadunidense.
Es una batalla política con consecuencias humanas.
El trasfondo de la iniciativa es eminentemente político: se trata de una estrategia republicana para endurecer la política migratoria y enviar un mensaje electoralista en año de comicios.
Pero el costo humano y económico es demasiado alto.
Los migrantes, que ya pagan impuestos y contribuyen al crecimiento de Estados Unidos, serían castigados doblemente, mientras que sus familias en México y otros países quedarían aún más expuestas a la pobreza y la marginación.
En suma, gravar las remesas es una mala idea para México, para los migrantes y, sobre todo, para Estados Unidos.
Es una medida que, en nombre de la recaudación y el control migratorio, sacrifica la justicia, la legalidad y la sensatez económica.
Y, como suele ocurrir, los más vulnerables serían los primeros en pagar la factura.
 Columnista: Yuriria SierraImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0