Cuando el viernes 17 de mayo de 2013 se conoció la noticia de la muerte del genocida Jorge Rafael Videla y sus pormenores, resultó imposible no reparar en el contraste de dos imágenes: la del militar flaco, envarado, de gesto adusto y voz castrense que comandó la etapa inicial y más sangrienta de la última dictadura cívico militar y la del preso que fue encontrado sin vida, sentado con los calzoncillos bajos en un inodoro de la cárcel de Marcos Paz.
Uno de los tres principales ideólogos militares de esa dictadura, nunca se arrepintió de los crímenes que cometió desde la cúpula que comandó el Estado Terrorista instaurado el 24 de marzo de 1976 ni de la represión ilegal de toda oposición, llevada a cabo mediante un plan sistemático que encubrió los asesinatos escenificando falsos enfrentamientos armados y encarceló sin proceso judicial a miles de personas, obligó a otros miles a partir al exilio para salvar sus vidas y dejó un saldo de 30.000 desaparecidos.
Fue también el mascarón de proa con que la dictadura se mostró ante el mundo para justificar un genocidio con el argumento de salvar así a “la sociedad occidental y cristiana” de las garras de “la subversión internacional y sus agentes” dentro de la Argentina. Como comandante en jefe del Ejército, integrante de la junta militar y presidente inconstitucional del país fungió como instrumento del poder económico que instó a las Fuerzas Armadas a hacerse del poder derrocando a un gobierno elegido democráticamente con dos objetivos básicos: la eliminación física de la disidencia política e ideológica, y destruir la economía nacional para encadenar a la Argentina, en una posición de completa dependencia, al sistema financiero internacional.
La solidaridad de ambos objetivos era imprescindible para esa estrategia: en un tablero geopolítico mundial que enfrentaba a los dos grandes bloques, el terrorismo de Estado era una condición necesaria para aplicar un modelo económico que apuntaba a la exclusión de un importante sector de la sociedad. Con el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz –representante de los aliados locales del capitalismo rentístico financiero que comenzaba a manifestarse a nivel global- como fogonero de esas políticas, Videla encabezó su costado más siniestro, el de la muerte.
Cuando un guardia lo encontró muerto sobre un inodoro, tenía 87 años y purgaba una condena a prisión perpetua por ser responsable de llevar adelante un plan sistemático de detención y secuestro de menores en centros clandestinos, ser responsable de homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad, torturas, extorsión y robos agravados. Debía, además, enfrentar nuevos juicios, entre ellos uno por su participación en la instrumentación del Plan Cóndor, la alianza de las dictaduras latinoamericanas para coordinar la represión ilegal en sus territorios.
Nacido en Mercedes el 2 de agosto de 1925, Videla era hijo de un oficial del Ejército que no pudo llevar su carrera más allá del grado de capitán. Lo bautizaron Jorge Rafael, utilizando los nombres de dos hermanos que murieron durante la infancia, antes de que él naciera. Siguiendo los pasos de su padre, ingresó al Colegio Militar el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 como subteniente de Infantería, con compañeros de promoción que luego serían sus subordinados y cómplices en el genocidio perpetrado por la dictadura, como Roberto Eduardo Viola y Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “Pajarito”.
Cursó en la Escuela de Guerra entre los años 1952 y 1954, donde obtuvo el título de oficial de Estado Mayor. El enfrentamiento entre “azules” y “colorados”, en 1962 y 1963, lo encontró del lado de los últimos, finalmente perdidosos, y tuvo la suerte de ser uno de los tres oficiales colorados que lograron evitar la baja, durante los juicios que castigaron la sublevación. No lo consideraron importante. Fue ascendido a coronel en 1966 y luego destinado a Tucumán, donde después de las protestas populares del “Tucumanazo”, el dictador Roberto Marcelo Levingston lo nombró interventor militar de la provincia entre agosto y septiembre de 1970. En 1971 obtuvo el ascenso general de brigada y el dictador Alejandro Agustín Lanusse lo nombró director del Colegio Militar de la Nación.
Hasta allí la típica carrera militar oscura que Jorge Luis Borges supo describir tan bien en una entrevista de esos años: “Viven en el más artificial de los mundos. Un mundo de jerarquías, órdenes, audiencias, arrestos, saludos, marchas, aniversarios, desfiles y ascensos. Si obedecen y hacen la venia, ascienden. Han sido educados para obedecer y se nutren en la esperanza de aumentar el mando. Nada de eso en este mundo se aproxima a la inteligencia”, dijo el autor de “El Aleph”.
Una anécdota protagonizada por Videla cuando era director del Colegio Militar lo pinta de cuerpo entero. Después de una visita a esa institución, Lanusse, acompañado por otros militares y el periodista Claudio Lozano, se despidió de Videla con el típico saludo militar y se fue en helicóptero. Cuando la aeronave estaba a buena altura, el dictador miró hacia abajo y señalando a Videla con un dedo le comentó a Lozano: “Mire al pelotudo ese, todavía sigue ahí, firme y haciendo la venia”.
Fue precisamente esa oscuridad de Videla la que lo catapultó a la mayor jerarquía dentro del Ejército después de la crisis política que se desató dentro de la fuerza en agosto de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Lo dio a entender el entonces ministro de Economía Antonio Cafiero, cuando se refirió a su promoción, tras la destitución de su antecesor, cuestionado por sus subordinados: “El comandante del Ejército Numa Laplane es cuestionado por otros generales y perdió tal autoridad que hubo que reemplazarlo. Lo lógico hubiera sido el que estaba abajo del orden de antigüedad, pero este había producido el levantamiento en Campo de Mayo. Entonces yo le dije a la señora —Isabelita— que esa persona no podía ocupar el cargo. El que seguía en el orden de la lista era Jorge Rafael Videla, de quien recibo información de que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podría encabezar un golpe”, dijo.
Cafiero se equivocaba, y mucho. Desde febrero, Videla y su compañero de promoción Roberto Eduardo Viola venían preparando el golpe con un grupo de altos jefes del Ejército y en coordinación con la Armada y la Fuerza Aérea. Con el ascenso de Videla a la comandancia, los tiempos se aceleraron. En octubre, después del intento de copamiento del Regimiento de Infantería Monte 29, en Formosa, y durante una licencia de Isabel, lograron que el presidente interino Ítalo Argentino Lúder firmara los decretos 2770/75, 2771/75 y 2772/75, que extendieron a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la política represiva de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.
Videla pasó la Navidad de ese año con las tropas que llevaban adelante el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán y desde allí dio un ultimátum al gobierno: “Frente a estas tinieblas la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera, sino que también se ganan. El Ejército argentino, en el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica, deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer el desorden y la inseguridad”, dijo.
Poco antes, en Montevideo, durante una reunión de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de los países de la región, había anticipado el genocidio que se demoraría en iniciar. Ante sus pares, clamó: “En Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país. Esta lucha va a traer abusos y algún que otro error, pero habrá un costo menor en vidas humanas que en un conflicto prolongado”. Con esa premisa letal, la madrugada del 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas argentinas, comandadas por Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, derrocaron a María Estela Martínez de Perón e instauraron la dictadura más sangrienta de la historia del país.
Después del golpe, Videla continuó como jefe máximo del Ejército hasta su retiro, en 1978, durante la etapa más sangrienta del plan sistemático de represión ilegal implementado por la dictadura. No fue su único cargo, ya que el 29 de marzo de 1976, la junta militar lo nombró inconstitucionalmente presidente de la Nación, función que ejerció hasta que fue reemplazado por Roberto Viola en marzo de 1981. Para no extender en exceso esta crónica, conviene repasar su desempeño como dictador a través de sus propias palabras.
En su discurso al asumir la presidencia inconstitucional justificó el golpe y delineó la estrategia represiva que ya se estaba llevando a cabo en las sombras: “El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia (…) Ante esta drástica situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la Nación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y consecuentemente sólo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos, sin tregua, a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento”, dijo.
Quizás su declaración más clara sobre su concepción del país y las supuestas razones que habían hecho necesario el derrocamiento del gobierno constitucional y la represión instrumentada por la dictadura sea la que hizo el 8 de diciembre de 1977 ante un grupo de periodistas británicos. Ese día dejó en claro que los perseguidos no eran solamente los integrantes de las ya destruidas organizaciones armadas peronistas y de izquierda sino todo aquel que pensara diferente. “La Argentina es un país occidental y cristiano, no porque está escrito así en el aeropuerto de Ezeiza; la Argentina es occidental y cristiana porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto. Consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquél que en el plano de la ideas quiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores, cambian, trastocan valores. El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización”, afirmó.
Poco antes se había referido a las consecuencias de que los argentinos debían pagar en esa supuesta lucha por la civilización. “En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. Argentina está finalizando esta guerra y, consiguientemente, debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra”, justificó frente a las primeras denuncias internacionales sobre la desaparición forzada de personas. Volvería sobre el tema con indisimulado cinismo en 1979, al responder a una valerosa pregunta del periodista José Ignacio López.
-El último domingo de octubre el papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un tema que se ha hablado aquí que es el tema de los desaparecidos y los detenidos sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que varias veces se ha dirigido al Papa, si le ha contestado a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el Gobierno más allá que la del tiempo a la que usted hizo mención recién –lo interrogó el periodista López.
-Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido -contestó Videla y sus palabras provocaron indignación en todo el mundo.
Coherente con la disciplina castrense que lo había formateado durante toda su vida, el dictador le dejó su lugar en la Casa Rosada a su sucesor el 29 de marzo de 1981 y se retiró a la vida privada sin hacer después una sola declaración mientras duró el autodenominado proceso de reorganización nacional, que no tenía “plazos sino objetivos”, pero que debió emprender la retirada acorralado por las denuncias internacionales, la profunda crisis económica a la que había sumergido al país y la derrota en la Guerra de Malvinas.Vestido de civil –a diferencia de muchos de sus cómplices– debió sentarse en el banquillo de los acusados durante el Juicio a las juntas militares, del que salió degradado y condenado a prisión perpetua. Sin embargo, pasó solo cinco años en prisión debido a los indultos promulgados por el presidente Carlos Menem en 1990. Debió volver a la cárcel luego de la derogación de los indultos y de que el Congreso anulara las leyes de impunidad del gobierno de Raúl Alfonsín. Durante un tiempo, tuvo arresto domiciliario en su casa de la avenida Cabildo, pero le duró poco por no respetar las condiciones de detención y debió volver a la cárcel, primero en la Unidad 34 de Campo de Mayo y después en la prisión de Marcos Paz.
En diciembre de 2010, cuando se lo juzgaba en Córdoba por delitos de lesa humanidad, volvió a justificar el plan sistemático de represión ilegal de la dictadura: “Debemos admitir que en nuestro país hubo una guerra interna iniciada por los terroristas subversivos que atacaron contra las instituciones. Había que combatir al enemigo”, dijo para, trascartón, asegurar que asumiría “bajo protesta la injusta condena que se me pueda dar”. Su última condena la recibió en julio de 2012, cuando el Tribunal Oral Federal 6 lo sentenció a perpetua al encontrarlo responsable de llevar adelante un plan sistemático de detención y secuestro de menores en centros clandestinos, homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad, torturas, extorsión y robos agravados.
Nunca mostró arrepentimiento y muy pocas veces hizo declaraciones públicas. Quizás la más significativa haya sido la que hizo durante una entrevista que le dio a la revista española Cambio16. Allí, luego de justificar una vez más el golpe de Estado y los métodos de la dictadura, contradijo –quizás involuntariamente– la versión que siempre sostuvieron los responsables del genocidio argentino: que no había registros de su accionar. Su frase fue: “Sabemos quiénes murieron y en qué circunstancias” y no quiso explicar más. Jamás lo hizo y se llevó todos los secretos que guardaba bien temprano a la mañana del 17 de mayo de 2013 cuando murió sentado sobre un inodoro de la cárcel común de Marcos Paz.
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