Susana Villarán: PJ fijó inicio de juicio oral en septiembre por presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS Infobae
El Poder Judicial programó para el martes 23 de septiembre de 2025 el inicio del juicio oral contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima Metropolitana, por su presunta implicancia en el denominado Caso Odebrecht. La audiencia se llevará a cabo en la sede judicial “Carlos Zavala Loayza”, ubicada en el Cercado de Lima, bajo competencia del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
El proceso penal forma parte de las investigaciones derivadas del escándalo internacional de corrupción conocido como Lava Jato. La Procuraduría Pública Ad Hoc, en representación del Estado peruano, participará como actor civil en busca de la reparación por los presuntos actos de corrupción.
La exfuncionaria es acusada de haber recibido aportes ilícitos de las empresas constructoras Odebrecht y OAS para financiar campañas políticas, a cambio de favorecerlas en concesiones públicas durante su gestión (2011–2014).
Según la acusación fiscal, Villarán enfrenta cargos por los delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo propio, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, en diferentes grados de autoría. Junto a ella han sido incluidos 20 acusados adicionales, entre exfuncionarios municipales, asesores, representantes de empresas privadas y ciudadanos extranjeros.
¿Quiénes son los otros investigados?
Entre los principales coimputados figuran José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal, Domingo Arzubialde Elorrieta, exgerente de infraestructura, y Gabriel Prado Ramos, exasesor de seguridad ciudadana. Las imputaciones incluyen el direccionamiento irregular de contratos de gran envergadura, como los de Rutas de Lima y Línea Amarilla, a favor de las mencionadas constructoras brasileñas.
La resolución judicial emitida el 16 de mayo de 2025 indica que, debido a la magnitud del proceso y al volumen probatorio, se ha determinado un periodo de preparación mínimo de cuatro meses. “La instalación del juicio oral ha sido programada considerando la complejidad de la causa y el número significativo de imputados y pruebas”, señala el documento, destacando que el expediente incluye más de 300 testigos y numerosos peritos.
Colaboradores eficaces y aportes de campaña
Asimismo, como parte del sustento fiscal, se han incorporado declaraciones de colaboradores eficaces, uno de los cuales aseguró que los pagos ilícitos fueron canalizados mediante servicios de publicidad y consultoría contratados para la campaña contra la revocatoria del 2013 y la campaña de reelección municipal de 2014. “Estos fondos no fueron declarados ante la ONPE y tenían como objetivo influir en decisiones públicas”, señaló.
La acusación también involucra a nueve personas jurídicas, entre ellas las empresas Momentum, Ogilvy & Mather S.A., Mindshare Perú S.A.C., Constructora Norberto Odebrecht S.A., OAS Perú S.A., y asociaciones como Ciudadanos por Lima y Diálogo Vecinal, las cuales habrían participado en el circuito de financiamiento y encubrimiento de los aportes.
Participación virtual para procesados fuera del país
Por otro lado, el Poder Judicial ha autorizado la participación remota de procesados que residen fuera del país, como el ciudadano brasileño José Adelmário Pinheiro Filho, expresidente de OAS, y el ciudadano peruano Mario Ruas Nogueira, actualmente en México. No obstante, se advierte que, en caso de inasistencia injustificada, los acusados podrán ser declarados contumaces y ser objeto de captura internacional.
El juicio oral contempla también la presentación de informes técnicos, peritajes contables, y declaraciones de expertos propuestos por el Ministerio Público y la defensa. La judicatura evaluará, en su momento, la posibilidad de realizar algunas audiencias de manera virtual, de acuerdo con las directivas vigentes del Poder Judicial.
Este proceso penal se considera uno de los más emblemáticos del sistema judicial peruano por el nivel de las imputaciones, el número de procesados y la relevancia institucional del caso. El desarrollo del juicio será seguido con atención por diversos sectores de la sociedad civil, organismos de control y medios de comunicación, en tanto se busca esclarecer el presunto uso de recursos ilegales en el aparato público.
