Epa Colombia se quedó sin beneficios penitenciarios tras decisión judicial: “Se le están cerrando las puertas” Infobae
Epa Colombia, la reconocida empresaria e influenciadora, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, enfrenta un panorama judicial y económico complicado mientras cumple una condena de más de cinco años en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
En una entrevista con Noticias Caracol, su abogado, Francisco Bernate, señaló que las recientes decisiones judiciales dejaron a la creadora de contenido sin opciones claras para obtener beneficios que le permitan cumplir su pena fuera del centro penitenciario. Además, las dificultades económicas derivadas de su situación legal impactaron tanto a su empresa como a su entorno familiar.
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Barrera fue capturada el 27 de enero de 2025 por agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, tras ser condenada por los delitos de daño agravado a propiedad ajena, alteración del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas. Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron durante el Paro Nacional de 2019, cuando la influenciadora publicó un video en el que se le veía destruyendo una estación del sistema de transporte Transmilenio. Con base en el fallo judicial, Daneidy utilizó un martillo para dañar puertas de vidrio, dispositivos de lectura de tarjetas y otros equipos de la estación Molinos, ubicada en la Avenida calle 51 Sur.
El abogado Bernate explicó en el medio que, tras la captura, los esfuerzos legales se han centrado en buscar alternativas para que la empresaria pueda cumplir su condena en su domicilio. Sin embargo, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá rechazó esta solicitud, argumentando que Barrera no cumple con los requisitos para ser considerada madre cabeza de hogar. El juzgado argumentó que no se identificaron factores de riesgo que justificaran la medida, y se concluyó que las instalaciones de El Buen Pastor cuentan con recursos suficientes, como salas de lactancia, para atender las necesidades de la hija de la ‘influencer’.
Bernate cuestionó esta decisión, señalando que no se tuvo en cuenta el contexto de la comunidad Lgbti+ al evaluar la situación familiar de la empresaria. Según el abogado, el análisis se realizó bajo parámetros aplicables a familias heterosexuales, ignorando las particularidades de las parejas homosexuales, como la que Daneidy conforma con su esposa, Karol Samantha Barbosa.
Además, el legista destacó que la ley de utilidad pública, que permite penas restaurativas mediante trabajos sociales, también fue descartada en este caso. El fallo argumentó que Daneidy no se encontraba en una situación de marginalidad al momento de los hechos, lo que, según el abogado, contradice la interpretación de la norma promovida por el presidente y el ministro de Justicia.
En el ámbito económico, la situación de la influenciadora también es compleja. Su empresa de productos capilares, que llegó a emplear a 350 personas en 2022, ahora enfrenta dificultades operativas. Bernate reveló la compañía es gestionada actualmente por Samantha y otros familiares de Epa Colombia, aunque no se tienen detalles sobre el estado financiero actual del negocio.
A esto se suman las demandas económicas derivadas de los daños ocasionados en la estación Molinos. Durante una audiencia de reparación, Transmilenio solicitó un pago de $467 millones, mientras que Recaudo Bogotá y la aseguradora Chubb Seguros reclamaron $6,5 millones y $146 millones, respectivamente. Cabe mencionar que ella ya había pagado una multa de aproximadamente $300 millones por los mismos hechos.
En la audiencia, Daneidy expresó su disposición a conciliar, aunque calificó las cifras solicitadas como excesivas. “Yo sí deseo conciliar, estoy muy arrepentida, pero me parece un monto muy alto. Yo no puedo pagar toda una estación de Transmilenio”, declaró. Según su abogado, ya se iniciaron conversaciones con Transmilenio para llegar a un acuerdo antes del 26 de mayo.
Mientras tanto, Epa Colombia enfrenta un panorama desalentador dentro de la prisión. Según Bernate, la ‘influencer’ se encuentra devastada por las decisiones judiciales que han limitado sus posibilidades de obtener beneficios penitenciarios. Además, no ha podido trabajar ni estudiar dentro de la cárcel, lo que le impide reducir su condena. “Siente que se le están cerrando las puertas, que se va a tener que quedar allá cinco años”, afirmó el abogado, asegurando que continuará explorando alternativas legales para mejorar la situación de su defendida.
