Persiste desigualdad en Perú: 13,5 millones de niños en hogares con ingresos insuficientes, reporta la ONU Infobae

En medio de un contexto marcado por desigualdades persistentes y desafíos estructurales, el Sistema de las Naciones Unidas desplegó una intervención que atravesó todo el país. Desde las comunidades más alejadas de la Amazonía hasta los distritos periféricos de Lima, la cooperación entre la ONU, el Estado peruano y distintos aliados permitió mejorar el acceso a derechos fundamentales, con énfasis en los sectores de salud, educación, infraestructura y gobernanza.

Durante 2024, más de siete millones de personas lograron acceder a servicios de salud mejorados. Casi medio millón de ciudadanos obtuvieron mejores condiciones en servicios de agua, saneamiento y agricultura. Además, miles de niños y adolescentes participaron en programas de formación y desarrollo de capacidades. A través de estos esfuerzos, la cooperación internacional buscó consolidar una base más sólida para reducir las brechas sociales y responder a las exigencias de un país diverso y complejo.

Estas acciones se enmarcaron en el tercer año del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022–2026, un acuerdo articulado entre el Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno del Perú. El plan responde tanto a las políticas nacionales como a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y prioriza intervenciones estratégicas en igualdad de oportunidades, protección ambiental, productividad inclusiva y fortalecimiento democrático.

“En 2024, las Naciones Unidas trabajaron para sentar las bases de un futuro donde todas las personas ejerzan sus derechos y tengan oportunidades para progresar, en un entorno pacífico y en un medio ambiente sano”, afirmó Rossana Dudziak, Coordinadora Residente del Sistema de la ONU en el Perú.

Acciones en cifras y alcance nacional

Durante el último año, el Sistema de Naciones Unidas impulsó 305 acciones concretas en todo el país. Estas intervenciones, con una ejecución financiera superior a los 137 millones de dólares, cubrieron áreas clave como salud, educación, protección social, infraestructura, cambio climático, gobernanza y desarrollo económico.

El 76 % de estas acciones tuvo un alcance nacional, mientras que el resto se distribuyó con foco en regiones prioritarias como Loreto, Ucayali, Huancavelica, Piura, Tumbes y Lima. “Acompañamos al país con asistencia técnica, bienes y servicios estratégicos, desarrollo de capacidades, conocimientos y apoyo humanitario para enfrentar desafíos sociales y de desarrollo de manera más efectiva”, explicó Dudziak.

Además, 45 instituciones públicas fortalecieron sus capacidades de gestión. Paralelamente, 530 empresas del sector privado incorporaron principios de sostenibilidad ambiental, social o económica en sus operaciones. Esta articulación multisectorial fue clave para generar impacto sostenido.

En educación, cerca de 150 mil niños, niñas y adolescentes participaron en programas diseñados para promover el aprendizaje continuo. Estas iniciativas buscaron responder a los efectos acumulados de la pandemia y a las desigualdades educativas preexistentes. Se impulsaron espacios de formación docente, mejora curricular y programas de innovación pedagógica.

Por otro lado, unas 470 mil personas mejoraron su acceso a infraestructura básica en agua, saneamiento y agricultura. Estas obras se ejecutaron especialmente en zonas rurales y periurbanas, donde las condiciones de vida se ven más afectadas por la falta de servicios básicos.

Financiación orientada al impacto

El informe oficial precisa que la ejecución de los fondos disponibles llegó al 94 %. Las modalidades de apoyo se centraron en el desarrollo de capacidades nacionales (63,1 % del total), seguido por la entrega directa de bienes y servicios (16,4 %). También se destinó un 14,9 % al asesoramiento en políticas públicas, y un 2,1 % a la promoción del conocimiento y alianzas.

Los principales sectores que recibieron inversión fueron: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16), con US$ 24,8 millones; Hambre Cero (ODS 2), con US$ 24,4 millones; Reducción de Desigualdades (ODS 10), con US$ 20,1 millones; e Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9), con US$ 17,8 millones.

En palabras de la Coordinadora Residente, “las Naciones Unidas acompañaron al país en transiciones clave para un desarrollo más sostenible, brindar asistencia humanitaria y reducir las brechas de desigualdad”.

Inclusión y participación ciudadana

Las acciones ejecutadas también incluyeron medidas para reforzar mecanismos de protección social, así como la creación de espacios de participación ciudadana. La ONU puso énfasis en garantizar que poblaciones tradicionalmente excluidas tuvieran voz y acceso a los servicios ofrecidos.

Esto implicó trabajar con colectivos específicos, como personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes y refugiados, mujeres, niños y adolescentes, así como personas LGTBIQA+. Las estrategias implementadas buscaron eliminar barreras de acceso y fomentar entornos más inclusivos.

“Promovimos espacios de diálogo y participación, especialmente con personas en situación de vulnerabilidad”, detalló Dudziak. Estas acciones incluyeron desde asistencia humanitaria hasta el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y la mejora de servicios públicos con enfoque intercultural.

Presencia territorial y alcance por regiones

El despliegue de la ONU alcanzó a los 25 departamentos del país. En regiones como Cajamarca, Loreto y Cusco se ejecutaron hasta 22 acciones por cada una. En otras como Piura (24) y Lima (28), las intervenciones combinaron proyectos de infraestructura, asistencia humanitaria y fortalecimiento institucional.

Según los datos del informe, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Ayacucho, La Libertad y Junín también recibieron una atención destacada. Estas regiones concentraron múltiples proyectos orientados a la inclusión productiva, educación y adaptación al cambio climático.

En total, 365 acciones se distribuyeron entre 231 intervenciones a nivel departamental y 181 acciones coordinadas desde el Gobierno nacional, reflejando un entramado de colaboración institucional que buscó maximizar el impacto de cada inversión.

Diagnóstico social: desafíos persistentes

Pese a los avances, los indicadores sociales continúan reflejando brechas importantes. La pobreza monetaria se ubicó en 24,4 %, según cifras del INEI, mientras que 13,5 millones de niños viven en hogares con ingresos insuficientes. El índice de desarrollo sostenible para Perú se situó en 68 sobre 100, en el puesto 63 a nivel mundial.

Con una población de 34,8 millones y una esperanza de vida de 73,2 años, el país presenta retos que requieren respuestas sostenidas y adaptadas a su diversidad geográfica. Costa, Sierra y Selva siguen mostrando diferencias marcadas en acceso a servicios y oportunidades.