Corrupción en el Ejército: estos son los detalles de un esquema de extorsión que afectó a 37 soldados Infobae
El teniente coronel Diego Alejandro Parga Caro, comandante del Batallón de Ingenieros N.° 23, enfrenta graves acusaciones por parte de la Fiscalía, que lo señala de haber utilizado de manera indebida recursos obtenidos de soldados bajo su mando para cubrir gastos personales.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, apenas dos semanas antes de que los soldados regulares de la Compañía Constructora Sopena fueran licenciados. Este caso generó un fuerte impacto en el Ejército Nacional, especialmente porque el oficial había sido ascendido de grado apenas un mes antes, en diciembre de 2024.
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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, al menos 37 soldados fueron obligados a pagar $120.000 cada uno bajo la amenaza de no ser licenciados. El oficial justificó el cobro argumentando que los fondos serían utilizados para reponer material de intendencia supuestamente extraviado. Sin embargo, las investigaciones revelaron que estos pagos no fueron reportados oficialmente y que, en realidad, el dinero fue destinado a cubrir gastos personales del teniente coronel Parga Caro, como el pago de servicios de internet familiar y peajes para viajes privados.
Durante la audiencia judicial, la juez teniente coronel Mónica Bustos Sánchez calificó el comportamiento del oficial como una traición a la confianza depositada en él por el Ejército. Según la juez, las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes y confirman que los recursos obtenidos de manera irregular fueron utilizados para fines personales, sin relación alguna con las necesidades operativas del batallón. Además, se encontró un libro en el que se detallaban los gastos personales del oficial, lo que reforzó las acusaciones en su contra.
El teniente coronel Parga Caro fue trasladado al Batallón Batalla de Boyacá, ubicado en la ciudad de Pasto, donde permanecerá bajo custodia militar mientras se define un centro de reclusión adecuado para oficiales. Este caso no puso en entredicho la integridad del oficial, también generó cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno dentro de las fuerzas armadas.
Por otro lado, la Fiscalía también vinculó a este caso al mayor Enrique Camilo Diago Benavides, que se desempeñaba como segundo comandante del mismo batallón. Con base en las investigaciones, Diago Benavides era el encargado de recaudar los dineros cobrados a los soldados. El mayor fue capturado en marzo y actualmente permanece privado de la libertad en Bogotá. Su participación en los hechos refuerza la hipótesis de que las irregularidades no fueron aisladas, sino que contaron con la colaboración de otros miembros del batallón.
Entre tanto la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si existen más implicados en este caso y para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Otro hecho de corrupción en sanidad militar
Entre 2017 y 2022, un esquema de corrupción relacionado con la contratación irregular de personal médico en la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional salió a la luz. En este caso, 14 personas, entre ellas cinco miembros activos y nueve exintegrantes de la institución militar, fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías. La investigación se centra en el dispensario militar de Bucaramanga, Santander, donde se habrían celebrado contratos irregulares con una profesional que no cumplía con los requisitos legales para ejercer como anestesióloga.
De acuerdo con la Fiscalía, los implicados permitieron la firma de seis contratos con Daisy Carolina Sosa Hernández, por un valor total de $345.181.200. Sosa Hernández fue contratada para prestar servicios como anestesióloga en las salas de cirugía del dispensario, a pesar de no estar acreditada ni contar con la idoneidad necesaria para ejercer dicha especialidad. Según los elementos probatorios recaudados, la contratista habría presentado documentación falsa para acreditar su experiencia y no figuraba en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReThus), un requisito indispensable para ejercer en el sector.
La Fiscalía imputó a los involucrados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uso de documento falso. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos.
