El costo de la impunidad El Financiero

Una vez más, el gobierno de Estados Unidos dejó con un palmo de narices a la presidenta Claudia Sheinbaum. Poco después de que anunciara en su conferencia matutina que solicitaría información al Departamento de Estado para saber las causas por las que revocaron las visas de la gobernadora de Baja California y de su esposo, un ambicioso político que tiene fuerte incidencia en la administración estatal, la embajada de Estados Unidos en México decidió no hacerla esperar. En una declaración que circuló entre periodistas le respondió: es información confidencial, por lo que no le dirán nada.

Sheinbaum no puede hacer nada ante Washington, como lo ha experimentado con sus peticiones para que le informen sobre cómo fue la operación de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en julio del año pasado en Culiacán, que ignoró el presidente Joe Biden y que ha tenido el mismo tratamiento del presidente Donald Trump. Quizás la presidenta está volteando al lugar equivocado, cuando menos en el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y de su esposo Carlos Torres, porque en este caso es un daño autoinfligido.

La revocación de las visas es algo que podía haberse evitado, pero la red de complicidad con Morena, como designio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cubrió a la pareja con un velo de impunidad que el fiscal general Alejandro Gertz Manero cuidó como si fuera el oro en Fort Knox. Las omisiones políticas del pasado, que se volvieron complacencias en el presente, tienen a Sheinbaum metida en esta delicada situación, un escalón más en las presiones de Estados Unidos para que atienda el problema de los narcopolíticos.

Se desconocen las razones de ello, aunque sugiere que la gobernadora también es persona de interés para Estados Unidos. Ávila y Torres minimizaron la decisión de la administración Trump tratándolo como un procedimiento de rutina. “La realidad es que, en este caso”, reveló Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana en su edición digital, “la acción correspondió a una investigación desde Washington, la cual fue ejecutada por personal del CBP (Aduanas y Patrulla Fronteriza) en una de las dos garitas internacionales Tijuana-San Diego”.

Navarro agregó, de acuerdo con sus fuentes de información, que la revocación de las visas fue consecuencia de “una investigación (que) tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California”. La violencia en el estado se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura y se reacomodaron las organizaciones criminales, surgiendo como las fuerzas de mayor presencia y control los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que hoy luchan por el territorio.

La violencia fue denunciada en agosto de 2022 desde la tribuna de la Comisión Permanente del Senado por Jaime Bonilla, antecesor de Ávila en la gubernatura, que en su primer discurso al regresar a su escaño en esa cámara, denunció: “Lo que pasó en Baja California no fue una casualidad; fue un acto que se coordinó por los cárteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Se le hizo un reclamo a la gobernadora, en una manta inmensa, con señalamientos con nombre y apellido (que dicen) que violó el acuerdo”, retomando un mensaje en las calles de Tijuana colocado el 15 de marzo de ese año, dirigido a Ávila y a su entonces fiscal Ricardo Iván Carpio. Bonilla pidió la intervención de López Obrador para que Gertz Manero lo recibiera y le aportara la información que tenía, pero se desconoce si se dio la reunión, aunque si ésta se llevó a cabo, el fiscal general no hizo nada.

Gertz Manero tendría que haber actuado de oficio cuando Bonilla hizo la denuncia contra la gobernadora desde el pleno del Senado. No lo hizo porque no estaba en el ánimo del expresidente actuar en contra la gobernadora. De hecho, un día después de su discurso en el Senado, 21 gobernadores de la alianza en el poder, incluida Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el líder de Morena a la sazón, Mario Delgado, publicaron un comunicado de total apoyo para Ávila. El velo de impunidad, sin embargo, llevaba meses.

López Obrador había recibido un informe de la Secretaría de Seguridad días después de que aparecieran mantas contra la gobernadora, donde abundaron los vínculos de agentes ministeriales y personal del secretario particular del fiscal Carpio con Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, presunto líder de una célula del histórico Cártel de Tijuana, que dirigían los hermanos Arellano Félix, y a quien le atribuían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, enfrentado con el Cártel de Sinaloa.

El reporte que le mostraron en el gabinete de Seguridad mencionaba que dos agentes de Carpio, trabajando con Huerta Nuño, habían robado 145 kilos de cocaína de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, que mantenía una vieja relación con Ismael El Mayo Zambada. En la implosión del Cártel de Sinaloa, El Chapo Isidro unió fuerzas con el hijo de El Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, mientras que Huerta Nuño, que aparentemente fue detenido en Tijuana en diciembre, pagó 300 mil dólares a las autoridades para fugarse, según Zeta.

López Obrador se tragó toda la información en 2022 y no actuó contra el equipo de Ávila. Varios asesinatos se podrían haber evitado de haber actuado Gertz Manero, y no hacerlo llevó a una crisis de violencia y desapariciones en Baja California que hizo imposible a la gobernadora sostener a Carpio. La batalla de la mayiza y el CJNG se ha intensificado en el estado.

Gertz Manero no es el único responsable de la tragedia y de las acciones estadounidenses contra Ávila y su esposo. López Obrador es el culpable de lo que sucede en Baja California por sus omisiones criminales, y si no toma acciones que la deslinden de ese pasado, Sheinbaum se convertirá en cómplice. Las revocaciones de visas a funcionarios y políticos, no debe olvidar, continuarán como primer señal de que algo más grande vendrá.