La nefasta coparticipación federal de impuestos Infobae
Según la información difundida en algunos medios, el Gobierno estaría analizando establecer un “superIVA”. Economía desmintió que se estuviera evaluando esa propuesta, pero, por otro lado, el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo plantearon que la Nación se quede con el 9% del IVA y que cada provincia determine el porcentaje que desea recaudar, reemplazando así Ingresos Brutos y otros tributos provinciales.
En principio, la Nación cobraría el 9% del IVA y las provincias el 12%, pero lo recaudarían ellas mismas.
Milei habló de competencia impositiva entre provincias, una idea que me parece acertada y que varios economistas venimos formulando desde hace tiempo. El problema es que no está claro cómo se implementaría. Lo concreto es que el sistema de coparticipación federal es caótico y constituye un mecanismo de recaudación profundamente ineficiente.
Por eso, de manera sabia, la Constitución de 1853/1860 no contemplaba la coparticipación federal. La Nación se financiaba con los recursos de aduana y Correos; las provincias, con impuestos a las ventas y a la propiedad.
La Constitución de 1853/1860 no contemplaba la coparticipación federal. La Nación se financiaba con los recursos de aduana y Correos; las provincias, con impuestos a las ventas y a la propiedad
Cada jurisdicción recaudaba sus propios impuestos. Un esquema similar al de Estados Unidos, donde no existe coparticipación federal: los estados cobran sus propios tributos y compiten entre ellos para atraer inversiones. El que impone menos carga fiscal capta más inversiones que el que grava con mayor presión.
En Argentina, hasta la crisis de 1890, el sistema funcionó sin coparticipación. Las provincias se financiaban con ingresos derivados de impuestos a la propiedad y al consumo.
A partir de la crisis provocada por la banca Baring, la Nación impuso tributos internos en todo el país y comenzó a coparticipar recursos con las provincias. Así se dio el primer paso hacia la coparticipación, sin respetar lo dispuesto por la Constitución.
Tras la crisis de 1930, el gobierno nacional empezó a establecer impuestos dentro de las provincias, lo que derivó en una ampliación de la coparticipación. A comienzos de esa década, se unificaron los impuestos internos, se instauró el Impuesto a las Ventas y se ratificó el tributo a los réditos, antecesor del actual Impuesto a las Ganancias.
Con esta estructura impositiva, la coparticipación primaria -la distribución entre Nación y provincias- pasó a 70,9% para la Nación y a 29,1% para las provincias.
En 1973, el sistema cambió definitivamente. Ese año se creó el IVA y la distribución primaria pasó a ser del 48,5% para cada parte, dejando un remanente para un fondo compensador. El cambio más relevante fue que el esquema dejó de ser devolutivo y se volvió redistributivo: las provincias más desarrolladas comenzaron a subsidiar a las menos desarrolladas.
En 1973, el sistema cambió definitivamente. Ese año se creó el IVA y la distribución primaria pasó a ser del 48,5% para cada parte, dejando un remanente para un fondo compensador
Este esquema redistributivo derivó en el caos actual: la mayoría de las provincias vive gracias a lo que producen unas pocas. Dicho de otra manera: los gobernadores disfrutan del rédito político de gastar, pero no asumen el costo político de recaudar. Ese costo recae sobre el Gobierno nacional.
Por ejemplo, en Formosa, los recursos de origen provincial representan apenas el 7% de los fondos de origen nacional que recibe. En otros términos, el gobernador Insfrán no se ocupa de recaudar y vive de lo que transfiere la Nación a través de la coparticipación. Es lo que en economía se conoce como free rider: un pasajero que viaja gratis.
Otro caso es La Rioja, donde los recursos propios equivalen al 12% de lo que la provincia percibe por coparticipación. En Catamarca, la proporción es del 15 por ciento.
Podrían citarse más ejemplos de provincias que dependen de la coparticipación, incluso cuando castigan a sus productores con impuestos como a los ingresos brutos. Pero está claro que el sistema tributario actual es difícil de reformar, entre otras cosas porque, hasta la reforma constitucional de 1994, la coparticipación no tenía rango constitucional.
Resolver este problema exige una reforma constitucional que elimine nuevamente la coparticipación y obligue a las provincias a financiarse con sus recursos. Pero eso requiere de una Ley-Marco aprobada por el pleno de los gobernadores.
Resolver este problema exige una reforma constitucional que elimine nuevamente la coparticipación y obligue a las provincias a financiarse con sus recursos
Eso llevaría a reducir el empleo público y generar condiciones que incentiven inversiones, en lugar de sostener el populismo de muchos gobiernos provinciales.
La propuesta de que la Nación recaude 9% o 10% del IVA y que las provincias cobren el porcentaje restante es un second best frente a la eliminación total de la coparticipación. Pero podría ser una salida parcial al problema.
Lo que sucede con la coparticipación refleja lo que ocurre con el país en general: muchos buscan vivir del trabajo ajeno. En este caso, varias provincias pretenden sostenerse con lo que producen CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, principalmente.
Mandato constitucional incumplido
La Constitución reformada en 1994 establecía que, en 1996, debía sancionarse una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Pasaron más de 30 años y esa ley aún no existe. ¿Por qué? Porque, al momento de definir qué porcentaje de la masa coparticipable le corresponde a cada provincia, estallaría un conflicto entre ellas. Además, a los gobiernos nacionales siempre les conviene mantener el control de las transferencias discrecionales, útiles para negociar acuerdos políticos.
En síntesis, la opción de dividir la recaudación del IVA entre Nación y provincias no es óptima, pero puede ser razonable dentro de las restricciones políticas e institucionales actuales.
