Revocación sin explicación Diario.mx
Ciudad de México.- El sábado por la noche se confirmó que el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de su esposo, Carlos Torres Torres, sin que hasta ahora se conozcan sus motivos. Ávila lo anunció mediante un comunicado y una publicación en su cuenta de X, en la que expresó su respaldo total a su esposo y confió en que ambos casos se aclararán satisfactoriamente. Se trata del primer caso documentado de un gobernador o gobernadora en funciones que pierde su visa estadounidense.
Para muchos la revocación es una sanción, cuando en realidad es un acto que no requiere acusación ni proceso judicial. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EU otorga al Departamento de Estado la facultad de cancelar cualquier visa en cualquier momento y por cualquier razón, y puede basarse en información reservada o nueva, sin que exista obligación de notificar ni explicar al afectado los motivos.
Las causas más comunes incluyen: información posterior a la emisión de la visa que revela inelegibilidad original (como antecedentes penales u omisiones graves), preocupaciones de seguridad nacional o vínculos con personas investigadas, violaciones migratorias anteriores, fraude documental o simplemente razones de política exterior. La inclusión del nombre de una persona en bases de datos como las del FBI, la DEA o el Departamento de Seguridad Nacional puede bastar para activar la revocación, aunque no exista delito comprobado.
Carlos Torres reaccionó públicamente aclarando que este procedimiento no implica ninguna acusación ni señalamiento formal, ni en México ni en EU. Informó que ha consultado a un abogado especializado en derecho migratorio internacional para evaluar la presentación de una moción para reabrir o reconsiderar la decisión, o bien iniciar un nuevo trámite para obtener una visa. También denunció que la situación podría ser utilizada con fines políticos por adversarios sin escrúpulos que no identificó, pero que, según él, han de tener el poder suficiente para influir en el Departamento de Estado. En paralelo, la gobernadora reconoció el carácter “binacional complejo” del contexto actual y lamentó que su esposo haya enfrentado las consecuencias de una decisión que él no provocó.
Legalmente, quienes han perdido su visa tienen dos rutas: solicitar una reconsideración consular si consideran que la revocación fue injustificada, o presentar una nueva solicitud, aportando pruebas de su elegibilidad y conducta. Sin embargo, no existe un mecanismo de apelación formal ni derecho a ser informado del motivo exacto de la revocación. El gobierno estadounidense no está obligado a justificar su decisión ante ciudadanos extranjeros ni a revelar la información en la que se basó, pero el gobierno mexicano debería exigir que se expliquen los motivos.
Este caso tiene repercusiones diplomáticas y políticas. La gobernadora mantiene su cargo, no enfrenta cargos penales y sus derechos civiles en México no se ven afectados. Pero la decisión de EU, tomada de manera silenciosa y unilateral, deja una sombra que pesa más por lo que sugiere que por lo que confirma, una sombra que los detractores de la morenista han agrandado en redes para convertirla, sin pruebas, en culpable de todo lo imaginable.
