Hacia una nueva narrativa: desmontando el estigma del aborto en México Milenio

En México, la criminalización del abortoha sido una constante que ha permeado tanto en las leyes como en la narrativa social.
El informe Maternidad o castigo.
Hacia la despenalización del aborto en México, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destaca la necesidad urgente de transformar esta narrativa, que ha perpetuado estigmas y ha llevado a la persecución de mujeres, incluso en contextos donde el aborto es legal.
El peso de la narrativa penalAntes de 2007, ninguna entidad federativa en México permitía el aborto por voluntad de la mujer o persona gestante.
El aborto estaba regulado en los códigos penales de cada entidad y en el federal, sin cambios significativos desde 1871.
Aunque existían movimientos sociales que exigían la despenalización del aborto, prevalecía la normativa penal.
Entre 1871 y 1931, se permitió el aborto cuando el embarazo era producto de una violación sexual; sin embargo, persistieron barreras para acceder al servicio.
El caso de Paulina, en Baja California, es un ejemplo: en 1999, a los 13 años, quedó embarazada tras una violación y las autoridades le negaron el acceso a un aborto legal y seguro.
En el año 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó cambios en materia de aborto en el Código Penal, a partir de una iniciativa presentada por la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles, conocida como Ley Robles.
Los cambios consistieron en agregar dos nuevas causales para acceder al aborto: cuando hubiera riesgo para la salud de la mujer embarazada y cuando el producto de la gestación presentara alteraciones congénitas o genéticas.
Esta reforma fue cuestionada por 23 legisladores, quienes presentaron la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que violaba el derecho a la vida.
El pleno determinó que la reforma no vulneraba el derecho a la vida, ya que no permitía abortar indiscriminadamente, sino que regulaba circunstancias específicas en las que no se castigaría a la persona que abortara.
El 26 de abril de 2007, se aprobó en el Distrito Federal la reforma legislativa que despenalizó el aborto voluntario dentro de las primeras 12.
6 semanas de gestación, modificando los artículos 144 a 147 del Código Penal del Distrito Federal.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieron acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma, que fueron resueltas por la SCJN mediante la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007.
La Corte resolvió que la despenalización del aborto en el Distrito Federal era constitucional, concluyendo que la vida no es un derecho humano absoluto y que ni la Constitución ni los tratados internacionales incluían una definición que impidiera la despenalización del aborto en las primeras semanas de gestación.
Estadísticas que evidencian la criminalizaciónEntre enero de 2007 y diciembre de 2016, se denunciaron 4 mil 246 personas por el delito de aborto en México, lo que equivale a una denuncia diaria en promedio.
Los cinco estados con más denuncias fueron Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo.
En el mismo periodo, 228 personas fueron sentenciadas, 83 estuvieron en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva.
Estas cifras reflejan una realidad alarmante: mujeres que enfrentan maltratos al solicitar servicios de aborto legal en instituciones públicas de salud; mujeres que terminan en prisión después de un parto fortuito en condiciones precarias; mujeres sentenciadas por aborto y otros delitos sin pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.
Además, el personal de salud es, en muchos casos, quien denuncia a las mujeres, tratándolas como sospechosas desde que llegan a solicitar atención por una emergencia obstétrica, sin brindarles la atención médica pertinente y, en ocasiones, condicionando la misma a que confiesen haberse provocado un aborto.
El hecho de que el aborto sea considerado un delito, con sanciones específicas para el personal de salud que pueden llegar hasta la suspensión definitiva del ejercicio profesional, contribuye a este patrón de injusticias, desinformación y violaciones a derechos humanos en el que las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad son quienes terminan por enfrentar los castigos sociales, económicos y jurídicos relacionados con el aborto.
De la criminalización al reconocimiento: la evolución en la cobertura mediáticaEn 2021, pese a que la atención mediática seguía centrada en la pandemia de covid-19,los medios comenzaron a abrir espacio en sus agendas para los derechos reproductivos.
Las despenalizaciones en estados como Hidalgo y Veracruz, junto con la histórica resolución de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en Coahuila, marcaron un punto de inflexión.
Fue entonces cuando la narrativa dio un giro.
La Marea Verde se consolidó como movimiento nacional, y los medios dejaron de centrarse exclusivamente en la Ciudad de México para empezar a cubrir lo que ocurría en otras entidades.
La cobertura comenzó a reconocer el papel fundamental de las colectivas feministas y acompañantes, quienes pasaron de ser invisibilizadas a ser mencionadas como expertas en derechos reproductivos.
Este cambio también fue impulsado por nuevos formatos: el periodismo colaborativo, los medios digitales y las redes sociales contribuyeron a diversificar las voces y a ofrecer una narrativa más cercana a los derechos humanos.
La cobertura ya no se centraba solo en lo legislativo o judicial, sino también en testimonios personales y en el acceso a servicios de salud.
En 2023, tras la decisión de la Corte de declarar inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal, el tema volvió a ocupar las primeras planas.
Durante esa coyuntura, GIRE identificó más de 750 notas publicadas entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre, difundidas en 36 países.
A diferencia de 2007, esta vez la narrativa predominante fue favorable, y los medios destacaron voces de organizaciones civiles, especialistas y personas gestantes, sin dar protagonismo a grupos antiderechos.
Hoy, la cobertura del aborto ya no es episódica: forma parte de la agenda permanente en varios medios.
Las notas han comenzado a hablar no solo de mujeres, sino también de hombres trans y personas no binarias, reconociendo la diversidad de quienes pueden gestar.
Aunque todavía hay desafíos en la precisión legal y en el lenguaje incluyente, el periodismo ha contribuido de forma decisiva a desmontar prejuicios y a humanizar una decisión que forma parte de la vida reproductiva.
EHR