Ocampo advierte que Colombia podría perder respaldo del FMI si no recorta 40 billones del gasto público Infobae
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del actual gobierno, advirtió sobre los efectos fiscales que podría enfrentar Colombia si no realiza ajustes urgentes en su política presupuestaria.
En su más reciente columna en El Tiempo, el economista alertó sobre dos riesgos ya señalados en marzo: la pérdida del acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la eventual degradación de la calificación crediticia por parte de Moody’s, la única agencia que aún mantiene al país con grado de inversión.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
De acuerdo con Ocampo, uno de estos riesgos ya está en desarrollo. Aunque la Línea de Crédito Flexible aún está disponible hasta el próximo año, Colombia no puede hacer uso de ella hasta que finalice el proceso de evaluación del Artículo IV, el cual analiza las políticas económicas de cada país miembro y verifica si siguen cumpliendo los requisitos para conservar el acceso a esta línea de financiamiento. En ambas instancias, la situación fiscal es el punto más crítico.
El exministro subrayó la importancia de esta herramienta financiera internacional. “Cabe recordar que esta es la mejor línea del Fondo, ya que no tiene condicionalidades y solo se otorga a los países cuyas políticas e instituciones económicas se considera sólidas”, explicó. Además, recordó que Colombia la ha mantenido desde 2009 y que incluso fue utilizada para afrontar los efectos económicos derivados de la pandemia.
En cuanto a Moody’s, el país ya ha sido clasificado con una perspectiva negativa, lo que podría anticipar una pérdida del grado de inversión. “Está por verse si Moody’s nos quita la calificación de grado de inversión; ya nos clasificó con perspectiva negativa”, sostuvo Ocampo. De ocurrir ambos escenarios, Colombia enfrentaría un incremento en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas internacionales, lo cual encarecería el acceso a créditos externos. Un ejemplo reciente fue la emisión de un bono por 3.800 millones de dólares, que tuvo un costo considerablemente alto debido a la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El panorama actual, según el exjefe de la cartera de Hacienda, tiene raíces en administraciones anteriores. Recordó que el déficit fiscal del Gobierno Nacional alcanzó el 6,5 % del PIB en 2022. Este resultado, precisó, fue producto del desfase entre el ajuste del gasto que hizo la administración anterior y el impacto del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual ascendió a 37 billones de pesos si se contabiliza en el año de ejecución y no en el momento del pago.
Durante su gestión como ministro, Ocampo defendió la eliminación del subsidio a la gasolina, decisión que se aplicó, aunque el retiro del subsidio al ACPM —acordado para julio de 2023— tuvo retrasos y apenas ha sido implementado de manera parcial. Pese a un descenso del déficit al 3,6 % del PIB en 2023 gracias a mayores ingresos tributarios y una menor presión del FEPC, en 2024 volvió a incrementarse al 6,1 %.
En términos de deuda, el exministro alertó que el nivel actual, cercano al 60 % del PIB, se asemeja al registrado durante la pandemia y podría seguir creciendo si no se aplica un correctivo fiscal. “Es esencial, por lo tanto, que se haga un recorte sustancial del déficit”, afirmó. Este ajuste implica, según él, una evaluación realista de los ingresos tributarios y una reducción significativa de los egresos. “En el primer caso es necesario evitar la reiterada sobreestimación de la gestión de la Dian, y en el segundo, un recorte efectivo y no un aplazamiento de los gastos”, indicó.
Ocampo citó estimaciones de Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, según las cuales el ajuste necesario ronda los 40 billones de pesos. El enfoque, añadió, debe dirigirse al gasto de funcionamiento, que actualmente supera en más de tres puntos del PIB los niveles anteriores a la pandemia. Parte de esta reducción debería centrarse en los contratos de prestación de servicios.
“El recorte debe, además, abrir el espacio para varios problemas pendientes, especialmente el déficit del sector de la salud”, concluyó.
