Congreso incumple con plazos constitucionales; cuatro están fuera de tiempo Excelsior

Leticia Robles de la RosaEl Congreso de la Unión cerró el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXVI Legislatura con incumplimientos constitucionales, pues no pudo concretar las leyes que regulan 14 reformas constitucionales, incluso en cuatro de ellas ya se vencieron los plazos, como son los casos de pueblos indígenas, Guardia Nacional, servicio ferroviario y simplificación orgánica.
La Cámara de Diputados aprobó la ley en materia de servicio ferroviario y la referente a la eliminación de trámites burocráticos, que corresponden a dos reformas constitucionales, pero el Senado ya no las aprobó, por lo que estas dos tendrán que esperar al próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre o a que sean incluidas en un extraordinario exclusivo del Senado.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2024, por lo que entró en vigor el 21, la reforma en materia de simplificación orgánica desapareció los órganos autónomos que se crearon durante la etapa de pluralismo político del país: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Nacional para la Mejora Educativa (Mejoredu); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Su régimen transitorio establece que “el Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste, salvo lo dispuesto en el artículo Décimo transitorio.
“Respecto a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 134 Constitucional del presente Decreto, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.
“El Ejecutivo federal deberá emitir los decretos de extinción correspondientes a efecto de dar cumplimiento al artículo 134, párrafo tercero, del presente Decreto”, ordena.
Los 90 días fijados para emitir las leyes y/o reformas legales para los casos del Inai,, Coneval, CRE, CNH y Mejoredu vencieron el pasado 21 de marzo; sólo existen las leyes correspondientes a la sustitución del Inai y la nueva naturaleza jurídica de la CRE y la CNH; sin embargo, no existen las adecuaciones a la ley del Inegi para realizar la medición de la pobreza, “en coordinación con las autoridades de la federación, locales y municipales”, como tampoco se ha modificado la Ley General de Educación para el tema de la mejora educativa.
Como lo dice el transitorio, para el caso del artículo 28 constitucional, que se refiere al IFT y a la Cofece, el plazo es de 180 días, que vence el 8 de junio; sin embargo, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aprobará hacia la segunda quincena del mes de junio, según informó ayer el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, José Antonio Álvarez Lima, mientras que la ley en materia de competencia económica ni siquiera tiene fecha de aprobación en comisiones.
La reforma en materia de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos se publicó el 30 de septiembre del 2024, por lo que los 180 días para las adecuaciones legales venció el 29 de marzo de este año; la de la Guardia Nacional también se publicó el 30 de septiembre y los 180 días para su regulación ya vencieron.
La reforma al servicio ferroviario se publicó el 30 de octubre del año pasado y los 180 días fijados para su nueva ley vencieron el 29 de abril; sólo la Cámara de Diputados la aprobó, pero está pendiente en el Senado.
El decreto de la reforma constitucional en materia de seguridad pública se difundió en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre, con una omisión legal: no incluyó plazo para la adecuación legal; sin embargo, la Cámara de Diputados tiene las propuestas de nuevas leyes de la Presidenta de la República, pero se frenaron desde que comenzó el mes de abril.
En materia de vivienda, la reforma constitucional tiene sólo la mitad de su regulación, pues únicamente se concretó el cambio a la Ley del Infonavit, que tiene que ver con la vivienda de los trabajadores del sector privado, pero está pendiente la del ISSSTE, que corresponde a los trabajadores del Estado y la General de Vivienda, que se refiere a los mexicanos que no tienen seguridad social.
La reforma en materia de digitalización tiene pendiente la ley.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, pero está pendiente de que la apruebe el Senado.
Las otras reformas constitucionales que necesitan su regulación en leyes, pero que no se han realizado son la de programas sociales, cuidado animal, prisión preventiva oficiosa, prohibición de vapeadores; jóvenes construyendo el futuro; maíz nativo y nepotismo.
REFORMAS SIN CUMPLIRPueblos indígenas.
Programas sociales.
Guardia Nacional.
Cuidado animal.
Servicio ferroviario.
Prisión preventiva oficiosa.
Simplificación orgánica.
Prohibición de vapeadores.
Seguridad pública.
Jóvenes construyendo el futuro.
Vivienda.
Maíz nativo.
Digitalización.
Nepotismo.
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