Abuso sexual infantil, un problema de salud pública que no cede en México Entrelineas
En pleno siglo XXI, el abuso sexual infantil sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves en México, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Aunque cifras indican un leve descenso en la incidencia de dicha violencia, entre 2022 y 2023, los casos registrados por las autoridades sigue siendo imprecisa debido a la falta de denuncias.
En el marco del Día del Niño, esta problemática cobra una relevancia especial al reflejar los desafíos que enfrenta el país para proteger los derechos de la infancia.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en su balance anual correspondiente al 2024, registró un descenso del 1.3% en la incidencia de casos de abuso sexual infantil entre 2022 y 2023, pues en dichos periodos se registraron 9 mil 929 y 9 mil 802 casos, respectivamente. Sin embargo, la cantidad de situaciones que llegan a ser denunciados sigue siendo alarmante.
Abuso sexual infantil, un problema a la alza en México
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso sexual infantil es “la participación de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende completamente y a la que no puede dar consentimiento o para la cual no está preparado en su desarrollo y no puede consentir, o que viola las leyes o los tabúes sociales de una sociedad”.
En contraste con el descenso registrado entre 2022 y 2023 por la Redim, la misma institución registró que, en los 13 años previos al corte realizado en 2024, es decir desde el 2010, la estadística de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años repuntó en un mil 113 por ciento.
Según se muestra en los registros de lesiones realizados por la Secretaría de Salud, en el año 2010 se tuvo conocimiento de 791 personas de entre 1 y 17 años atendidas en hospitales del país por violencia sexual. Desde entonces, la cifra comenzó a aumentar de forma exponencial, según se puede observar en la gráfica construida por la Redim.
Aunque en los años 2017, 2020 y 2023 se registraron leves descensos en la estadística, el número de casos no ha dejado de crecer. Incluso en el último año registrado, se duplicó la cifra promedio anual que se había tenido desde el 2010. En tanto, los casos registrados por la Secretaría de Salud no son todos los que tienen lugar en el país.
Según indica el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en México no son denunciados, pues en gran parte de ellos el agresor es algún miembro de la familia, vecinos o integrantes del círculo cercano. De hecho, según Redim, 13.4% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años en el mismo periodo tuvieron como agresor a su padre o padrastro.
Dicha conducta indica que todos los organismos dedicados a la documentación de dichos casos pueden tener subregistros.
Estos actos, además de destruir la integridad física, generan trauma psicológico y perpetúan ciclos de violencia que afectan el desarrollo de cientos de miles de menores. Sin embargo, la invisibilidad del problema continua siendo uno de los principales obstáculos para combatirlo.
El abuso sexual, además de representar una problemática que atenta contra las infancias en México, también evidencia que la violencia de género. En el año 2023 el 92.3% de las víctimas atendidas en hospitales por lesiones de abuso sexual fueron niñas. El 7.7% restante correspondió a niños.
Por otro lado, en dicho periodo, 333 niños y adolescentes que padecieron abuso sexual infantil pertenecieron a comunidades indígenas, así como 168 padecieron algún tipo de discapacidad.
A diferencia del maltrato físico y la negligencia adulta, los cuales pueden ser diagnosticados o evidenciados a la vista en la mayoría de los casos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) advierte que el diagnóstico de abuso sexual infantil depende de la escucha de las víctimas.
El impacto del abuso sexual infantil es devastador y de largo alcance. Un estudio de la organización Early Institute señala que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños en México han sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 18 años.
La Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes señala, en su artículo 47, que:
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por (…) El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual”.
Entre los desafíos principales para erradicar esta violencia están la falta de capacitación para identificar casos, los prejuicios socioculturales que impiden denunciar y las limitaciones en el sistema judicial para garantizar justicia efectiva. Organizaciones como World Vision México subrayan la urgencia de implementar programas integrales de prevención, mejorar el acceso a servicios de apoyo psicológico para las víctimas y endurecer las penas contra los responsables de estos crímenes.
