El Supremo de Brasil suspende un proceso de extradición a España amparándose en el principio de "reciprocidad" Infobae
El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha suspendido este martes el proceso de extradición de un ciudadano búlgaro solicitado por el Gobierno de España, amparándose en el principio de "reciprocidad", después de que la Audiencia Nacional rechazara extraditar a Brasil a un periodista acusado de participar en el intento de golpe de Estado de 2023.
De Moraes ha señalado que la medida afecta a Vasil Georgiev Vasliev y que no aplicará la reciprocidad hasta que España "demuestre la existencia de reciprocidad en cumplimiento del tratado bilateral de extradición firmado con Brasil en 1988", según reza un comunicado del alto tribunal.
"El respeto al principio de reciprocidad es un requisito fundamental previsto tanto en la Ley de Migración brasileña como en el tratado de extradición entre ambos países, y su ausencia impide dar seguimiento a la solicitud", ha argumentado.
El juez ha pedido al Gobierno español, a través de la Embajada, que presente información que acredite la reciprocidad en el cumplimiento del tratado en cinco días. Si no hay respuesta dentro del plazo, avisa, la solicitud de extradición de Vasilev puede ser rechazada de forma definitiva.
A la espera de una respuesta formal, el juez ha ordenado que la prisión preventiva de Vasilev pase a arresto domiciliario con una pulsera electrónica en el tobillo. Además, la Policía Penal realizará un seguimiento semanal que establece que cualquier incumplimiento de las condiciones dará lugar a que el acusado sea devuelto a régimen penitenciario cerrado.
Por otro lado, De Moraes ha subrayado que Eustaquio está siendo investigado por delitos como amenazas, persecución, instigación a delinquir, asociación para delinquir e intento de abolición violenta del Estado de derecho.
En la víspera, la Audiencia Nacional considera que la extradición es improcedente por tratarse de conductas "con una evidente conexión y motivación política, puesto que se realizan dentro del marco de una serie de acciones colectivas de grupos partidarios" del expresidente Jair Bolsonaro "y de oposición" al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras examinar la reclamación de las autoridades brasileñas, los magistrados señalan que en el presente se dan delitos "si no políticos definidos legalmente como tales, puesto que no existe" en el ordenamiento jurídico español "ningún tipo al que se le asigne esa denominación". Cabe destacar que la Fiscalía enmarcaba estos hechos en la libertad de expresión.
Además, el tribunal apunta al contexto de contienda política en el que se desarrollan dichas conductas, los procedimientos penales abiertos en Brasil contra el reclamado por infracciones penales de naturaleza análoga, su condición de periodista, las tres detenciones que ha sufrido y los malos tratos que dice haber sufrido.
Todos esos motivos constituyen "razones suficientemente fundadas para creer que, de concederse la extradición, habrá un riesgo elevado de que la situación del reclamado en el proceso penal de Brasil pueda verse agravada por causa de sus opiniones políticas y su adscripción a determinada ideología de esa naturaleza".
