Denunciante asegura que Fiscalía se niega a detener a presunta delincuente Vanguardia.com.mx

Una ciudadana denunció públicamente la omisión por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes presuntamente se niegan a cumplimentar una orden de aprehensión en contra de una mujer acusada de robo agravado, pese a que su paradero es conocido por las autoridades.
La afectada, identificada como María Guadalupe N.
, relató que desde el año 2024 enfrenta un proceso legal contra Verónica “N”, una exempleada del sector de transportación de personal, quien alquiló una vivienda amueblada ubicada en la calle Venus #279, en la colonia Ciudad Las Torres.
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Tras varios intentos fallidos por resolver la situación, María Guadalupe se vio obligada a iniciar un juicio de desahucio.
El proceso concluyó con una orden judicial que autorizó a la arrendadora a cortar los servicios de agua, luz y drenaje para facilitar el desalojo del inmueble, medida que finalmente provocó que la inquilina abandonara la vivienda.
No obstante, cuando la dueña acudió al lugar a finales de 2024 para verificar el estado de la propiedad, encontró que la casa había sido vandalizada y desmantelada.
Los muebles y electrodomésticos habían desaparecido, y tanto el interior como el exterior presentaban severos daños.
Tras el hallazgo, María Guadalupe interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, quedando registrada bajo el número de acta 08888/SAL/UAI/2023.
El monto de lo robado fue estimado en aproximadamente 300 mil pesos.
El caso fue judicializado y, bajo el proceso penal 1362/2024, un juez del Centro de Justicia Penal emitió una orden de aprehensión en contra de Verónica, por el delito de robo en su modalidad agravada, por aprovechamiento de la confianza o seguridad.
Sin embargo, la denunciante afirma que, a pesar de contar con dicha orden y de haber proporcionado a los agentes de la AIC la ubicación actual de la señalada —tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo—, estos se han negado a ejecutarla.
María Guadalupe exige a las autoridades correspondientes que se cumpla la orden judicial, y que se actúe conforme a derecho para que su caso no quede impune.