Mininter anunció despliegue policial ante paro de transportistas este 26 de septiembre
El Ministerio del Interior de Perú ha anunciado una serie de medidas de seguridad ante el paro convocado por un sector de los transportistas de hoy jueves 26 de septiembre. Señalaron la implementación de todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a la ciudadanía. Se ha exhortado a los participantes del paro a respetar la propiedad pública y privada, así como el ornato de la ciudad.
Según el comunicado oficial, la entidad, en colaboración con la Policía Nacional del Perú y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), mantuvo reuniones con representantes de los gremios de transporte, incluyendo la Cámara de Transporte Urbano, para abordar temas de seguridad y extorsión.
Durante las reuniones celebradas los días 21 y 23 de septiembre de 2024, se asumieron compromisos importantes en la lucha contra la inseguridad y la extorsión. Entre las acciones concretas se encuentran el fortalecimiento de la seguridad pública, la lucha contra la informalidad, la solicitud para la creación de una fiscalía especializada contra la extorsión y un proyecto de ley para incrementar las penas por delitos como el sicariato y la extorsión en sectores críticos, incluyendo el transporte.
A pesar del cumplimiento de estos compromisos, el ministerio ha sido informado de la decisión de continuar con el paro. En respuesta, el Ministerio del Interior ha reiterado su respeto por el derecho a la protesta pacífica y la manifestación de intereses, pero ha subrayado la necesidad de mantener el orden y la seguridad pública.
Las fuerzas policiales estarán vigilantes para asegurar el correcto desarrollo de las acciones durante el día del paro, con un despliegue absoluto en todas las zonas de alto impacto y puntos estratégicos.
Finalmente, el ministerio ha dejado claro que no se permitirá ninguna vulneración al orden interno y la seguridad nacional, con el objetivo de salvaguardar la integridad de toda la comunidad y la propiedad pública y privada.
Solicitan creación de fiscalía especializada en extorsión
El ministro del Interior, Carlos Santiváñez, presentó un proyecto de ley en el Consejo de Ministros para ampliar las penas por sicariato y extorsión, con el objetivo de que las sanciones puedan llegar hasta la cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias agravantes. Esta medida forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno para combatir estos delitos de manera más efectiva.
También anunciaron solicitar a la Fiscalía de la Nación la creación de una Fiscalía Especializada en Extorsión. Esta nueva entidad trabajará en conjunto con el Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (GOREX) de la PNP recientemente conformado y ya operativo en el piso 10 de las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la PNP.
El GOREX está bajo el comando del Coronel Jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE), y cuenta con un equipo compuesto por un Comandante PNP y 49 Suboficiales PNP.
Medida tardía
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), ha expresado su descontento con los recientes anuncios del Ministerio del Interior en relación con el paro de transportistas que tuvo lugar el jueves 26. Valeriano criticó que las autoridades hayan esperado hasta que se produjeran muertes para reaccionar, según declaraciones recogidas por medios locales.
El dirigente gremial, que representa a unas 50 empresas de transporte, ha señalado que se esperan medidas concretas por parte del Gobierno para abordar las demandas del sector. De no ser así, advirtió que se llevarán a cabo protestas más radicales en los próximos meses. Valeriano enfatizó la necesidad de soluciones inmediatas y efectivas para evitar una escalada en las acciones de protesta.
En respuesta a la situación, el Ministerio del Interior anunció la creación de grupos especiales destinados a combatir los crímenes que afectan al sector del transporte. Sin embargo, estas medidas han sido recibidas con escepticismo por parte de los transportistas, quienes consideran que las acciones del Gobierno llegan tarde y no abordan de manera integral los problemas que enfrentan.
Valeriano subrayó que la falta de seguridad y las condiciones laborales precarias son algunos de los principales problemas que afectan a los transportistas. Además, hizo un llamado a las autoridades para que se comprometan a implementar políticas que garanticen la seguridad y el bienestar de los trabajadores del sector.
Infobae
