Presidente del Congreso respaldó el Estatuto Antiterrorista tras el aval del Consejo de Política Criminal: "Iniciativa urgente e inaplazable"

El senador Honorio Henríquez, que oficia como presidente del Congreso, ratificó en la jornada del sábado 17 de octubre de 2026 su respaldo al Estatuto Antiterrorista del gobierno de Abelardo De La Espriella; después de que este proyecto de ley estatutaria recibiera en la víspera el aval del Consejo Nacional de Política Criminal.

De acuerdo con Henríquez, el proyecto busca fortalecer la capacidad estatal para desmantelar estructuras criminales, por lo que prometió brindar garantías para que se establezca una discusión respetuosa y democrática. Es válido destacar que en su discusión deberá superar cuatro debates y el control de constitucional para que se convierta en normativa.

“Todo nuestro respaldo al Estatuto Antiterrorista propuesto por el Gobierno Nacional que avalamos en la sesión del Consejo de Política Criminal”, indicó Henríquez en su perfil de X, que con ello anunció que el Senado avanzará con el debate tras el concepto favorable recibido por el órgano consultivo, que dio el visto bueno en materia jurídica para su discusión.

“Garantizaremos un trámite oportuno”, Honorio Henríquez

A su vez, al referirse al alcance que atribuye a la propuesta, el titular del legislativo la definió como una “iniciativa urgente e inaplazable”. Y, del mismo modo, el presidente del Congreso sostuvo que el nuevo marco normativo fortalecería las capacidades operativas, judiciales y de inteligencia del Estado frente a las organizaciones criminales que operan en el país.

“Desde el Congreso, garantizaremos un trámite oportuno y con plenas garantías para el debate democrático”, remarcó Henríquez. El texto pasará primero por la Secretaría Jurídica de la Presidencia antes de que el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lo radique de manera formal ante el Congreso, para que pueda ser debatido por los miembros de la corporación.

La aprobación institucional no fue unánime, pues el proyecto obtuvo 11 votos favorables y 3 posiciones contrarias dentro de la mesa técnica. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y la figura del alto comisionado contra el Terrorismo, que no existe en el ordenamiento jurídico nacional.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, entidad a cargo de Iris Marín, también expresó sus eservas sobre la inclusión del reclutamiento forzado en las disposiciones penales; en tanto que el Pacto Histórico, partido de oposición a De la Espriella, rechazó la iniciativa por asuntos vinculados a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

¿En qué consiste el Estatuto Antiterrorista que promueve Abelardo de la Espriella?

Entre las medidas, figura un esquema de beneficios judiciales para procesados que aporten información efectiva para desarticular grupos incluidos en el registro oficial, con rebajas de pena de hasta 60%. El proyecto modifica tipos penales e incorpora instrumentos procesales y penitenciarios contra el terrorismo urbano y el sabotaje a infraestructura crítica.

Por su carácter de ley estatutaria, su trámite no solo requerirá la aprobación de los referidos debates, sino un respaldo reforzado en el Congreso y una revisión previa de la Corte Constitucional. En el primer punto, se precisa una mayoría absoluta tanto en el Senado y la Cámara, no solo de los presentes, y que su trámite se complete en una sola legislatura.

“No es un estatuto arbitrario: no se va a perseguir a políticos que piensen distinto, como dicen falsamente en las narrativas de ciertos sectores. Esto busca actuar en contra de quienes emplean la violencia, el miedo y la zozobra contra el Estado, los colombianos y la infraestructura estratégica”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, frente al proyecto.

El registro oficial habilitaría bloqueos financieros y sanciones administrativas

La iniciativa contempla la creación de un registro nacional de organizaciones y actores terroristas. La inclusión de personas en ese listado permitiría aplicar medidas financieras y administrativas destinadas a limitar la capacidad operativa de los grupos señalados; además de la figura del alto comisionado, que estaría adscrito al Dapre de la Presidencia.

Asimismo, el articulado prevé el congelamiento inmediato de activos financieros, la inhabilitación para contratar con entidades estatales y el bloqueo de transacciones de los miembros reportados. Estas herramientas forman parte del mecanismo propuesto para restringir las fuentes de financiación de las organizaciones incluidas en este listado.

El proyecto también prevé aumentar en una tercera parte las penas por el uso de drones armados, la extorsión, los delitos informáticos, el secuestro y las asonadas cuando se pruebe su relación con estructuras criminales. El texto propone además pabellones de alta seguridad para cabecillas de organizaciones, con restricciones estrictas para las visitas.