El delito de narcomenudeo ha aumentado prácticamente en todos los estados del país, y ha alcanzado máximos históricos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el narcomenudeo es una actividad ilegal que se caracteriza por la “posesión, venta, comercio y suministro, incluso compra, de ocho tipos de drogas establecidas en la Tabla de Orientación de dósis máximas de consumo personal e inmediato de la Ley General de la Salud”.
Coahuila y Guanajuato son las entidades con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por el delito de narcomenudeo en México.
Sin embargo, un caso particular es el del estado de Chiapas, pues ahí el delito por consumo de drogas es el más recurrente entre la población de 18 años, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Envipe 2022, además de que en 2021 la entidad del sur de México tuvo el primer lugar en decomisos de estupefacientes.
En el primer semestre de 2022 se reportó un crecimiento de este delito de más de 400%, y ese mismo año el número de carpetas relacionadas con ese delito creció 18 por ciento.
En 2018, 2019 y 2020, el narcomenudeo creció 45% y encendió las alarmas sobre todo en entidades como Puebla, Michoacán, Sonora, Baja California y Nuevo León.
En octubre pasado, documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelaron en la Ciudad de México hay prácticamente una “narcotiendita” por cada plantel educativo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay cerca de 10 mil planteles públicos y privados.
La información enviada por el ejército al Centro Coordinador de Fusión de Inteligencia Militar, en la capital del país los principales grupos del crimen organizado que oepran son la Unión Tepito, la Fuerza Anti Unión, el Cártel de Tláhuac, el Cártel Jalisco, Ronda 88, Los Rodolfos y Los Tanzanios.
Además, según los militares, las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero son consideradas como los principales centros de operación de drogas en la capital. Aunque también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Central de Abasto y la terminal de ferrocarriles de carga son considerados como puntos importantes de llegada y almacenamiento de droga.
Tan solo en la alcaldía Cuauhtémoc se habían ubicado 87 narcotiendas. La colonia Centro tenía 27, la Guerrero 26 y la Morelos (Tepito) 19.
No es lo mismo consumir que vender
Para Zara Snapp, directora del Instituto RIA, que realiza incidencia en políticas públicas, es importante la concepción misma del delito de narcomenudeo, que proviene de la reforma a la Ley General de Salud de 2009, en la que se intentó hacer una distinción entre las personas usuarias y las que venden alguna droga.
“La mayoría de personas no compra cinco gramos de marihuana, tope que establece la ley. Las personas usuarias a veces compran cantidades mayores para distribuir entre su grupo de amigos”, explica.
Si se compra más de esa cantidad, ya se considera narcomenudeo. Por ello critica que la autoridad no persiga a quienes forman parte del negocio, sino a las personas consumidoras. Asegura que más del 60 por ciento son casos de posesión simple.
Amaya Lule reitera que estos datos confirman el fracaso de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico, pues no solo ha crecido el mercado criminal, sino también los asesinatos, las desapariciones y la tortura.
Amaya Lule señala que las personas narcomenudistas no son los grandes capos del crimen, sino que más bien suelen habitar en barrios populares y su condición económica es precaria. La estigmatización, enfatiza, viene de una línea narrativa creada con la Guerra contra las Drogas emprendida en Estados Unidos en los años setenta por Richard Nixon.
En ese entonces, se persiguió a poblaciones negras y latinas, rememora Amaya.
Cuenta que la Comisión Mexicana efectuó, de 2006 a la fecha, un análisis de los comunicados de prensa que emitía Sedena en los que se mencionaba asesinatos o detenciones de personas vinculadas a un grupo del crimen organizado.
“Nos dimos cuenta de que al menos uno de cada dos comunicados de prensa de Sedena, presentaban inconsistencias en la información. Eran datos que no eran ciertos o diferentes a la información de la prensa, que hablaba de personas inocentes, que no eran sicarios”, explica.
“A esto me refiero con supuestos indicadores de éxito de la guerra contra las drogas; lo que crece es el mercado criminal y la estigmatización, lo que vemos son consecuencias catastróficas como las desapariciones o asesinatos en el país”, dice el investigador Amaya Lule.
Guanajuato, Coahuila y BC, con más casos
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 12 estados con más registros de narcomenudeo están distribuidos geográficamente por todas las regiones del territorio nacional, aunque sobresalen Guanajuato, Coahuila y Baja California en cuanto el mayor número de delitos.
“En realidad es un país de consumo. El mercado de droga ha cambiado en cuanto a las disputas del mercado y las divisiones entre los grupos, lo que llevó a la creación de nuevas rutas. Ahora ahí, en esas rutas, se comercia y se consume”, indica.
En los estados en los que el narcomenudeo no figuraba, también crecieron los grupos delincuenciales.
“Se disputaron los territorios, como hacen las empresas cuando quieren aumentar su producción. Después de 16 años, el resultado es que el combate contra el crimen diversificó el mercado criminal y de drogas”, concluye.
“México es uno de los principales productores de ‘cristal’ en el mundo, una de las principales drogas que contiene sustancias adulterantes. Esto permite ver que la estrategia de guerra contra las drogas no tendría que haber sido de seguridad, sino de salud. La regulación tendría un mayor control en el comercio de sustancias de mayor peligro”, argumenta.
La desatención y la no regulación de las sustancias, considera, llevó al crecimiento de las metanfetaminas y del opiáceo sintético, el fentanilo.
Droga en más rincones del país
La competencia del delito del narcomenudeo es estatal, no federal. En las entidades, señala Zara Snapp, a veces se procesa a personas que cargaban tan sólo ocho gramos de marihuana.
“O bien [agentes] les sembraron drogas. Las personas imputadas por el delito suelen ser de bajos recursos. La sustancia que portan a veces tiene un valor menor a 500 pesos”.
Snapp recuerda que la sanción por narcomenudeo simple es de entre 10 meses y tres años de prisión. Sin embargo, se criminaliza a quienes portan cantidades pequeñas para uso personal de consumo.
“El término narcomenudeo se asocia con la actividad del narcotráfico, pero a estas personas detenidas se les vincula a grupos del crimen organizado cuando no siempre existe ese vínculo”, detalla.
“Y como no hay datos, el Estado ha decidido enfocarse en una campaña ‘de prevención’, y no proporciona datos sobre la situación. Podría invertir en educación en el consumo de sustancias psicoactivas o en campañas de reducción de riesgo”, sugiere la especialista Snapp.
“Por eso muchas de esas drogas ahora están en comunidades donde antes no había acceso a ellas. Se debe de tener cautela, el Estado no ha hecho intervención en los diferentes rincones del país”.
Eso es riesgoso porque el aumento del narcomenudeo no se refleja en la desarticulación de grupos del crimen organizado.
“La mayoría de casos de detenciones no son personas que están en la distribución de la sustancia. Al llevar a cabo esas detenciones el Estado aplica una ley de manera discriminatoria y discrecional. Tiene ya que demostrar resultados en una guerra fallida que lleva 16 años aplicándose en nuestro país con graves daños a los derechos humanos”, finaliza la directora del Instituto RIA./Agencias-PUNTOporPUNTO
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