Corral, prófugo de la justicia al amparo de Morena Diario.mx

El Estado de Derecho es el marco legal en el que una sociedad encuentra eco a sus demandas, donde encuentra certeza y seguridad tanto en la integridad de sus personas como en la de sus bienes, por tanto, es cada instancia de gobierno la que debe garantizar a plenitud estas garantías, son las autoridades respectivas quienes deben ejecutar todas las acciones para hacer una realidad esta premisa, y la principal es el respeto irrestricto y absoluto a ese marco jurídico, a ese Estado de Derecho.

Sin embargo, durante el actual régimen morenista que inició en 2018, han sido múltiples los casos en los que presuntos delincuentes, o claros implicados en casos de corrupción, han recibido la protección y el cobijo de las mismas autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, lo que ha formado ya una percepción generalizada de que existe una corrupción institucional, oficialista, en la que no se busca castigar ni investigar a los señalados sino, por el contrario, protegerlos y ponerlos fuera del alcance de la justicia, caso contrario para quienes son señalados a acusados por delitos similares, pero que militan o simpatizan con corrientes políticas opuestas a Morena, a quienes sí se les aplica “todo el peso de la Ley”.

Es el caso del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien parece ser intocable para la justicia chihuahuense debido al manto protector que le ha brindado Morena, no obstante las actuaciones judiciales que lo implican en un importante desvío de recursos del erario estatal y que lo han convertido en prófugo de la justicia.

Hay una gran cantidad de casos que comprueban las afirmaciones anteriores, pero, solo para contextualizar adecuadamente, hagamos una revisión somera de los más relevantes a la fecha.

Entre 2019 y 2023 se descubrió y ventiló el fraude en Segalmex, bajo la dirección de Ignacio Ovalle. La Auditoría Superior de la Federación detectó desfalcos multimillonarios. Pese a ello, no se registró sanción penal directa contra el titular, quien fue reubicado dentro del gobierno federal y no se hizo nada por siquiera investigar los señalamientos, el quebranto superaría los 15 mil millones de pesos. Impune hasta la fecha.

En 2020, se señaló a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente. Videos mostraron la recepción de dinero en efectivo presuntamente destinado a Morena, lo que el propio AMLO aceptó en declaraciones durante las mañaneras, “fueron aportaciones voluntarias para la campaña” dijo en su momento. El caso no derivó en sanciones penales significativas y la investigación se congeló por años. Impune hasta la fecha.

En 2021 surgió el escándalo del cártel de La Barredora en Tabasco. El secretario de Seguridad nombrado durante la gubernatura de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a un grupo criminal. No hubo consecuencias políticas para su superior jerárquico quien aun hoy sigue coordinando a los senadores guindas en el senado. Impune hasta la fecha.

Entre 2022 y 2024 nos enteramos de la existencia de ‘El Clan’. Reportajes periodísticos señalaron, con videos, documentos oficiales y audios, el presunto tráfico de influencias de familiares del presidente López Obrador en contratos públicos, sin que se abrieran procesos judiciales formales. Impune hasta la fecha.

Durante 2023 y todo 2024, conocimos casos de austeridad y viajes de lujo. Funcionarios y legisladores de Morena exhibidos por gastos incongruentes con la austeridad no enfrentaron sanciones institucionales contundentes, vaya ni siquiera una investigación de rutina para acallar los señalamientos, nada. Impune hasta la fecha.

En 2024 salió a la luz el asunto del huachicol fiscal, en el que estarían implicados una gran cantidad de funcionarios, gobernantes, dirigentes partidistas y hasta empresarios afines a Morena, un esquema mediante el cual se defraudó al fisco mexicano por más de 600 mil millones de pesos. Impune hasta la fecha.

Rocío García Pérez (2021-2022): Como directora del DIF federal en 2021, un grupo de funcionarios la denunció por supuestamente exigirles una parte de su salario para un programa inexistente. La Secretaría de la Función Pública (SFP) desestimó la denuncia por falta de pruebas. Posteriormente, García Pérez fue ascendida a subsecretaria de la Secretaría del Bienestar en 2022 y, en 2024, regresó como titular del DIF bajo la administración de Claudia Sheinbaum. Impune hasta la fecha.

Manuel Roberto Farías y Fernando Farías Laguna (2024): Estos vicealmirantes, hermanos y sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, fueron señalados en septiembre de 2024 por liderar una red de contrabando de combustible en las aduanas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, que también vinculan a Amílcar Olán y al hijo del expresidente, no se ha informado públicamente de acciones penales contundentes contra los almirantes por parte del gobierno federal. Impune hasta la fecha.

El escándalo más reciente es el de la diputada por Baja California, Alejandra Ang Hernández, quien fue detenida al cruzar hacia los EU por Calexico llevando en su automóvil 800 mil pesos en efectivo, dinero que no declaró ante las autoridades aduaneras de ese país.

Hasta el momento, ninguna autoridad de México, ni local ni federal, se ha pronunciado sobre el tema, por el contrario, compañeros diputados de la legisladora local afirman “que no se cometió delito alguno, que le fue devuelta su visa y que solo se trató de un lamentable olvido”, lo cual a todas luces refleja un afán de protegerla y evitar que sea investigada.

Importantes liderazgos sociales y empresariales de Baja California han exigido se le investigue ya que, de acuerdo con la Ley Antilavado, estar en posesión de esa cantidad de dinero constituye, por sí solo ese hecho, la presunción de un delito de lavado de dinero, ya que se debe explicar y comprobar el origen lícito del recurso, lo cual, hasta hoy no ha ocurrido. Impune completamente.

Y aquí es donde llegamos al tema que nos interesa. Apenas ayer sábado, se dio a conocer que el viernes 9 el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del decimoséptimo circuito en Chihuahua (instancia federal), resolvió en favor del Juez Penal Federal el conflicto competencial 20/2025, por medio de la que resolvió atraer el caso donde el Poder Judicial de Chihuahua somete a proceso al ex gobernador Javier Corral Jurado, es decir, pretenden arrebatarle a la justicia chihuahuense su facultad exclusiva de procesar, juzgar y condenar a quien presuntamente cometió delitos en el ámbito de su absoluta competencia.

Al respecto, en un comunicado oficial la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua respondió que: Al respecto, esta Representación Social fija una enérgica postura en la cual se sostiene que: “1.) Los recursos involucrados en esta investigación donde existe disposición, distracción y desviación de recursos públicos, que asciende a 98.6 millones de pesos, son totalmente Estatales; 2.) El ejercicio de la acción penal que llevo a cabo la FACH, en virtud de la denuncia presentada por la ASE, misma que avaló el órgano jurisdiccional local cuando libró la orden de aprehensión, fue conforme a derecho y totalmente legal; 3.) El Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer el caso, toda vez que se trata de un delito por hecho de corrupción tipificado en el Art 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua como Peculado Agravado; 4.) La actuación local se encuentra plenamente fundada en el Estado de Derecho, el CNPP y respalda en el Pacto Federal mexicano, es decir, en nuestra Constitución”

Y continúa el comunicado señalando que: “Esta Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua mantendrá la carpeta de investigación, en virtud de que sigue vigente la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, otorgada por la Jueza Décimo de Distrito en la que se reconoce la calidad de víctima a nuestro estado”

Si Corral tiene fuero constitucional ¿Por qué mover a la FGR para que atraiga el caso? ¿Tiene temor de que en la reforma electoral de su nuevo partido le retiren el fuero? Lo cierto es que todo esto es una gran contradicción con otras resoluciones de jueces federales en los casos de Fuentes Vélez y del empresario López Elías que han negado las suspensiones definitivas ¿Por qué a Corral sí y a los otros no?

¿Será que, una vez más, el manto protector de Morena pondrá a buen resguardo de la justicia a uno de los suyos? Fervientemente deseo que no sea así, por nuestro bien, por el bien de todos los mexicanos.