Crece la polémica por el basural a cielo abierto en Luján: auditores externos del BID podrían viajar a la Argentina Infobae
La instalación de una planta de tratamiento de residuos en el viejo predio de la estación ferroviaria de Sucre, ubicada a 2,5 kilómetros del mayor vertedero a cielo abierto de la Argentina, sigue generando controversia. Tal como anticipó Infobae, la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) que trabaja de manera independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habilitó una investigación para determinar si el “Grupo BID ha cumplido con sus políticas y estándares sociales y ambientales al diseñar y ejecutar un proyecto”, en este caso el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para “disminuir la disposición de residuos sólidos urbanos en el vertedero a cielo abierto más grande del país”. La obra que está a cargo del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezado por Juan Cabandie, y ejecutadas con un préstamo de casi 11 millones de dólares otorgado por el BID.
De forma paralela, el juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó detener los trabajos ante el pedido de la Asociación Civil Nuevo Ambiente, la Fundación Banco de Bosques y un grupo de vecinos de la zona “ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”.
Antes de presentarse ante la justicia federal, los Vecinos Autoconvocados elevaron sus reclamos ante la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, que realiza su tarea de manera independiente para el BID. Tal como informó este medio, la auditoría externa del banco investiga posibles “deficiencias técnicas y riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes”.
El martes pasado, el MICI emitió un comunicado en el que confirmó la información publicada por este medio: “La Fase de Verificación de la Observancia del MICI ha iniciado el proceso de selección de los expertos que conformarán el panel de investigación para el reclamo ‘Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos — Solicitud IV’ (MICI-BID-AR-2022-0182)”. Y detalló: “El panel estará integrado por la coordinadora de la Fase y dos miembros de su roster de expertos con acreditada experiencia en los temas objeto de la Verificación de la Observancia”.
El organismo explicó también: “La investigación en sí dará comienzo una vez esté constituido el panel que decidirá, entre otros aspectos, las personas y organizaciones que entrevistará para el proceso de verificación de cumplimiento, el calendario y el formato de estas interacciones”.
El MICI detalló que las entrevistas a los denunciantes y/o funcionarios “podrían ser tanto virtuales como presenciales si se estimara necesario realizar una misión al área del proyecto”, es decir que podrían viajar de Washington a Buenos Aires en caso de ser necesario. Conforme a los términos de referencia aprobados por el Directorio Ejecutivo del BID, la investigación se llevará a cabo en un período de 187 días hábiles a partir de la conformación del panel.
En su comunicado, el MICI explicó que “actúa como investigador independiente” y su objetivo es “determinar si el Grupo BID ha cumplido con sus políticas y estándares sociales y ambientales al diseñar y ejecutar un proyecto”. También establece la Política del Mecanismo: “El MICI no investiga a terceros, incluidos los ejecutores de un proyecto, puesto que no es un mecanismo judicial o de cumplimiento de la ley, y sus investigaciones no tienen la finalidad de ser usadas en procedimientos judiciales o regulatorios a nivel local ni tienen el propósito de atribuir causalidad o responsabilidad”.
Sí, en cambio, y como los propios funcionarios del MICE le dijeron a Infobae, “tiene el mandato de investigar denuncias de incumplimiento de Políticas Operativas Pertinentes en Operaciones Financiadas por el Banco”.
El MICI también destacó que sus investigaciones: “Pueden recomendar al Grupo BID medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de sus políticas sobre un proyecto y cambios institucionales para continuar mejorando vidas en América Latina y el Caribe. Además, el MICI ayuda a generar lecciones relevantes en temas de sostenibilidad ambiental y social a partir del análisis de los casos gestionados y de los hallazgos de sus investigaciones”.
La intervención del MICI está relacionada con la denuncia que el 31 de enero de 2022, realizó un grupo de vecinos de Luján que se ven perjudicados con las obras y las tareas que se desarrollarán en el lugar. Los firmantes son Ignacio Francisco Uranga, Carlos Reyes Terrabusi y Viviana Karina Novelle. Ante la oficina externa de investigación que realiza las auditorías para el BID afirmaron que la obra de Ecoparque y Centro Ambiental, que forma parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, y que fue adjudicada a la empresa Evasa, “podía producir “potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio” del grupo de solicitantes “aunado a afectaciones ambientales y al patrimonio cultural para la comunidad, por el saneamiento de un basural (actualmente en operación) y la apertura de un nuevo relleno sanitario en la zona, que hacen parte del Programa”.
Los Vecinos Autoconvocados también destacaron “potenciales incumplimiento con las Políticas Operativas Pertinentes el Banco (por el BID) ante la falta de información pública del proyecto y de consultas públicas adecuadas para dar consentimiento, por parte de la población afectada”.
Los afectados por la extensión de las obras para sanear el vertedero afirmaron que el ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, no realizó “estudios ambientales y sociales completos” e hizo “un deficiente análisis de riesgo sobre el impacto de las obras” que se construirá en terrenos cedidos por la Agencia de Bienes del Estado (ABE) a unos 2,5 kilómetros de distancia del basurero, en la zona denominada Sucre.
En concreto, los vecinos de Luján alegan: “Existen fallas técnicas que hacen el proyecto inviable en términos ambientales y un riesgo para la salud por la presencia de desechos tóxicos y líquidos contaminantes que no serían tratados correctamente (ni por el actual basural en operación, ni contemplados en las nuevas obras)”.
En términos similares se expresaron ante la justicia. Primero lo hicieron ante el juez federal de Quilmes Luis Armella, que se declaró incompetente y la causa recayó en el despacho del juez federal de Mercedes.
Después de analizar los argumentos de los denunciantes, el Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto falló a favor de la medida cautelar, frenó el saneamiento del basural e impidió que se sigan arrojando residuos en el actual predio del municipio. El municipio de Luján y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de sus abogados apelaron la medida judicial y ahora será tratada por la Cámara de Apelaciones.
La construcción del Centro Ambiental y Operación del Centro de Gestión Ambiental Luján forman parte del préstamos que el 16 de julio de 2014 acordó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el BID por 150 millones de dólares.
La superficie del vertedero es de unas 12 hectáreas y recibe las más de 100 toneladas de residuos diarios que producen los 111.365 habitantes de Luján, según el Censo 2022.
Más allá de la causa judicial que ordenó la detención de las obras, una vez que se conforme el panel de investigación para el reclamo “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el MICI deberá analizar si se realizaron “potenciales incumplimiento con las Políticas Operativas” del BID y si, entre otras irregularidades “existen fallas técnicas que hacen el proyecto inviable en términos ambientales”, tal como denunciaron vecinos y empresarios que se ven afectados por las obras.
