Avanza en San Lázaro 3 de 3 contra violencia hacia mujeres Milenio

Con 32 votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma 3 de 3 contra la violencia hacia mujeres, a fin de establecer como requisito para ser candidato a un cargo de elección u ocupar un cargo público no haber sido sentenciado por delitos como violencia familiar, violación a la intimidad sexual o violencia política, ni ser declarada persona deudora alimentaria morosa.
A propuesta del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, integrado por diputadas de todas las fracciones parlamentarias, la comisión avaló la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 38 y 102 de la Constitución.
De acuerdo con el dictamen, turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos quedarán suspendidos “por sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y la seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, y por ser declarada como persona deudora alimentaria”.
En dichos supuestos, “la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Al fijar la posición de Morena, la diputada Aleida Alavez remarcó la urgencia de que el Estado mexicano tome cartas en el asunto de la violencia contra las mujeres.
“Asumamos que es un problema lamentablemente generalizado lo que estamos viviendo y que no excluimos a nadie, a ningún poder del Estado para que se haga cargo que estas medidas que se tomen contra la violencia a las mujeres sean como tal reconocidas y puestas en marcha desde cada una de las instancias públicas de este país”, puntualizó.
Por el PRI, la legisladora Blanca Alcalá subrayó que la iniciativa no va dedicada a nadie, sino que está dirigida a todos los ciudadanos para evitar que los violentadores lleguen a ocupar cargos públicos.
“Esta iniciativa no tiene dedicatoria hacia una dos o más personas, se trata de medida disuasoria para recuperar en la democracia mexicana, insisto, lo que implica la ética política en el manejo, desde el más modesto de los servidores públicos, hasta el más encumbrado de quien toma las decisiones”, dijo.
?LP